Antonio Piña: el nuevo ariete judicial contra Zapatero que sustituyó a García Castellón y encubrió a Cospedal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos edulcoró las acusaciones que pesaban contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Una sentencia que quedó de lo más descafeinada, pues en ella se ponía en duda la existencia del Cartel de los Soles. La presunta organización criminal no fue mencionada en ningún momento por parte de la DEA en sus informes anuales. Sin embargo, a miles de kilómetros de Washington, en España, hay un juez que ha decidido abrir diligencias previas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en virtud de la querella presentada por el colectivo ultraderechista Hazte Oír. Lo ha hecho el magistrado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. Un viejo conocido de la derecha política española que vuelve a las andadas  después de un historial de estrecha colaboración.

Tras la salida forzosa del ultraconservador Manuel García Castellón del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, el 27 de noviembre, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió, sin apenas ruido mediático, nombrar a Antonio Piña Alonso como su sustituto. La elección sorprendió a muchos por tratarse de un magistrado con experiencia territorial limitada y que, según el escalafón judicial, era un candidato de rango medio en la carrera profesional. Sin embargo, su perfil conservador y su activismo dentro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) parecen haber pesado más que sus años de servicio en Galicia.

A diferencia de García Castellón, Piña nunca había ejercido fuera de su Galicia natal. De sus 26 años como juez, 21 los ha pasado entre un juzgado de Ourense y la Audiencia Provincial de la misma ciudad, lo que deja clara su trayectoria territorialmente reducida. Precisamente, su paso como presidente de la Audiencia Provincial de Ourense durante una década fue determinante para su llegada a la Audiencia Nacional, amparándose en el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que facilita la adscripción de presidentes de sala a plazas equivalentes tras cesar en sus cargos.

Activismo conservador y vínculos con el PP

Piña, nacido en Tui (Pontevedra) en 1966 y próximo a cumplir 60 años, estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y ocupa actualmente el número 2046 del escalafón judicial de 5.630 jueces y magistrados. Desde 2004 ha estado vinculado a la APM, llegando a formar parte de sus comisiones ejecutivas a nivel nacional. En 2009, en una declaración pública, reconocía la afinidad de esta asociación con el Partido Popular: "No se puede asociar la APM a una línea conservadora, es cierto que el PP apoya más a los jueces de la APM", afirmaba.

Su nombramiento como vocal del Consejo Rector de la Escuela Gallega de Administración Pública en 2012, a propuesta de Alberto Núñez Feijóo, puso de manifiesto su cercanía con el partido, una trayectoria que lo convierte en un juez de confianza para el PP en órganos judiciales clave. Su llegada al JCI nº 6 de la Audiencia Nacional supone, según fuentes del sector judicial, una garantía de tranquilidad para el partido conservador, especialmente tras los años de instrucción de casos sensibles como Púnica, Lezo o Tándem bajo la tutela de García Castellón.

Trayectoria profesional y polémicas

Tras formarse en la Escuela Judicial, Piña ocupó plazas en Carballino, Lugo y Ourense, donde desarrolló la mayor parte de su carrera. Entre 2005 y 2014 ejerció como juez decano de Ourense, simultaneando funciones de gestión con la presidencia de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). Fue profesor asociado de Derecho Privado en la Universidad de Vigo y, entre 2014 y 2019, presidió la Audiencia Provincial de Ourense, siendo único candidato y respaldado por figuras de peso dentro de la APM.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémica. En 2015 se le abrió un expediente disciplinario por dictar resoluciones fuera de sus competencias y por ocupar la vocalía de la Escuela Gallega de Administración Pública sin autorización del CGPJ. Aunque en 2016 la Comisión Disciplinaria archivó el expediente por unanimidad, el caso evidenció tensiones entre su ejercicio judicial y sus compromisos externos, una circunstancia que críticos del sector señalan como indicio de su capacidad para navegar entre lo administrativo y lo político.

El juez que encubrió a Cospedal y mira a Zapatero

Piña ha sido acusado de actuar con comodidad institucional frente a casos que involucran a altos cargos del PP, como se interpreta en su actuación durante procesos sensibles en Galicia. Su llegada al JCI nº 6, en sustitución de García Castellón, lo coloca como nuevo ariete judicial en causas que afectan a gobiernos anteriores, incluido el de José Luis Rodríguez Zapatero, y garantiza la continuidad de una línea conservadora en la instrucción de delitos de corrupción y financieros complejos.

En definitiva, Antonio Piña representa un perfil judicial seguro para el PP, con experiencia local concentrada en Galicia, activismo consolidado en la APM y capacidad para ocupar puestos estratégicos en la Audiencia Nacional. Su nombramiento, discreto pero estratégico, pone de relieve cómo el entramado conservador dentro del Poder Judicial asegura la permanencia de aliados en puestos clave, incluso cuando las trayectorias profesionales presentan limitaciones territoriales o disciplinarias.