Empieza a ver la luz la información que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene sobre Madrid Network, el chiringuito que creó su antecesora Esperanza Aguirre y que fue una agencia de colocación para miembros del Partido Popular. Además, la firma dejó un pufo de 80 millones de euros procedentes del Estado que se ha ido haciendo un agujero cada vez más grande con el paso de los años.
Tras mucho batallar, y con el beneplácito del Tribunal Supremo, la oposición madrileña empieza al fin a ver los resultados de una suerte de auditoría que los ‘populares’ llevaban 15 años impidiendo.
Más allá de lo (poco) que se conocía hasta ahora
Más de 110 millones de euros, cargos del partido absolutamente involucrados, así como la nobleza madrileña e incluso pseudoperiodistas dieron forma durante años a una red que no ha estado exenta de polémica.
En las conexiones con el controvertido espacio aparecen nombres como el del exministro de Defensa, Pedro Morenés, cercano a José María Aznar y que se llevó 1,4 millones de euros; el hijo de un embajador franquista o los Martínez del Campo Ricoy. En su caso, devolvieron 88 euros de un total de 1.800.000 a través de una compañía que supuestamente prestaba servicios médicos.
Asimismo, el colaborador de El Debate José Ramón Riera López, que obtuvo 777.000 euros y no devolvió nada. El escándalo va a más al conocerse que otra de las compañías agraciadas fue Centro Imagen del Conocimiento Biomédico, en su caso con dos millones de euros. La consejera, Alicia Hinojosa Fernández de Angulo, era a la vez apoderada y tesorera de Madrid Network, tal y como revela la diputada de Más Madrid, Marta Lozano.
Años de bloqueo
El Alto Tribunal dictaba un auto el pasado mes de octubre en el que obligaba a la región a hacer públicas las cuentas de esta agencia público-privada. Previamente, el equipo de la presidenta había interpuesto un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del mes de abril, que le había ordenado entregar las memorias anuales de la entidad.
La historia de Madrid Network es la historia de una entidad que dejó un agujero negro de dinero público considerable y que sirvió para dar trabajo y aumentar la fortuna de pupilos de Aguirre y personas de su entorno. Seguramente, el punto concreto más escandaloso pasa por los 80 millones de euros que la agencia recibió del Estado, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, para impulsar la I+D+I en la región. Sin embargo, el chiringuito dejó un pufo superior a los 50 millones de euros tras dejar de cumplir con las devoluciones anuales pactadas.
A pesar de la deuda, la administración de la Puerta del Sol siguió sosteniendo el espacio con dinero público. Por ejemplo, en 2023 obtuvo 106.974 euros para el mismo motivo (I+D+I) procedentes de la Unión Europea (UE), y un año después el montante ascendió hasta los 229.877 euros. Es decir, más de 300.000 euros en apenas dos años, a pesar de haber dejado de pagar más de 51 millones.
Asimismo, entre otras cuestiones polémicas destacaría la vinculación de Madrid Network con Equipo Económico, el despacho fundado por Cristóbal Montoro, quien fuera responsable de Hacienda y que recibió 1,8 millones de euros de la firma.
La propia Ayuso trabajó aquí hasta 2011, pero a su nombre se suman otros tantos del seno del PP: Antonio Beteta, primer presidente y consejero de Hacienda con Aguirre; Manuel Lamela, exconsejero de Sanidad, cuya empresa recibió préstamos impagados; o Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, entre otros. Además del ex ministro de Economía y los que han salido en las últimas horas.
La presidenta de Madrid pasó por la asociación, desempeñando un empleo allí hasta 2011, con un sueldo neto de 4.219 euros, antes de dar el salto a la Asamblea.
Las píldoras de información que se van conociendo sobre Madrid Network suponen un paso de gigante frente al bloqueo y oscurantismo constantes de la baronesa, que hasta entones echaba el candado a las cuentas públicas y cualquier dato que pudiera comprometerla -a ella o a alguien de sus antecesores o de la formación- porque, a su juicio, hacerlo implicaría un daño real, claro y directo sobre los intereses económicos de numerosas empresas citadas” en los documentos de Madrid Network.
Sin embargo, el Supremo desautorizó esta defensa al considerar que se trataba de una excusa genérica y que, al hablar de fondos públicos, la publicación “no puede impedirse sin una motivación específica y acreditada del perjuicio concreto” para las empresas implicadas.
