Ahora jubilado, pero ni siquiera el retiro dorado hace que al ex magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón suelte su llave inglesa. Su nueva vida la dedicó a un libro que ahora presenta en los principales medios de comunicación de la derecha mediática. Al mismo tiempo, la añoranza de tiempos pasados en la fontanería judicial le ha llevado a personarse como acusación particular en el caso de Leire Díez. Entiende el juez que Mariano Rajoy sacó de Roma que la exmilitante del PSOE “buscaba información en contra suya” y difundió afirmaciones falsas “para dañarlo”. Maniobra que le permite –ahora ya libre de ataduras para actuar a pecho descubierto– continuar con las labores de control de daños que, entre bambalinas, ejecutaba desde la judicatura.

García-Castellón vuelve a la palestra no sólo por la presentación de su libro y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, volverá a los juzgados por el caso contra Leire Díez. Al menos así lo ha solicitado el propio exmagistrado a través de un escrito presentado ante el juez instructor para ser parte de la acusación popular contra la ex del Partido Socialista. Se siente perjudicado por Leire Díez e incluso le acusa de menoscabar su honor y su “buena e irreprochable imagen”.

Las declaraciones a las que alude Castellón figuran en la denuncia que el fiscal Ignacio Stampa presentó ante sus superiores, en las que se aseguraba que el ya ex magistrado entregaba “dispositivos intervenidos al excomisario José Manuel Villarejo en el marco del asunto con la finalidad de que los desencriptara, dado que era un experto informático”. El propio juez fue el instructor del caso Tándem, pero también de otras investigaciones como la de Tsunami Democrátic o el caso Podemos. Una causa – esta última – que era artificial y nacía de las Cloacas del Estado para frenar el ascenso del partido morado y torpedear la imagen de su entonces líder, Pablo Iglesias. La cuestión es que también formó parte del proceso que investigaba una de las tramas de corrupción más importantes de la historia reciente del país: el caso Púnica.

Ariete judicial de la derecha…

García Castellón se siente perjudicado por Leire Díez y un comentario que, a su juicio, nada tiene que ver con la realidad. No obstante, a pesar de que en las páginas de La Razón intenta defenderse de las acusaciones de lawfare que pesan sobre su carrera judicial en tiempos de gobierno del PP de Mariano Rajoy, la moneda salía favorable a la formación conservadora.

Llevan su sello algunas de las maniobras judiciales más controvertidas de la historia reciente del país, como la decisión que salvó a la ex ministra de Defensa y ex secretaria de general del Partido Popular en tiempos de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal. Quien también liderara la sucursal conservadora en Castilla-La Mancha esquivó la bala de la imputación en la trama Kitchen en uno de los muchos sobreseimientos dictados por el exmagistrado de la Audiencia Nacional a su regreso de Roma en el verano de 2017. Desde entonces asumió el liderazgo de las causas que cercaban a los populares, dejando un reguero de instrucciones polémicas que llegan hasta prácticamente los últimos días de su vida laboral.

Pero no sólo salvó a Dolores de Cospedal, hizo lo propio con los procedimientos sobre cuatro presidentes autonómicos del Partido Popular. Empezó con Alberto Ruiz Gallardón, continuó con Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Todos ellos en el marco de las tramas Púnica y Lezo, en la que también expió de sus pecados al que fuera barón de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Dejando a un lago el rosario de alcaldes y otros altos cargos de diferente rango y condición de Génova. A se debe también se le apunta el desconocimiento – pese a los evidentes indicios – de M. Rajoy al considerar que no era ni oportuno ni pertinente que declara, al menos como testigo, las operaciones ilegales que perpetró la policía patriótica en los tiempos de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior.

…herramienta anti independentista

Tampoco hay que olvidar otra de sus facetas más conocidas en la cruzada que el Gobierno de Mariano Rajoy emprendió contra el independentismo tras el desafío del 1 de Octubre. Guerra que se trasladó a los pasillos de la judicatura en todas sus derivadas mientras trataba de reabrir la causa contra la cúpula de Podemos por “indicios razonables de un delito de financiación ilegal de partido político”. Procedimiento que, previa querella de los morados, durmió el sueño de los justos con un archivo procedente pero que no reparaba el daño reputacional causado a la marca de Pablo Iglesias.

El caso Tsunami Democrátic fue otro de los grandes números de García Castellón en la escena judicial. Quizás el último pinito a su obra, con una instrucción que no salió de las portadas de los medios de comunicación por su carácter irracional al investigar por presunto terrorismo a líderes independentistas de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Llegó incluso a elevar la causa al Supremo, donde esperaba Manuel Marchena. Es decir, el caso caía en buenas manos, aunque sería el propio Marchena quien se vio obligado a archivar las diligencias contra la cúpula del independentismo. Con todos estos atenuantes, el exmagistrado decide ahora iniciar una cruzada contra Leire Díez, alegando que se siente agraviado por sus palabras y en consonancia con la estrategia de la derecha.

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