Moreno Bonilla se arrodillará ante Abascal y Andalucía pagará el precio

Las urnas andaluzas han hablado con una contundencia imprevista, desmoronando por completo el mito de la moderación y la imbatibilidad de Juanma Moreno Bonilla. Al perder cinco escaños cruciales y ver cómo se esfumaba la cómoda mayoría absoluta de la que presumía, el líder del PP andaluz se enfrenta ahora a la cruda realidad de su total dependencia de la extrema derecha para mantener el sillón de San Telmo.

Este descalabro electoral no solo fractura el equilibrio interno del PP a nivel nacional, sino que condena inevitablemente a Andalucía a un Gobierno sometido a los dictados de Santiago Abascal. El PP se arrodillará de nuevo ante Vox, y Moreno Bonilla también lo hará, reeditando una sumisión que tendrá consecuencias devastadoras para los derechos sociales, los servicios públicos y la estabilidad económica del medio rural.

Con Vox sosteniendo las llaves de la Junta de Andalucía, el margen de maniobra de Moreno Bonilla queda reducido a la mínima expresión, obligándole a tragar con una agenda ultra que incluye el desmantelamiento de los servicios públicos, la introducción de la censura cultural y una amenaza directa a los subsidios agrícolas que sostienen la vida de los pueblos.

El golpe psicológico de la noche electoral comenzó a fraguarse en el mismo instante en que se cerraron los colegios electorales y empezaron a circular los primeros sondeos. La televisión pública autonómica, Canal Sur, convertida desde hace años en el principal órgano de propaganda de la Junta, no dudó en otorgarle de inmediato una holgada mayoría absoluta en sus primeros pronósticos, incurriendo en un error de bulto que retrata el nivel de manipulación de la cadena y el despilfarro del dinero público.

En paralelo, los grandes platós de la televisión estatal, con Antonio García Ferreras a la cabeza en una retransmisión hiperventilada y con cada vez peor cara, alertaba hasta con el noventa por ciento del escrutinio de que la mayoría absoluta popular aún era posible. El empecinamiento mediático por salvar la narrativa oficial chocaba frontalmente con el recuento real, que confirmaba minuto a minuto un pinchazo del Partido Popular andaluz.

Mientras los analistas televisivos trataban de digerir el fiasco de sus vaticinios, en la sede de Vox el ambiente se transformaba en una fiesta de tintes revanchistas. Los militantes de extrema derecha coreaban con ironía y euforia la pregunta de dónde está la mayoría, celebrando un retroceso del Partido Popular que los convierte de la noche a la mañana en los auténticos árbitros de la gobernabilidad andaluza.

Para Moreno Bonilla, perder cinco diputados en una sola cita electoral es un desastre sin paliativos que dinamita su aura de gestor impecable. Si hace unos meses la caída de dos escaños del PP en Aragón fue calificada internamente como un descalabro monumental, el retroceso andaluz multiplica por dos aquella crisis, dejando al barón andaluz gravemente tocado, desarmado ideológicamente y enteramente en manos de las exigencias que imponga Santiago Abascal.

Este nuevo equilibrio de fuerzas ha provocado un auténtico terremoto político en las entrañas de la calle Génova, alterando la carrera sucesoria del Partido Popular a nivel nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contempla encantada el naufragio de quien fuera su principal rival interno para disputarle el liderazgo a un Alberto Núñez Feijóo que cotiza cada día más a la baja y se encuentra en horas bajas.

Si bien Ayuso albergaba ciertas dudas antes de la jornada electoral, hoy se muestra absolutamente convencida de que su modelo de confrontación directa y asimilación de postulados ultras es el único camino que le queda al partido. La debilidad de Moreno Bonilla elimina el contrapeso de la supuesta derecha moderada andaluza, despejando el camino para que el ala más radical del PP asuma definitivamente el control estratégico del partido.

Resulta desolador constatar que ni el flagrante destrozo de la sanidad pública, ni las kilométricas listas de espera que sufren los ciudadanos, ni el deterioro a la educación pública han bastado para que la izquierda gane las elecciones en Andalucía. A pesar de la asfixia financiera a las universidades públicas, del caos y los retrasos intolerables en la gestión de las ayudas a la dependencia, y de los disparatados precios de la vivienda que expulsan a los jóvenes de sus barrios, el bloque progresista no ha logrado alcanzar el objetivo primordial de derrotar a las derechas.

Aunque a unas formaciones de izquierda les haya ido notablemente mejor que a otras en el reparto de escaños, el resultado global es insuficiente. Los partidos progresistas andaluces, unos más que otros, deberán hacer un ejercicio de profunda autocrítica, asumiendo que limitarse a filosofar para no cambiar nada en su estructura ya no valdrá para frenar la ola reaccionaria.

El horizonte que se dibuja a partir de ahora es el de un presidente autonómico que se arrodillará ante la ultraderecha sin el menor rastro de pudor, impulsado por una ambición personal cuya prioridad absoluta siempre ha sido conservar el sillón presidencial. Moreno Bonilla fue el pionero absoluto a la hora de abrir de par en par las puertas de las instituciones a la extrema derecha en España en 2018, y ahora está plenamente dispuesto a meter a Vox en el Palacio de San Telmo si eso garantiza su supervivencia en el poder.

Sin embargo, Abascal no se lo pondrá nada fácil esta vez. Consciente de que su formación apenas experimenta crecimiento orgánico en el territorio andaluz, el líder ultra necesita utilizar la Junta de Andalucía como un gran altavoz institucional y un trampolín indispensable para seguir proyectándose como una alternativa real de cara a las próximas elecciones generales. Por este motivo, Vox apretará las tuercas al máximo al Partido Popular, exigiendo contrapartidas ideológicas drásticas.

Más allá de la escenografía de la negociación, la realidad es que Moreno Bonilla y Abascal coinciden plenamente en el fondo de sus modelos económicos y sociales. Ambos partidos defienden una visión privatizadora donde el acceso a una sanidad de calidad, a una educación digna o a una vivienda habitable deja de ser un derecho universal para convertirse en un bien de mercado que depende de la capacidad económica o del origen de cada persona.

Al meter formalmente a los ultras en el Gobierno, el PP acelera los recortes en derechos fundamentales, ensañándose especialmente con las mujeres y el colectivo LGTBI. Esta alianza consolidará los ataques institucionales a las políticas de igualdad, legitimará la censura directa en la programación cultural y dará cobertura a la exaltación de la dictadura franquista, al tiempo que consagrará el negacionismo climático en las políticas medioambientales de una comunidad especialmente vulnerable. Sin olvidar que tendrá que tragar también con la “prioridad nacional” de Vox. Pero Moreno Bonilla pagará eso y mucho más, si es necesario, con tal de salvar su sillón.