Un año más, uno de los balances más duros de realizar es el escenario que deja tras de sí la violencia de género, cuando este 2025 se ha cobrado la vida de 46 mujeres en España. Con el inicio de este nuevo año, la lucha del movimiento feminista persistirá para continuar combatiendo esta lacra y otros obstáculos que han ido creciendo en los últimos tiempos y han crispado aún más este marco, como bien es la proliferación de los discursos de odio pero que, en paralelo, el pasado fue un balance de año repleto de avances legislativos.
El problema más acuciante es el que se viene repitiendo año tras año, la huella persistente de la violencia de género que se cobra vidas de mujeres por el mero hecho de serlo. En este último año, al menos 46 mujeres han sido asesinadas por esta causa, además de tres menores de edad por violencia vicaria, siendo el pasado mes de junio el mes que más víctimas se cobró con ocho víctimas mortales, aunque también en octubre se generó un repunte de cinco.
Pese a que 2025 registró una cifra menor con respecto a balances anteriores –puesto que en 2024 fueron 49 las mujeres asesinadas y nueve niños-, el cómputo global de esta problemática estructural asciende a 1.341 mujeres asesinadas desde 2003, cuando se comenzaron a elaborar los registros oficiales. Según la estadística del Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo, en más del 78% de los casos de violencia machista de 2025 no existían denuncias.
En cuanto al plano territorial, Andalucía es la comunidad autónoma que mayor número de víctimas mortales apuntó este 2025 con 14 casos, (29,8%). Le sigue Cataluña, con cinco; Madrid y Comunidad Valenciana, con cuatro; y Extremadura, con tres; Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia, con dos; Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, con uno.
Respecto a las edades de las víctimas, 14 tenían en el momento del crimen de 41 a 50 años, 11 de 31 a 40, seis de 51 a 60, cinco de 21 a 30, cinco de 71 a 84, tres de 61 a 70, uno de 18 a 20 y uno de 85 o más. Asimismo, Igualdad recogió que 27 de las mujeres eran españolas (casi el 60%), misma cifra que los presuntos agresores.
En el caso de la violencia vicaria, las víctimas del ya pasado año fueron tres, asesinadas por la pareja o expareja de su madre; crímenes cometidos entre abril y junio. Unas cifras que hicieron ascender el número global a 65 menores asesinados desde 2013, cuando se empezaron a tener registros de esta lacra derivada de la violencia de género.
En cuanto a la evolución de esta lacra, el año más cruento en la historia reciente fue 2008, con 76 mujeres asesinadas.
Avances en clave legislativa
Pese a este crudo escenario, desde el lado más positivo de la balanza, los avances en materia de derechos para las mujeres y de progreso en contra del patriarcado continúa ganando terreno. Y es que este 2025 ha estado marcado por distintos hitos, rememorando en primer lugar el 20 aniversario de la Ley Integral contra la Violencia de Género que se celebró el 10 de febrero.
La normativa, impulsada en 2004 sirvió –y sirve- como una guía para combatir las violencias machistas y visibilizar el maltrato estructural que sufren las mujeres, además de brindar con recursos de ayuda y defensa jurídica, legal y social a las víctimas. Tras la oficialización de los registros de casos de violencia de género y la entrada en vigor de la normativa, la prueba de fuego que probó su funcionamiento fue el incremento de las denuncias, que pasaron en la década de los 90 de englobarse en una media de 17.000 a pasar a 167.000 en 2018.
Siguiendo el hilo de los avances de este 2025, el mismo mes de febrero, el Congreso de los Diputados dio luz verde a la renovación del Pacto de Estado con todos los votos a favor de la Cámara exceptuando los 33 de Vox. Este progreso trajo consigo 462 medidas sobre la materia con las que se han ido poniendo en marca servicios y programas de protección social, reparación y recuperación integral de las víctimas de trata y explotación sexual. Como principal novedad, se incluyó el reconocimiento, regulación y definición de la violencia económica y, a su vez, la violencia digital más presente en los tiempos que corren.
Como último punto a considerar, el Consejo de Ministros aprobó a finales de septiembre la Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, “ley pionera que viene a dar respuesta a todas las víctimas y sus familiares, tipificando la violencia vicaria con penas específicas y con medidas civiles reforzadas”, desgranó entonces el Gobierno. De esta manera, este tipo de violencia quedó tipificado tras su aprobación en el Código Penal en el artículo 173 bis como un delito contra la integridad moral y que contempla una pena de prisión de seis meses a tres años.
De cara a este año, en palabras de la ministra Redondo, están en el tintero, por un lado, el debate sobre la abolición de la prostitución, un recorrido que se prevé, de entrada, complejo y que, conocido es, lleva dividiendo al movimiento desde los últimos años. Una ley abolicionista no figura actualmente ni en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ni en el acuerdo de Gobierno de coalición, por lo que dibujar su tramitación parlamentaria resulta temprano.
En otro orden de ideas, cabe no olvidar la tramitación y desarrollo de la mencionada ley específica sobre la violencia económica, con la que se busca encontrar un "empleo digno" y una solución habitacional. "No es fácil porque ahí nos encontraremos también con dificultades en relación con otros ministerios. Todo lo que es igualdad es muy transversal y esa es una dificultad añadida", afirmó Redondo.
Contra los discursos de odio
Otro de los frentes pendientes de cara al transcurso del 2026 se refiere a un punto de fricción en el movimiento feminista y el debate público en su conjunto: los discursos de odio. Esta proliferación de argumentaciones dolosas, según refirió la Federación Mujeres Jóvenes (FMJ) en declaraciones a EuropaPress supone un "preocupante retroceso marcado por la normalización de discursos antifeministas, la radicalización misógina de internet y la reproducción estructural de las dinámicas patriarcales" en los distintos partidos políticos.
"El balance de este año en materia de igualdad confirma una realidad preocupante: el feminismo es aceptado sólo cuando no incomoda, cuando no cuestiona privilegios y cuando no exige cambios reales en las relaciones de poder que vertebran nuestra sociedad", argumentó la federación.
Bajo el pretexto de casos que han marcado en este sentido este año, como el proceso judicial en torno al expolítico Íñigo Errejón o las distintas denuncias por presuntos abusos sexuales contra dirigentes socialistas, la federación advirtió de “la pérdida de confianza” de las mujeres en los espacios políticos “como posibles herramientas para el cambio de las estructuras patriarcales de poder”, por lo que abogaron por que, en este año que comienza, la igualdad deje de ser “un mero elemento discursivo para convertirse en un pilar esencial de la democracia”.
