Por qué Castilla y León elige procuradores y no diputados en sus elecciones autonómicas

Las elecciones autonómicas que se celebran este domingo, 15 de marzo, en Castilla y León decidirán la composición de la próxima legislatura del Parlamento regional. Los ciudadanos están llamados a elegir a los 82 representantes que formarán parte de las Cortes de Castilla y León. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de parlamentos autonómicos españoles, estos representantes no reciben el nombre de diputados, sino de procuradores.

Se trata de una particularidad institucional que distingue a Castilla y León dentro del sistema autonómico español y que tiene su origen en la tradición histórica de las antiguas Cortes castellanas. El término no es una elección casual, sino una referencia directa al modelo de representación política que existía siglos atrás en los territorios que formaban parte de la Corona de Castilla.

Cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, los redactores decidieron recuperar esa denominación histórica para los miembros del Parlamento autonómico. El objetivo era vincular la institución contemporánea con la tradición política de las Cortes medievales, donde los representantes de ciudades y villas eran conocidos precisamente como procuradores.

Desde el propio Parlamento autonómico se explica que la elección del término pretende reforzar ese vínculo histórico. En las antiguas Cortes castellanas, las ciudades con derecho a representación enviaban a sus delegados a las reuniones del reino. Esos delegados actuaban en nombre de sus territorios y defendían sus intereses ante el monarca y el resto de estamentos.

Un término con raíces medievales

Las Cortes de Castilla formaban parte del sistema de representación política de la Corona de Castilla durante la Edad Media. Al igual que ocurría en otros parlamentos europeos de la época, estas asambleas se organizaban en diferentes estamentos o “brazos”. En ellas participaban representantes del clero, de la nobleza y del llamado estado llano. Este último estaba formado por delegados de diversas ciudades con derecho a voto en las Cortes. Esos representantes eran precisamente los procuradores, encargados de trasladar las peticiones y demandas de sus territorios.

Uno de los antecedentes más citados de este sistema se encuentra en las Cortes de León de 1188, convocadas por el monarca Alfonso IX de León. En ese encuentro se incorporó la participación del llamado estado llano mediante representantes de las ciudades, lo que marcó un hito en la evolución del parlamentarismo europeo.

La palabra “procurador”, además, tiene un origen etimológico anterior. Procede del término latino procurator, que hacía referencia a la persona encargada de gestionar o representar los intereses de otra. En la antigua Roma se utilizaba para describir a quien actuaba en nombre de otra persona en determinados asuntos, especialmente cuando el representado no podía hacerlo directamente.

Con el paso del tiempo, esa figura evolucionó y dio lugar a otras denominaciones dentro del ámbito jurídico y administrativo. Entre ellas destaca la del “personero”, utilizada en diferentes territorios medievales para referirse a quienes asumían funciones de representación legal o institucional. Estos representantes eran designados mediante documentos formales en los que se les otorgaba el poder para actuar en nombre de la comunidad o de la persona a la que representaban. El nombramiento se formalizaba ante autoridades locales o escribanos públicos.

De la tradición histórica al parlamento autonómico

El término procurador también tuvo presencia en una etapa más reciente de la historia española. Durante el periodo de las Cortes franquistas, entre 1943 y 1977, los miembros de aquella institución recibían igualmente el nombre de procuradores. En aquel contexto se utilizó deliberadamente para diferenciarse de la tradición parlamentaria liberal que empleaba el término “diputado”.

Tras la restauración de la democracia y la aprobación de la Constitución Española de 1978, el término diputado volvió a consolidarse como denominación habitual en el Congreso de los Diputados y en la mayoría de parlamentos autonómicos. Sin embargo, Castilla y León optó por mantener la palabra procurador en su normativa autonómica para reforzar la conexión histórica con las antiguas Cortes castellanas.