Enésimo revés de la Fiscalía a la investigación de Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez, en este caso también por malversación. El órgano jurídico reafirma que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se lucró con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Asimismo, el fiscal José Manuel San Baldomero incide en que la “ayuda”-en relación con los correos que pidió el magistrado- que la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, la prestó fue de manera “ocasional” y que en ningún caso supuso “menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos”, según adelanta eldiario.es. Tal y como recuerda el fiscal, Gómez “no recibía remuneración ninguna” por la cátedra: “Un total de 0 euros”.

El Ministerio Público reafirma de esta manera que en ningún caso la existencia de las conversaciones entre la asesora de La Moncloa y la universidad implica malversación, porque no hubo un menoscabo de dinero para el patrimonio público y, además, Gómez no es funcionaria, por lo que no puede existir el mencionado delito.

El fiscal ha tumbado también la tesis de los “negocios privados” de los que habla la ultraderecha cuando se refieren a la esposa del líder del Ejecutivo. “No parecemos ser conscientes, o lo olvidamos, de qué magnitudes estamos hablando”, afirma el fiscal, en este supuesto en otro recurso reciente que presentó ante la Audiencia Provincial en el marco de la investigación del juez de investigar por malversación a Gómez.

La cronología desmonta a Peinado: “No es disparatado”

El mencionado órgano cifra en 40.000 euros el dinero que Gómez cobró en una década en la UCM entre 2012 y 2022, de los cuales algo más de 8.000 recibió en 2018, cuando su marido todavía no había llegado a la Presidencia. “No parece que el lucro sea sospechoso, ni disparatado, ni que la actividad pueda calificarse de negocios particulares”, estima el fiscal.

La cronología de los hechos vendría a desmontar al juez, y es que la esposa del también secretario general de los socialista empezó a trabajar en el campus en 2012, seis años ante de que Sánchez llegara a La Moncloa. Primero lo hizo como codirectora de un curso de captación de fondos (2012/2013 y el curso siguiente), después como codirectora de dos másteres propios, uno de Dirección de lo mismo en Organizaciones sin Ánimo de Lucro (entre 2014 y 2023) y otro de Transformación Social Competitiva (2020-2022).

Por todo ello cobró 40.000 euros, de los cuales recibió 8.123 antes de 2018, tal y como se ha señalado anteriormente. Además, tal y como se ha indicado, al no ser funcionaria el límite anual que podría cobrar también se encuentra tasado.

Asimismo, es en 2020 cuando Gómez es nombrada directora de la Cátedra para la Transformación Social Competitiva, que es la actividad que derivan alguna de las investigaciones de Peinado. Más allá de los años, la mujer de Sánchez nunca cobró por ello. De hecho, no podía hacerlo al no ser funcionaria, como se ha indicado. En otro orden de cosas, cuando Gómez pasa a desempeñar esta función ella es “colaboradora habitual” de la Complutense en una actividad que tiene como objeto la captación de recursos privados para la universidad.

Delito de malversación, por el momento inexistente

El juez Peinado abría una pieza separada en el procedimiento que tenía abierto desde hacía casi un año antes contra Begoña Gómez para investigar un posible delito de malversación en lo relativo a las funciones que desempeñó para ella Álvarez. Se trata de un cargo, tal y como las dos implicadas señalaron en su defensa, que está presente en todos los gobiernos desde 1978, mientras que las labores que desempeñaban no eran sino un “favor” puntual que en ningún caso extralimitaba sus funciones.

El fiscal ya volvió a pronunciarse el sábado, insistiendo en la ausencia de irregularidades tanto del nombramiento como en las tareas que desempeñaba la asesora, para lo que también reclamó el archivo de la causa.

En este otro escrito de alegaciones, el órgano competente insiste en que la asistenta se limitaba, en la línea de lo que ella misma decía, a realizar “funciones encomendadas”. “No estamos en el supuesto de una personal irregularmente designada para un cargo o un puesto de trabajo que cobra un sueldo proveniente del Estado o de un ente público sin acudir a su puesto de trabajo y sin desempeñar la actividad que le corresponde”, emplazaba.

Informe de la UCO

La Unidas Central Operativa (UCO) entregaba esta semana un documento de 34 páginas de extensión que contenía 121 correos de Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de Relaciones Internacionales de la Complutense.

El fiscal no ha tenido acceso a estos correos, algo que ha recriminado al juez, pero evidencia que en cualquier caso ninguno de ellos sería susceptible de contener nada punible.

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