La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido este jueves al juez Juan Carlos Peinado con lo que anula la imputación que recaía sobre el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en la causa de Begoña Gómez. En la decisión, los magistrados alegan que Peinado se basó en "meras suposiciones sin el más mínimo indicio de responsabilidad" para investigar al delegado. “Tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre”, defiende la Audiencia.
El pasado mes de mayo el juez imputaba a Martín por su presunta participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En dicha imputación, Peinado le atribuía al delegado del Gobierno un presunto delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa al haber admitido a trámite una querella en la que le relaciona con el contrato de Cristina Álvarez para trabajar en Moncloa junto a Gómez. Dicha querella fue interpuesta por Vox y recayó en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, el cual se inhibió a favor de Peinado al entender el vínculo con el conjunto de todo lo que engloba al caso de Gómez.
En esta misma línea, según rezaba el auto del juez Peinado, señalaba que sí que procedía admitir a trámite la querella contra el delegado del Gobierno “por su aparente participación en el nombramiento” de la asesora de Gómez “en el ejercicio de sus funciones privadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, con fondos de naturaleza pública”, focalizándose esta demanda en “fundamentalmente, en el nombramiento, funciones y actividades” de Álvarez ostentando dicho cargo.
Pese a que ahora ha sido la Audiencia Provincial quien ha proferido el nuevo varapalo a Peinado, el pasado mes de octubre era la Abogacía del Estado la que solicitaba al magistrado el archivo de la investigación abierta contra el alto cargo del Ejecutivo. En su escrito, negaba que el delegado tuviera participación alguna en la designación de Álvarez como asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa y rechazaba que, en caso de llegar a juicio, debería ser juzgado por un jurado popular por presunta malversación de fondos públicos.
El documento de la Abogacía fue presentado ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y desarrollaba los argumentos que ya adelantó en la vista celebrada el 27 de septiembre, en la que el magistrado informó a las defensas de Gómez, de su asesora y del propio delegado de que, si el caso llegara a juicio, serían juzgados por un jurado popular, integrado por ciudadanos en lugar de jueces profesionales. Al hilo de ello, la Abogacía del Estado solicitó el sobreseimiento para Martín Aguirre en la pieza separada que investiga si hubo un uso indebido de dinero público en la contratación de Álvarez y en las funciones que habría desempeñado para la esposa del presidente del Gobierno.
Con este telón de fondo, los servicios jurídicos del Estado subrayaron que el delegado del Gobierno no intervino en el nombramiento de la asesora ni tuvo conocimiento alguno de posibles irregularidades. Según el escrito, “no intervino de ningún modo en dicho nombramiento”, ya que la designación de Álvarez se remonta a julio de 2018, cuando Martín Aguirre aún no ocupaba su actual cargo.
Las contradicciones de Peinado, al descubierto
En el marco de todo ello, la Fiscalía desmontaba recientemente las razones por las que el delegado del Gobierno en Madrid sigue imputado, poniendo el foco en que no existe relación jerárquica, indicios incriminatorios ni hechos individualizados que lo sostengan, lo que obligó al propio Peinado a reconsiderar su postura y preguntar a las acusaciones si procede el archivo.
En una providencia remitida a las partes, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid concedió tres días para que acusaciones y defensas se pronunciaran sobre la posibilidad de sobreseer la causa para Martín Aguirre. La petición llega después de que la Fiscalía enviara un escrito demoledor en el que denunciaba el “trato incongruente” del juez, recordando que hace apenas unas semanas archivó la investigación para la secretaria general de Presidencia, Judith González, por circunstancias idénticas.
En este sentido, la Fiscalía subrayó además que ni González ni Martín Aguirre tenían dependencia jerárquica sobre la asesora Álvarez, ni constancia alguna de relación funcional o conocimiento de las tareas que desempeñaba para la esposa del presidente del Gobierno. “Uno, imputado; y otro, sobreseído libremente. Desconocemos los razonamientos de una y otra decisión, pero ciertamente causa perplejidad”, señaló el fiscal.
