El alcalde de Vilanova, contra las cuerdas: un agujero económico que roza los 200.000 euros pone en jaque a Gonzalo Durán

ElPlural.com accede a la batería de documentos que acompañan la demanda interpuesta contra el regidor del PP, Gonzalo Durán, que prueban como presuntamente vació las cuentas de su madre enferma mientras dejaba una ristra de deudas masivas en tres comunidades de vecinos, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela [IBI, Impuesto basuras], y la agencia tributaria. El agujero económico, que rozaría los 200.000 euros, pone bajo lupa la gestión privada de Gonzalo Durán Hermida y también la de su hija mayor.

El conflicto económico está en una cuenta bancaria a nombre de María Dolores, madre de los hermanos Durán, en la que entraban sistemáticamente el pago de los alquileres correspondientes a los múltiples pisos y locales comerciales que la familia posee en Santiago de Compostela.

Los extractos bancarios, que ya obran en poder del juzgado, revelan como los ingresos de los inquilinos llegaban a la cuenta a nombre de la madre de los Durán, y, casi de inmediato, Gonzalo Durán Hermida retiraba el dinero en metálico o cargos y transferencias a su cuenta corriente. También hay retiradas de dinero y movimientos a nombre de su hija mayor, y otras tantas donde el concepto del traspaso de fondos era "C".

Hacienda y la justicia cercan al eterno alcalde de Vilanova: negro horizonte judicial…

En Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán es de sobra conocido por su mano de hierro y su insólita longevidad en el cargo, tres décadas, algo poco habitual en los tiempos que corren. Su figura ha dominado durante años el escenario local.

Sin embargo, lejos del foco institucional y ya en los juzgados de Santiago de Compostela, su nombre empieza a asociarse a un patrón mucho más oscuro: el de un administrador desleal que presuntamente aprovechó la vulnerabilidad de su madre, María Dolores para vaciar progresivamente un patrimonio inmobiliario que ahora, tras su fallecimiento, se ha transformado en un serio problema económico para los herederos, el alcalde de Vilanova y su hermano.

Lo que durante años permaneció en el ámbito privado aflora hoy en forma de deudas, tensiones familiares y un agujero que salpica especialmente a su hermano y copropietario, José Juan Durán. Fue el pasado 3 de enero de 2025 cuando terminó por saltar definitivamente por los aires la “caja de Pandora” que el alcalde, según apuntan las denuncias, intentaba mantener cerrada

El detonante: un embargo de 10.000 euros destapa la gestión opaca del alcalde

La confianza de José Juan Durán, en la gestión de su hermano se quebró de forma fulminante por la vía de los hechos. Durante décadas, Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa, aprovechó su posición familiar para controlar con absoluta opacidad el patrimonio de su madre, María Dolores.

Sin que mediara explicación alguna y a espaldas de su propia familia, el regidor tejió una red de administración paralela que solo salió a la luz cuando las deudas se hicieron insostenibles. El punto de no retorno se produjo cuando J.J. Durán recibió una notificación administrativa irreversible: un embargo ejecutivo de 10.000 euros sobre su propio patrimonio personal. Se trataba de una deuda acumulada por la gestión del alcalde de la que no existía aviso previo y cuyo origen inicial era desconocido para el afectado.

La demanda acusa al alcalde de aprovechar la vulnerabilidad de su madre enferma para "esquilar" sus bienes, dejando a su hermano y copropietario, José Juan Durán, como responsable legal de deudas masivas de las que fue excluido de toda gestión.

Cuando la herencia se convierte en deuda: ejecuciones, embargos y responsabilidad civil.

Ese embargo esos 10.000 euros fue el hilo del que tiró José Juan Durán para auditar las cuentas familiares, descubriendo un escenario que la demanda califica de demoledor. El análisis de los extractos bancarios reveló que Gonzalo Durán no administraba el patrimonio familiar, sino que presuntamente utilizaba las cuentas de su madre como un cajero automático particular.

El regidor disponía de los fondos con total discrecionalidad para financiar sus intereses y los de su círculo íntimo, mientras las obligaciones fiscales y los pagos a las comunidades de vecinos, el ayuntamiento de Santiago y la hacienda pública quedaban desatendidos.

Tras el fallecimiento de la progenitora, la situación pasó de la mala gestión al riesgo de quiebra para los dos herederos. Las deudas que el alcalde dejó crecer en la sombra se transfirieron directamente a su hermano, convirtiendo la herencia en una trampa financiera de ejecuciones judiciales. Ante la gravedad de los hallazgos, J.J. Durán ha recurrido a la justicia para frenar lo que describe como una “sangría” de fondos y un vaciado sistemático que no solo amenaza el patrimonio compartido, sino que sitúa a Gonzalo Durán ante una responsabilidad civil ineludible por el momento, y muy probablemente penal en el futuro.

El mecanismo del vaciado: Dinero que entra y sale en el acto

El corazón del conflicto económico está en una cuenta bancaria a nombre de María Dolores, madre de los hermanos Durán, en la que entraban sistemáticamente el pago de los alquileres correspondientes a los múltiples pisos y locales comerciales que la familia posee en Santiago de Compostela.

Según los documentos aportados en la demanda de J.J. Durán contra su hermano, el alcalde de Vilanova habría operado en la sombra, controlando la cuenta a nombre de su madre, donde entraban los alquileres mensualmente.

Modus Operandi del alcalde de Vilanova

La demanda interpuesta por el letrado de J.J. Durán no deja lugar a dudas sobre el modus operandi del alcalde. Durante años, Gonzalo Durán ejerció un control absoluto y "de facto" sobre las cuentas bancarias a nombre de su madre, sin poseer poder legal alguno para ejercer ese control hasta apenas dos meses antes del fallecimiento de la mujer.

El mecanismo del vaciado: "nóminas" y transferencias al círculo íntimo

El patrón descrito en la demanda es demoledor. Se observa una sincronización casi quirúrgica: El mismo día que los inquilinos realizaban el ingreso de sus rentas, casi de inmediato, se producían retiradas en metálico o cargos y transferencias a nombre de Gonzalo Durán Hermida. Muchas de estas operaciones se camuflaban bajo el concepto de "Nómina", una figura del todo injustificada en la gestión de un patrimonio familiar de estas características, y menos aún para un alcalde, servidor público.

Gonzalo Durán, es un cargo público con dedicación exclusiva y sueldo oficial del Ayuntamiento, que se adjudicaba a sí mismo supuestos pagos salariales extraídos del patrimonio de su madre enferma. Unas transferencias que la demanda califica de "arbitrarias e ilegales", ya que no existía contrato, ni permiso del otro heredero, ni lógica contable que las sustentara. Para la acusación, no es más que una figura artificial creada para ocultar el expolio sistemático.

También hay retiradas de dinero y movimientos a nombre de su hija mayor, y otras tantas donde el concepto del traspaso de fondos era "C". ¿A quién iban dirigidas realmente esas cantidades? Las sospechas son claras: ¿eran fondos para su pareja, Covadonga, o para su yerno, Carlos? El patrón de conducta se repite con una frialdad absoluta: mientras el clan de Gonzalo Durán se aseguraba de que el flujo de efectivo no dejara de alimentar sus bolsillos, el patrimonio común se hundía en el abandono.

"Los extractos bancarios de la cuenta a nombre de la madre del Alcalde de Vilanova aportados a la demanda hablan por sí solos "

Esta operativa continuó incluso tras el fallecimiento de la progenitora, con el alcalde administrando "por su cuenta y riesgo" bienes que ya pertenecían legalmente a ambos hermanos.

Hacienda entra en juego: El embargo que destapa la "gestión temeraria" de Durán

El escándalo de la herencia de los Durán ha cruzado una línea roja: la de la Agencia Tributaria. Uno de los primeros avisos del descontrol en la gestión llega desde las comunidades de propietarios

Según ha podido confirmar este diario a través de la documentación que obra en la demanda, el fisco ya no solo vigila, sino que ha pasado a la acción ante el impago sistemático de las obligaciones fiscales de la fallecida María Dolores. La prueba es una demoledora diligencia de embargo de créditos remitida directamente a una de las inquilinas de los pisos en Santiago de Compostela.

Pero ¿qué significa realmente esta medida y por qué es tan grave? Un embargo de créditos es el "botón del pánico" que pulsa Hacienda cuando un deudor ignora repetidamente sus obligaciones. Ante la falta de pago voluntario de una deuda que ascendía a 21.877,96 euros, la Agencia Tributaria "intercepta" el dinero antes de que llegue a manos del administrador —en este caso, Gonzalo Durán—. En lugar de pagar el alquiler al dueño del piso, la ley obliga a la inquilina a ingresar ese dinero directamente en las arcas del Estado.

Esta medida extrema se toma por una razón clara: la falta de solvencia o la voluntad de impago detectada por el fisco. Mientras Gonzalo Durán presuntamente seguía retirando efectivo y autoasignándose "nóminas" de las cuentas de su madre, Hacienda certificaba que no se estaba pagando ni un euro de los impuestos correspondientes.

"Los extractos revelan un sistema de "cajero automático" donde las rentas de la madre eran desviadas por Gonzalo Durán a sus propias cuentas bajo el concepto de "NÓMINA".

El hecho de que la deuda haya superado el periodo voluntario y haya forzado un embargo ejecutivo deja al alcalde de Vilanova en una posición insostenible: prefirió desviar el dinero que ingresaba de los alquileres de los pisos propiedad, primero de su madre, y tras fallecer, a partes iguales entre él y su hermano, hacia fines personales, dejando que el patrimonio familiar fuera marcado con la letra escarlata de los embargos.

No es un caso aislado: según relata la misma documentación, al menos cuatro inquilinos de pisos de Dolores habrían recibido diligencias de embargo de sus rentas por parte de la AEAT, que ordenaba desviar el alquiler directamente a las arcas públicas. Las maniobras del ahora demandado, al no haber regularizado a tiempo esas obligaciones fiscales pese a manejar los ingresos, han conducido a que apenas quede un inquilino que ingrese las rentas en la cuenta de Hacienda, generando un perjuicio directo para la masa hereditaria y reduciendo el margen para responder ante el resto de los acreedores.

El hermano contra la espada y la pared:

J.J. Durán, copropietario al 50%, se ha visto arrastrado a un colapso financiero del que es responsable legal ante terceros, pero del que fue excluido como gestor. La demanda busca frenar una "sangría" donde el dinero de los inquilinos nunca llegaba a pagar las necesidades de las tres comunidades de vecinos, ni las obligaciones con la administración.

" Gonzalo Durán a día de hoy no ha recurrido el auto de la jueza, en el cual designa a un administrador judicial externo que, con plenos poderes, auditará cada entrada y salida de fondos de las comunidades".

En la práctica, el hermano del alcalde, que no gestionaba nada de su madre, se encuentra ahora “contra la espada y la pared”, obligado a responder por años de una administración que atribuye casi en exclusiva al alcalde de Vilanova, y según revela la documentación aportada en la demanda, también por su hija.

Esa posición de control es la que ahora se encuentra bajo la lupa, al relacionarse con el origen y el incremento de las deudas que pesan sobre la herencia.

Una herencia de cristal convertida en un nido de deudas

Mientras el alcalde de Vilanova se preocupaba de que el dinero de los alquileres acabara en sus bolsillos, las obligaciones más básicas de los inmuebles quedaban en el olvido.

La situación es, sencillamente, insostenible. Los hermanos Durán han generado una deuda acumulada que ya se califica de "asfixiante" en pleno corazón de Santiago de Compostela. Según los datos recogidos en la demanda judicial, el pufo asciende a 39.292,83 euros solo en cuotas impagadas de una comunidad de vecinos donde la familia posee 7 viviendas. Pero esto es solo la punta del iceberg de un entramado de impagos que no deja de crecer.

El patrimonio inmobiliario de los Durán en la ciudad gallega está bajo el foco: a la cifra anterior se suman otros 19.500 euros de deuda por 6 viviendas más, a los que hay que añadir un "agujero" de 11.000 euros acumulado durante años por una vivienda adicional. En total, catorce inmuebles repartidos en tres comunidades de vecinos que sufren las consecuencias de una gestión desastrosa.

Sin embargo, el descontrol no acaba en las juntas de vecinos. El "modus operandi" de los hermanos Durán incluye el impago sistemático del IBI y las tasas de basura al Ayuntamiento de Santiago, además de importantes deudas con la Hacienda pública. El resultado de este caos financiero es una cifra escalofriante: un agujero total de 200.000 euros que amenaza con seguir aumentando mientras la justicia sigue su curso.

Detrás de esas cantidades se señala directamente a los actos, omisiones y decisiones de Gonzalo Durán Hermida —y, en ocasiones, de su hija Julia— como causa principal del impago sistemático de las cuotas durante los últimos años de vida de la madre y el período inmediatamente posterior a su fallecimiento.

"El regidor del PP ha generado un agujero económico que rozaría los 100.000 euros, que deja el patrimonio familiar al borde de la quiebra y bajo una asfixia fiscal sin precedentes"

Los retrasos en la respuesta a los requerimientos, la ausencia de acuerdos de pago y la falta de una administración diligente de las rentas del alquiler han agravado una situación que ahora amenaza con convertirse en un serio quebradero de cabeza para la masa hereditaria.

El salto a lo penal

El Administrador Judicial como "notario" del delito

Aunque el proceso ha arrancado por la vía civil —con la prioridad de J.J. Durán de frenar el caos y proteger el patrimonio restante—, el cerco judicial está a punto de estrecharse de forma irremediable. En el auto, la jueza ha designado a un administrador judicial externo que, con plenos poderes, auditará cada entrada y salida de fondos de las comunidades. Un auto por cierto, que Gonzalo Durán no ha recurrido, lo cual ya da mucha información.

El papel del Administrador Judicial será ahora el de un forense contable. Su misión no es solo gestionar los pagos a partir de ahora, tiene la obligación de reportar al juzgado cualquier irregularidad previa, auditar cada movimiento sospechoso para redactar un informe que servirá como prueba de cargo y será, en la práctica, la hoja de ruta para la Fiscalía. Es en este punto donde la "vía civil" se convierte en una pasarela directa hacia la justicia penal.

Una vez que el administrador judicial certifique que el dinero de los inquilinos no se usó para pagar las cuotas de comunidad de vecinos, el IBI, las basuras o la luz de las escaleras, sino que acabó en las cuentas personales del alcalde, la querella criminal sería el siguiente paso lógico.

La "patata caliente" de Feijóo y Rueda: un barón cercado por los juzgados

Este nuevo escándalo patrimonial sitúa a Alberto Núñez Feijóo y a Alfonso Rueda en una posición de extrema vulnerabilidad política. El regidor de Vilanova no es un desconocido para la justicia; de hecho, Gonzalo Durán arrastra una investigación judicial desde hace más de dos años por presuntos delitos de injurias y calumnias contra su rival socialista, un historial de agresividad procesal que Génova y San Caetano han preferido ignorar sistemáticamente.

Sin embargo, el escenario actual es radicalmente distinto y mucho más peligroso para las siglas del PP. Si hasta ahora el "Caudillo" de Arousa había logrado sortear causas judiciales de peso, este presunto expolio familiar amenaza con ser el golpe definitivo. De saltar definitivamente a la vía penal, Durán se enfrenta a la que sería, sin duda, la peor de todas sus batallas judiciales, con un catálogo de delitos que podrían sumar penas de hasta diez años de cárcel.

El silencio de Rueda y Feijóo ante este "vaciado" de cuentas y los embargos de Hacienda empieza a ser insostenible. Mientras el presidente de la Xunta se ha deshecho en gestos de complicidad con Durán, celebrando sus tres décadas de mando, la realidad es que el partido mantiene en sus filas a un regidor que podría caminar hacia el banquillo por una presunta Administración Desleal (Art. 252 CP), Apropiación Indebida (Art. 253 CP), Falsedad Documental…

El PPdeG se enfrentará entonces al dilema de seguir protegiendo a un regidor que, según los extractos que ya obran en poder del juzgado, confundió presuntamente la cuenta de su madre con su propio cajero automático.

Para la dirección nacional de Feijóo, la continuidad de Durán supone un riesgo reputacional incalculable: no se trata ya de sus habituales excesos verbales contra la oposición, sino de una presunta trama de ingeniería contable y desvío de fondos a familiares que, de confirmarse, forzaría una inhabilitación fulminante y dejaría al PP gallego sin uno de sus pilares históricos en Pontevedra bajo la sombra de la corrupción patrimonial.

Más allá de los años de cárcel, el verdadero "jaque mate" político para Durán reside en la inhabilitación especial para empleo o cargo público. Su continuidad en la alcaldía sería insostenible.