La propuesta de articulación electoral planteada por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, ha encontrado una acogida favorable en el entorno de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y en buena parte de las formaciones integradas en la coalición Sumar, especialmente en Compromís y Más Madrid. Sin embargo, la iniciativa continúa suscitando un rechazo frontal por parte de la propia Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).
La denominada “fórmula Rufián”, concebida inicialmente como un frente amplio de izquierdas que integrara a fuerzas nacionalistas e independentistas, ha ido redefiniéndose hacia un modelo más pragmático: un reparto territorial de provincias en virtud del cual solo concurriría en cada circunscripción la formación con mayores expectativas electorales. El núcleo del debate reside precisamente en la definición de ese criterio de prevalencia.
¿Debe atenderse a los resultados de las elecciones generales de 2023 como referencia objetiva? ¿O primar el arraigo territorial y la fortaleza orgánica en cada comunidad? ¿Cómo ponderar, además, las divergencias habituales entre el comportamiento electoral en comicios generales y autonómicos?
Si se adopta como parámetro cuantificable el resultado de las generales de julio de 2023, el espacio a la izquierda del PSOE quedó liderado en la mayoría de las circunscripciones por Sumar, lo que, en la práctica, le otorgaría prioridad en buena parte del mapa provincial. Este escenario explicaría la receptividad del entorno de Díaz ante la propuesta.
No obstante, el contexto político ha experimentado variaciones sustanciales en los dos últimos años y medio. La candidatura de Sumar en las generales integró a diversas marcas que posteriormente han modificado su posición en el tablero: algunas han roto la alianza —como Podemos— y otras disponen de una implantación territorial más sólida en el ámbito autonómico, como los Comuns en Catalunya, Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Compromís en la Comunitat Valenciana o las Mareas en Galicia. La cuestión central pasa entonces por determinar qué referencia debe prevalecer cuando la fuerza relativa varía según el tipo de elección.
El caso de Catalunya ilustra con claridad las tensiones inherentes a esta fórmula. En las generales de 2023, ERC debería haber encabezado la candidatura en Girona, Lleida y Tarragona, mientras que en Barcelona la primacía correspondería a los Comuns, segunda fuerza tras el PSC. Aplicando estrictamente este criterio, el propio Rufián no podría repetir como cabeza de lista por Barcelona, al corresponder la candidatura a los Comuns.
Sin embargo, en las autonómicas de 2024, pese a su retroceso electoral, los republicanos superaron a los Comuns en las cuatro provincias, lo que alteraría el reparto si se priorizan esos resultados.
Una situación igualmente compleja se produciría en Galicia. En las generales, el BNG fue la fuerza alternativa más votada en Lugo y Ourense, mientras que Sumar-En Marea lo fue en A Coruña y Pontevedra. Sin embargo, en las autonómicas posteriores, el BNG no solo se impuso en todas las provincias, sino que llegó a superar al PSOE, mientras las Mareas quedaron fuera del Parlamento gallego. El criterio temporal y el tipo de convocatoria modifican así de forma sustancial el mapa de preferencias.
En la Comunitat Valenciana, la disyuntiva se situaría entre la marca estatal de Sumar y Compromís, fuerza con representación consolidada en Les Corts Valencianes y mayor arraigo autonómico. De acuerdo con la lógica territorial de la propuesta, en el País Vasco y Navarra la candidatura debería recaer exclusivamente en EH Bildu, mientras que formaciones de carácter provincial como Teruel Existe y Soria Ya tendrían prioridad en sus respectivas circunscripciones.
En definitiva, la viabilidad de la “fórmula Rufián” depende de la fijación de un criterio objetivo, estable y consensuado que permita resolver las asimetrías territoriales y temporales del voto en el espacio político a la izquierda del PSOE, un reto que, a la vista de las divergencias internas, dista de estar resuelto.
Provincia a provincia, la izquierda plurinacional habría arrebatado un escaño al PSOE en Barcelona, en Navarra y en Pontevedra. En Girona, el último escaño de Junts habría ido a parar a este nuevo bloque y en Gipuzkoa se lo habría arrebatado a los nacionalistas vascos.
En su conversación con Emilio Delgado, Gabriel Rufián planteó la constitución de un gran espacio confederal bajo la fórmula de un “grupo interparlamentario coordinado común”. Se trata de una hipótesis que ya fue esbozada años atrás por Pablo Iglesias durante su etapa al frente de Podemos. De haberse materializado en la actual legislatura, una alianza de estas características podría haber articulado un bloque conjunto en torno a los 50 escaños dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE, reforzando así su capacidad de negociación tanto frente a los socialistas como ante Junts per Catalunya, que vería relativizado su peso estratégico.
El impacto político de un experimento de esta naturaleza sería especialmente significativo en Catalunya, territorio donde germina la iniciativa. Según ha detallado en fechas recientes el exdirigente republicano Joan Tardà, el planteamiento original consistía en articular una alianza electoral entre Esquerra Republicana de Catalunya, los Comuns y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) en las elecciones generales, con la intención de replicar posteriormente esa fórmula en otros territorios.
Desde una perspectiva estrictamente aritmética, esa confluencia habría situado a la izquierda como primera fuerza en Girona y como segunda en el resto de las provincias catalanas, con porcentajes superiores o próximos al 30% del voto en todas ellas.
El rendimiento agregado sería, sobre el papel, aún más contundente en Euskadi —al margen de los posibles efectos movilizadores o desmovilizadores que podría generar una alianza de estas características—. La suma de Sumar y EH Bildu habría situado a ese bloque como primera fuerza en las tres circunscripciones vascas y también en Navarra. En Gipuzkoa, el respaldo conjunto habría rebasado el umbral del 40% de los sufragios, consolidando una posición hegemónica en el territorio.
La explicación combina factores cuantitativos y estratégicos. Desde el punto de vista aritmético, en comunidades como Catalunya o Euskadi la eventual concentración de candidaturas apenas alteraría el reparto en uno o dos escaños, y ni siquiera existe garantía de que esos hipotéticos movimientos se produjeran en detrimento de la derecha. Al tratarse de circunscripciones de gran magnitud —con un número elevado de diputados en juego— el sistema ya permite la obtención de más de un representante dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE, lo que reduce el incentivo estrictamente matemático de una candidatura unitaria.
A ello se suma la dimensión política. El electorado en estos territorios no se ordena únicamente en torno al eje izquierda-derecha, sino también en función de clivajes vinculados a la identidad nacional y al grado de adhesión a planteamientos soberanistas. Esa superposición de ejes introduce riesgos: una lista conjunta podría no interpelar a votantes progresistas que no comparten el ideario independentista o nacionalista de formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya o EH Bildu.
En ese escenario, lejos de maximizar el resultado, la coalición podría provocar desmovilización o incluso alimentar la abstención entre segmentos del electorado que hoy optan por opciones diferenciadas dentro del mismo espacio ideológico.
