Nuevo episodio en la causa que en los tribunales enfrenta a Íñigo Errejón conta Elisa Mouliaá. Según se ha podido conoce en las últimas hora, la actriz ha reclamado que se abra juicio contra el ex diputado y, además, solicita que sea condenado a 3 años de cárcel, ya que le acusa de un delito continuado de abuso sexual. En su escrito de acusación, Mouliaá no solo pide la condena sino que también llama a que Errejón le compense economicamente con una indemnización de 30.000 euros en base a los "daños morales y por los daños sufridos a consecuencia del abuso sexual o, subsidiariamente la que se determine en su caso, en fase de ejecución".
No queda ahí las peticiones que realiza Mouliaá, sino que también solicita que se proceda a la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra Íñigo Errejón, así como se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial. Errejón, que no ostenta cargo político desde 2024 tras dimitir ante el estallido de este caso, niega los hechos. El ex diputado recurrió su procesamiento por un presunto delito de agresión sexual que habría cometido contra la actriz una noche de octubre de 2021, al entender que no existen "mínimos indicios" de culpabilidad. De esta manera, su defensa ha sostenido que las diligencias practicadas durante la fase de investigación "descartan la existencia de mínimos indicios de criminalidad y corroboran el inventado relato de la denunciante".
Adolfo Carretero, el juez encargado de este caso en los tribunales, comunicó en un auto que se hizo público el pasado 14 de noviembre que Errejón sería procesado por un presunto delito de abuso sexual contra la actriz. De esta manera, indicó que “no existiendo testigos presenciales de los hechos y contando con algunos testimonios de referencia y pruebas periciales, el principal indicio probatorio es la declaración de la perjudicada”.
¿Cómo se ha llegado a esta situación?
La denuncia presentada por Mouliaá se convirtió en uno de los episodios judiciales que mayor atención mediática ha recibido en los últimos años vinculados a una figura pública del ámbito político. La actriz sostiene que los hechos se produjeron durante un encuentro nocturno en el barrio madrileño de Lavapiés, donde, según su versión, Errejón habría mantenido una conducta sexual no consentida. Desde el primer momento, la acusación generó titulares, reacciones en redes sociales y un intenso debate sobre la responsabilidad de los cargos públicos ante denuncias de esta naturaleza.
La defensa del fundador de Más País ha mantenido una estrategia férrea de desacreditación de la denuncia, alegando inconsistencias en el relato de Mouliaá y ausencia de pruebas concluyentes. El equipo jurídico del exdiputado insiste en que el procedimiento responde a una acusación infundada, amparándose en informes policiales y testimonios que, a su juicio, resultarían incompatibles con un escenario de agresión sexual. Errejón, por su parte, ha reiterado públicamente su inocencia, defendiendo que la acusación es falsa y que confía en que el proceso judicial permita esclarecer los hechos.
El caso ha despertado reacciones enfrentadas en el mundo político, especialmente debido al activismo feminista que Errejón y su espacio político han defendido históricamente. Para algunos sectores, la acusación supone una prueba de coherencia para quienes han exigido contundencia ante las denuncias de violencia sexual; para otros, es un ejemplo de que la presunción de inocencia debe mantenerse incluso en contextos de alta sensibilidad social. En paralelo, colectivos feministas han seguido el caso con atención, recordando que las denuncias de abuso deben investigarse con seriedad y sin prejuzgar a ninguna de las partes.
