El 2025 ha sido un año frenético y convulso en lo político, y cabe esperar un escenario de similares características para el año que está a punto de comenzar. Para el Gobierno de Pedro Sánchez la hoja de ruta a seguir en cuanto a tareas pendientes y retos a afrontar es clara: la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y una nueva batería de medidas socioeconómicas en beneficio de la gran mayoría ciudadana.
Bajo el telón de fondo que arrancará con el tablero electoral pendiente en Aragón, Castilla y León y Andalucía, además de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados con el marco de la ruptura de Junts y la previsible continuidad de la crispación política. A su vez, el ámbito judicial no es ajeno a la agenda política, puesto que casos como la trama Koldo o la investigación sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso continúan pendientes. No obstante, y pese a este marco, Sánchez ha garantizado en diversas ocasiones su compromiso con agotar la legislatura hasta 2027.
Para ello, esta última semana del año el jefe del Ejecutivo central puso en su conocimiento al conjunto de sus ministros la intención de impulsar aún más las medidas del escudo social y en aras de reforzar el Estado del bienestar de cara a 2026, sumado así a la leve crisis del Gobierno llevada a cabo con la salida de Pilar Alegría y la entrada en su lugar de Milagros Tolón.
Medidas en beneficio de la mayoría social
Tanto a los ministros del ala socialista como de Sumar, el presidente del Gobierno les pidió este lunes presentar un listado cada uno con tres o cuatro medidas de carácter social para que el Ejecutivo pueda aprobarlas durante todo el transcurso de 2026 sin que sea necesario su trámite parlamentario por el Congreso.
Según adelantó El País, Sánchez realizó este encargo el pasado mes de noviembre, insistiendo así a los ministros en elaborar propuestas “ambiciosas” y “disruptivas”, según deslizaron fuentes de Moncloa, basándose en ideas “específicas” y “fáciles” de llevarse a la práctica. Con esta hoja de ruta, el Gobierno pretende que la ciudadanía asuma estas medidas como marca del Ejecutivo de coalición y no por ejecución de otras administraciones autonómicas.
Con el telón de fondo de la revalorización de las pensiones o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), medidas que sí han de pasar por el visto bueno parlamentario, este medio recogió que las medidas que emanen de estas propuestas de los distintos ministros no tendrían por qué conllevar un gran desembolso del gasto público para materializarse.
Por lo pronto, el contenido de esta batería de claves se desconoce, el secretismo en estas fechas aún está bajo candado y habrá que esperar hasta iniciarse el curso político en 2026 tras las fiestas navideñas para empezar a conocer más detalles.
En el marco más reciente, han destacado los últimos avances de Moncloa con la prórroga de medidas del escudo social, como la prohibición de desahucios o la actualización de las pensiones, que entrarán en vigor a partir de este 1 de enero; además de otros anuncios de calado como el nuevo abono de transportes único para toda España y los consiguientes descuentos en esta materia, tanto para jóvenes como adultos.
Los Presupuestos, el horizonte pendiente
Este 2026 también vendrá marcado por la promesa de Sánchez de sacar adelante nuevas cuentas públicas. Este 1 de enero, se prorrogarán automáticamente los presupuestos de 2023 por tercera vez con la vista fijada en la aprobación de unos nuevos en la primera mitad del año. En el último Consejo de Ministros de este diciembre, el Gobierno aprobó un acuerdo con los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 con los que actualmente están en vigor, cumpliendo así con el artículo 134.4 de la Constitución, en el que se recoge que si al llegar el 1 de enero no hay una nueva Ley de Presupuestos, como así va a suceder nuevamente en 2026, se considerarán automáticamente prorrogados las cuentas públicas del ejercicio anterior.
El punto con el que ya cuenta preparado el Ejecutivo central es el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto para 2026, que se eleva a la cifra récord de 216.177 millones, así como la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, pese al rechazo del Congreso. De esta manera, entrará en vigor lo plasmado en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que deja menos margen de gasto a las comunidades autónomas.
El déficit fijado para el conjunto de las administraciones públicas bajará desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por el lado de la deuda pública, el Gobierno ha situado el objetivo para las administraciones públicas en el 100,9% del PIB en el 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en el 2028.
En voz de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al respecto, las cuentas de 2026 serán “expansivas y responsables”. Todo un marco que, a su vez, se recoge dentro de una perspectiva macroeconómica “sólida” de la mano con el crecimiento de la economía nacional.
Las previsiones que maneja el Gobierno sitúan el avance del Producto Interior Bruto (PIB) en el 2,9% para 2025 y en el 2,2% para 2026. Para 2027 y 2028, el Ejecutivo estima un crecimiento económico algo menor, del 2,1% para cada ejercicio. En cuanto al mercado laboral, las proyecciones estatales apuntan a que la tasa de paro bajará al 10,5% en 2025, ocho décimas por debajo del registro de 2024; caerá al 9,9% en 2026, al 9,5% en 2027 y al 9% en 2028, hasta niveles previos a los de la crisis financiera.
