Las costuras de la instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado vuelven a tensarse. La Fiscalía ha desmontado, una a una, las razones por las que el delegado del Gobierno en Madrid sigue imputado en el ‘caso Begoña Gómez’, subrayando que no existe relación jerárquica, indicios incriminatorios ni hechos individualizados que lo sostengan. El golpe fiscal ha obligado al propio Peinado a reconsiderar su postura y preguntar a las acusaciones si procede el archivo.
En una providencia remitida a las partes, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid concede tres días para que acusaciones y defensas se pronuncien sobre la posibilidad de sobreseer la causa para Francisco Martín Aguirre, imputado desde mayo por la presunta malversación vinculada a las funciones que desempeñaba la asesora Cristina Álvarez en Moncloa. La petición llega después de que la Fiscalía enviara un escrito demoledor en el que denunciaba el “trato incongruente” del juez, recordando que hace apenas unas semanas archivó la investigación para la secretaria general de Presidencia, Judith González, por circunstancias idénticas.
El Ministerio Público pone el foco en un punto clave: Peinado no ha explicado todavía —ni antes ni ahora— qué hechos concretos justificarían mantener imputado al delegado del Gobierno. “No hay ninguna resolución judicial que individualice los hechos atribuidos al investigado ni que exteriorice los razonamientos que le llevan a acordar y sostener la imputación”, advierte la Fiscalía en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press. La ausencia de motivación choca frontalmente con los argumentos que llevaron al instructor a exonerar a González, lo que, para el fiscal, evidencia un doble rasero difícil de sostener.
La Fiscalía subraya además que ni González ni Martín Aguirre tenían dependencia jerárquica sobre la asesora Cristina Álvarez, ni constancia alguna de relación funcional o conocimiento de las tareas que desempeñaba para la esposa del presidente del Gobierno. “Uno, imputado; y otro, sobreseído libremente. Desconocemos los razonamientos de una y otra decisión, pero ciertamente causa perplejidad”, señaló el fiscal en un texto especialmente duro.
Sin embargo, el freno puesto por la Fiscalía contrasta con la postura de las acusaciones populares, encabezadas por Hazte Oír, que han pedido explícitamente a Peinado mantener abierta la imputación contra el delegado del Gobierno. A juicio de esta parte, Martín Aguirre tenía una “posición de conocimiento efectivo y directo” sobre la operativa de la Secretaría General de Presidencia y sobre los mecanismos internos destinados a vigilar el uso de los recursos públicos asignados al personal eventual.
Hazte Oír sostiene que el cargo del delegado del Gobierno llevaba aparejado el “deber inherente” de garantizar que los medios materiales y personales de la Presidencia se destinaran a funciones estrictamente institucionales, algo que —según su interpretación— Aguirre no habría asegurado. Incluso citan un pronunciamiento previo de la Audiencia Provincial de Madrid que, a su entender, refuerza su tesis de que hubo “uso espurio de fondos públicos” durante años sin que se adoptaran medidas correctoras.
Peinado, una instrucción rodeada de polémica
El debate sobre la imputación de Martín Aguirre se inserta en un contexto más amplio: la instrucción del juez Peinado en el ‘caso Begoña Gómez’ ha estado marcada por decisiones controvertidas, rectificaciones y reveses judiciales. Desde que abrió el procedimiento, la causa ha acumulado un historial de movimientos que han sido cuestionados por tribunales superiores, por la Fiscalía e incluso por juristas independientes, al considerar que algunas de sus diligencias carecían de sustento jurídico sólido.
Uno de los varapalos más relevantes llegó cuando la Audiencia Provincial de Madrid tumbó su decisión de abrir una pieza separada por malversación. Los magistrados concluyeron que la división no tenía justificación y que Peinado no había explicado adecuadamente qué hechos diferenciaban esa supuesta malversación del resto de delitos investigados. Esa resolución evidenció, según fuentes jurídicas, una falta de cohesión en la estrategia del instructor.
La Audiencia también frenó otras diligencias impulsadas por Peinado, como la intención de investigar el rescate de Air Europa a partir de simples informaciones periodísticas. Para los magistrados, introducir un asunto ajeno al objeto del procedimiento sin el mínimo indicio documental era improcedente y excedía los límites de la causa. Este episodio alimentó la percepción de que el juez estaba abriendo frentes cada vez más amplios sin apoyos suficientes.
A ello se suma otro antecedente incómodo: una instrucción anterior, dirigida también por Peinado, tuvo que ser archivada por un error procesal que impidió continuar el procedimiento contra un alto cargo municipal. Ese episodio reactivó críticas sobre la solidez técnica de algunas de sus investigaciones y sobre la capacidad del magistrado para sostener procedimientos de alta complejidad institucional.
La acumulación de reveses ha llevado a analistas jurídicos a concluir que la instrucción del ‘caso Begoña Gómez’ se ha ido volviendo más turbulenta cuanto más avanzaba. Muchas de las denuncias iniciales partían de recortes de prensa o informaciones sin verificar, lo que ha provocado que, a medida que se exigían pruebas materiales, varias imputaciones se fuesen desmoronando. Incluso la figura que impulsó la causa, Manos Limpias, ha quedado fuera del proceso tras la decisión del propio Peinado de expulsarla como acusación popular, dando un giro inesperado en un procedimiento que ellos mismos iniciaron.
