La UCO aún no ha entregado el informe sobre el novio de Ayuso que se reclamó hace casi 100 días pese a su celeridad con el de Begoña Gómez

La doble vara de medir vuelve a ser una máxima en la política española y encuentra de nuevo su foco en dos procesos casi paralelos pero cuya investigación se está desarrollando de manera muy diferente: el del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y el de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Uno de los últimos ejemplos de esa forma distinta de tratarse una y otra causa es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lleva casi cien días sin dar un solo dato acerca de un informe que pidió el Ministerio Fiscal. “Que se encomiende (a la UCO) la investigación de los hechos atendiendo a la complejidad y al carácter interprovincial de la trama aparentemente delictiva”, pedía a fecha de 27 de junio de este año.

El retraso con el que llega el documento solicitado choca frontalmente con la celeridad con la que el mismo organismo dio al juez Juan Carlos Peinado un documento similar que, en su caso, contenía un centenar de correos electrónicos distribuidos en 34 páginas de extensión.

El magistrado que investiga a la esposa del líder del Ejecutivo dio dos días a la UCO para entregar el informe que analizara los mensajes de Cristina Álvarez, su asesora en La Moncloa y quien intercediera ante una quincena de patrocinadores de la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El objetivo del juez, está claro, sigue pasa por encontrar algo punible tras la defensa de ambas, en la que mantenían que Álvarez en ningún caso se había extralimitado de sus funciones y que el intercambio de correos con la UCM obedece a un “favor” puntual.

Diferente trato de favor

Pero no deja de llamar la atención la diferencia de tiempos en uno y otro supuesto. De un lado, meses; del otro, apenas unos días. El texto que el Ministerio Fiscal presentó para pedir a la Benemérita más información sobre González Amador se desprende de la pieza separada seguida por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal para la que se presentaron como acusación PSOE y Más Madrid.

En el documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se recuerda, entre otras cosas, el incremento patrimonial que experimentó la empresa que se sitúa como principal en la trama, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021, las gestiones llevadas a cabo por la pareja de la presidenta en otros sitios de España y sus actividades en relación a la compraventa de material sanitario, en las que aparecen nombres como el de MAPE. La UCO todavía no ha respondido a la petición.

Distinto es el escenario de la investigación a Gómez. Desde que la mujer de Sánchez declarara el pasado fin de semana para que Peinado decida si se sienta ante juzgado popular en caso de ser juzgada, el magistrado dio dos días a la Guardia Civil para que entregara un archivo detallado de los correos entre Álvarez y el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, aportados por este a la causa a petición del juez.

La misma persona había afirmado en las dos declaraciones que había prestado anteriormente como testigo, primero en septiembre de 2024 y enero de 2025, que había mantenido contactos con Álvarez, presentada como una “persona de confianza”, lo cual no incrimina a la persona que es mano derecha de Gómez.

El documento policial se refiere a otros contactos y se ha incorporado a la pieza en la que se investiga si Gómez usó a la asesora, contratada como empleada pública eventual, para actividades privadas ajenas al puesto que desempeñaba, en cuso caso, indica el magistrado, podría estar incurriendo en un delito de malversación. En dicha pieza está también imputado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, de quien dependía la asesora y que ocupó un puesto de Presidencia entre 2021 y 2023. También fue llamado a declarar.

Mientras Peinado continúa con la investigación, la Fiscalía pide que se archive la causa en un escrito en el que concluye que no existen indicios de malversación considerando que el envío de correos electrónicos a terceros “en nombre o por cuenta” de la mujer de Sánchez ha supuesto “un detrimento o perjuicio de ningún tipo para el patrimonio público”.

Cabe asimismo señalar la asistenta de Gómez ha recurrido en las últimas horas la decisión de Peinado de que el juicio por el presunto delito de malversación se celebre con jurado popular dado que se trata de una decisión que “desobedece” el criterio de la Audiencia Provincial, órgano que negó “de manera expresa y tajante” que Álvarez hubiera podido cometer el delito de malversación que persigue el juez.