Todos los periodistas denunciados por la articulista de 'The Objective' Lupe Sánchez: Fortes, Ekaizer, Pardo de Vera…

La abogada Guadalupe Sánchez, representante legal de figuras como el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, el juez Juan Carlos Peinado o el rey emérito Juan Carlos I, se ha acostumbrado a utilizar un mecanismo concreto en la defensa de sus clientes: las denuncias a periodistas. La lista de informadores y comunicadores que han recibido avisos legales de los clientes de Sánchez es ya extensa, con nombres como los de Max Pradera, Ernesto Ekaizer, Sergio Calderón o Antón Losada. Tampoco se libran los políticos de izquierdas: también han recibido denuncias de su parte el exlíder de Podemos Pablo Iglesias o los ministros de Transportes e Interior, Óscar Puente y Fernando Grande-Marlaska. 

Los cabos empezaron a atarse hace unos días gracias a una información publicada por Canal Red, donde se desvelaba que Sánchez asumía la representación legal del juez estrella de la derecha, Juan Carlos Peinado. El magistrado que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha emprendido una ofensiva para defender su honor que tuvo, en abril, a Max Pradera como la figura que abrió la veda para otro sinfín de denuncias más. El mismo mes también fue denunciado el exconcejal socialista Fernando Jabonero y, más adelante, la lista se amplió hasta completar un total de ocho querellados con Pablo Iglesias, Ernesto Ekaizer, Sergio Calderón y Antón Losada, así como a dos ministros como a Fernando Grande-Marlaska y Óscar Puente. En todos los casos, las denuncias vienen a colación de presuntas vulneraciones del derecho al honor de los representados por la abogada.

Esta estrategia, la de la denuncia constante a periodistas y políticos, tuvo su antesala con otro de los representados de Guadalupe Sánchez, Alberto González Amador. Fue la abogadísima la que asumió la cruzada judicial del novio de Ayuso por presuntas calumnias en 2024, cuando, en nombre de la pareja de la presidenta madrileña, interpuso un alud de demandas de protección del honor contra políticos y periodistas que le habían calificado como "defraudador confeso" tras salir a la luz sus problemas con el fisco. Una ofensiva en la que la abogada señaló públicamente a diversos miembros del Consejo de Ministros, de la oposición madrileña y otros comunicadores a quienes reclamaba una indemnización próxima a los 500.000 euros en concepto de reparaciones por lo que tildó de "linchamiento público" a su cliente. Sin embargo, aquellas denuncias cayeron en saco roto después de que la justicia entendiera que dicha expresión tenía base fáctica, que estaba amparada por la libertad de expresión y que cabía en el debate político legítimo al tratarse de una cuestión de relevancia noticiosa.

Otro de los objetivos de estas demandas fue, en diciembre de 2024, el periodista de TVE Xabier Fortes y los colaboradores Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón por llamarle defraudador confeso, además de contra la propia RTVE. Fuentes jurídicas informaron en su momento del mecanismo que Lupe Sánchez convirtió en rutina con los informadores: la presentación de una solicitud de conciliación contra Fortes y los tres colaboradores. Esta petición es requisito previo a la interposición de una querella, sin perjuicio de que finalmente se acuda a la vía civil. El propio Fortes tuvo que explicar, minutos antes de empezar a presentar La Noche en 24 horas, que recibió un burofax de la representación legal de González Amador en el que se le comunicó un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias.

Lo justificó por haberse referido a la pareja de Ayuso como 'autor confeso de un fraude fiscal' en relación al procedimiento judicial en el que se declaró culpable de dos delitos fiscales por defraudar 350.951 euros. "No deja de ser chocante la interposición de dicha querella cuando el propio González Amador, por medio de su abogado, reconoce en un documento remitido a la Fiscalía que 'ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", expresó el propio Fortes.

Especialmente llamativo fue también el caso contra la exdirectora de Público Ana Pardo de Vera, a la que la abogada, en representación de Rafael Marcos, interpuso una demanda de conciliación por haber llamado "pederasta" al exmarido de María Sevilla. La profesional ya había reculado previamente en las redes sociales en una serie de mensajes en los que afirmaba que era su deseo poder enmendar la situación tras haber sido notificada de la demanda. Sevilla fue indultada pese a haber sido condenada por secuestrar al hijo de ambos.