El Gobierno lo intenta, pero de momento se choca con una pared. El carrusel de gestos y guiños del ala socialista de la coalición a los socios del bloque de la investidura. Los Presupuestos, en el horizonte, pero todavía están lejos. Junts se resiste a los cantos de sirena del PSOE. Los neoconvergentes insisten en proyectar una imagen de absoluto escepticismo con Moncloa, pese al voto favorable a la ley de multirreincidencia que el Congreso ha aprobado este jueves con el ‘sí’ de PP y Vox. Lo cierto es que desde todos los puntos se traslada sotto voce que no hay conversaciones entre las dos partes desde que los soberanistas soltaron amarras en octubre del curso pasado. Ello no implica que el Ejecutivo no se esfuerce en sus intentos por sellar esa brecha en su búsqueda de mayoría presupuestaria, incluyendo los escritos favorables a la amnistía de Carles Pugidemont por parte de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

No obstante, desde Waterloo, pese a ponderar los gestos, consideran insuficientes las tentativas de Moncloa. De hecho, desde el propio Gobierno rebajan el suflé de la Ley de Multirreincidencia como acicate para sentarse a fumar la pipa de la paz con Junts. Por lo pronto, los socialistas se esmeran en cumplir con los acuerdos poco a poco para recuperar esa imagen de socio fiable, pero este último texto tampoco lo entienden como un gran paso adelante en la reconstrucción de los puentes con Puigdemont. De hecho, incluso se da por descontado que eran demandas previas de los juntaires, al margen de que la reforma nació de una conjunción poco convencional; sujeto a la derecha y con el rechazo unánime de los grupos del espectro bautizado como izquierda alternativa e independentista.

Los neoconvergentes son los primeros que niegan que el gesto del PSOE en el Congreso suponga una suerte de armisticio. En privado comentan no hay cambios de ningún tipo y que la multirreincidencia no es sino una factura pendiente por cobrar. Eso sí, detectan un tono modulado de los socialistas desde que se levantaron de la mesa de negociación y les atribuyen la asunción de que sin Junts no hay legislatura. En el horizonte, el decreto del escudo social y – por supuesto – el proyecto de Presupuestos. La opinión en el Ejecutivo no varía demasiado. No hay mucho optimismo y sí muchas reservas con respecto a la posición de sus otrora socios. Las señales tampoco sugieren un cambio radical, pues los seis diputados que encabeza Miriam Nogueras reiteran que no van a variar su voto.

Decreto troceado

En fueros socialistas crecía ligeramente la esperanza por encapsular la prohibición de los desahucios – línea roja inquebrantable para Junts – a una negociación con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), derivando en una exención para los propietarios de hasta dos viviendas – residencia habitual y alquiler – aprobada por el Consejo de Ministros. En el Gobierno apuntan que los de Puigdemont suelen trufar las negociaciones con cuestiones ajenas al texto que se vota, lo cual – sugieren – puede abrir una ventana al entendimiento con el grupo soberanista. Pero Waterloo cierra la puerta ipso facto, negando todo tipo de contacto con emisarios socialistas que, a pesar de todo, destilan cierto tono de esperanza porque aún queda mucho tiempo de partido para conseguir el gol de la victoria.

Un sentimiento que se extrapola también a las Cuentas Públicas. El proyecto presupuestario es el principal termómetro parlamentario de Sánchez, aunque el jefe del Ejecutivo avisara desde el minuto que los elevaría al Pleno aunque se topasen con una mayoría negativa. La intención de Moncloa no ha cambiado y en la hoja de ruta se contempla que la vicepresidenta primera se someta al escrutinio de la Cámara Baja durante el primer trimestre del año – sin pillarse los dedos con fechas aproximadas – para defender el texto; aunque también dependerá de que Juanma Moreno Bonilla no siga la estela del resto de barones conservadores y accione el botón del adelanto electoral.

En este complejo encaje de bolillos, la única pieza que por el momento sigue fuera del puzle es la de Junts. El resto de formaciones han sucumbido a la sinfonía del Gobierno en cuestiones tales como la financiación autonómica con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el traspaso competencial a Euskadi y la regularización de migrantes con Podemos. Esta última, de hecho, forma parte de una negociación en la que se incrustan los juntaires para aprobar el traspaso de las competencias en materia de migración a Cataluña. Sin embargo, las conversaciones naufragaron y este punto se ha enquistado en la relación tripartita.

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