La cita de la plana mayor del Partido Popular (PP) madrileño este lunes por la noche con motivo de las fiestas navideñas, a la que no faltó el presidente de Génova, Alberto Núñez Feijóo, sirvió como una clara declaración de intenciones de Isabel Díaz Ayuso para hacer balance del tablero político actual, tanto cargando contra el Gobierno central de Pedro Sánchez como incluso de ‘puertas para adentro’, al desechar la “tibieza” en el liderazgo y abogar por “quemarse” si fuera necesario.
El discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid estuvo cargado de un gran peso de crítica política, desechando cualquier atisbo de moderación en clave de oposición hacia La Moncloa: “Es el momento de los valientes, no de los tibios. (…) Es el momento de decir la verdad, de quemarse, de lanzarse a la piscina, de decir las cosas tal y como son, de llamarlas por su nombre, y lo que es mafia se denuncie y se diga allá donde sea aunque nos cueste”, esgrimió entonces.
En estos términos, Ayuso defendió que el 2026 será “el año de la pasión” en clave política. Una frase que no es baladí, puesto que el año que está por empezar vendrá cargado de un calendario judicial con el que el PP deberá prepararse para responder.
Bajo este mismo marco, incluso resuenan las palabras que el expresidente del Gobierno, el popular José María Aznar, esgrimió en su día y que ahora, en clave de estrategia política, distintas figuras del PP han rescatado para confrontar a Moncloa: “Quien pueda hacer, que haga”.
El PP, con dos frentes judiciales pendientes en el horizonte próximo
Gürtel, caso Montoro, trama eólica o Púnica son algunos de los varios ejemplos que acumula el PP en los tribunales por casos que han sucedido dentro de las filas de su partido. Sin embargo, hay dos de ellos que se espera que se desenvuelvan definitivamente el próximo año: el caso Kitchen y la situación judicial que rodea al novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.
En primer lugar, y pese al paso de los años, finalmente una de las principales tramas de corrupción del entorno del PP ya tiene fecha para juicio: entre mayo y junio de 2026. La Audiencia Nacional fijó en enero de este año y de cara a estas fechas el inicio de este juicio, por el que el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se sentará en el banquillo, además de otros de sus cargos en el Ministerio, por el presunto espionaje al extesorero de Génova, Luis Bárcenas, allá por 2013 y con el objetivo de conseguir documentos de la Gürtel.
Fernández Díaz, junto a su entonces ‘número dos’ y entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, podrían ser condenados a quince años de cárcel por esta presunta operación parapolicial durante la etapa del Gobierno popular de Mariano Rajoy en La Moncloa. Junto a ellos, se sentarán otros cargos de relevancia: el ex número dos de la Policía Nacional, Eugenio Pino; varios comisarios como José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas o Andrés Gómez Gordo, quien fue asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno popular de Castilla-La Mancha; también el chófer de Bárcenas, quien habría sido captado como confidente.
En paralelo, la situación judicial de González Amador tampoco sirve de respiro a este escenario para Génova. El empresario enfrenta dos causas judiciales abiertas en juzgados de Madrid: la primera de ellas, por doble fraude fiscal a Hacienda; mientras, la segunda, por corrupción en los negocios y administración desleal.
Sobre este ámbito, cabe remarcar que, para continuar el proceso de investigación, la jueza de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid reclamó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realizara un informe de “todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento”. Una petición que ya cumple más de 24 semanas o, dicho de otra manera, 173 días, desde el pasado 27 de junio.
Anticorrupción emplazó hace meses atrás a “la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”. En aquel momento ElPlural.com accedió al documento mediante el que el organismo solicitante recuerda el incremento patrimonial que registró Maxwell Cremona, firma principal de la supuesta trama de González Amador, en 2020 y el año siguiente, cuando se le acusa de haber cometido un presunto fraude a la Hacienda Pública que él mismo habría reconocido mediante su abogado vía mail.
Actualmente, la UCO todavía no ha dado detalles sobre este informe que se antojaría clave para que al investigación siguiera su curso, contando con la acusación popular de los dos partidos de la oposición al Gobierno de Ayuso, Más Madrid y PSOE.
Cabe matizar sobre este respecto que el pasado 23 de noviembre, en mitad de esta espera prolongada, la brigada que dirige el teniente coronel Antonio Balas rompió su silencio en declaraciones al diario ‘El Mundo’, donde reconoció que aún no habían iniciado la investigación requerida en la que se pedía dirimir si, además de fraude fiscal y falsedad documental, González Amador pudo incurrir en corrupción en los negocios.
