El fondo de inversión estadounidense sigue ampliando su influencia y vínculos con la Comunidad de Madrid. Tras haber ejecutado en el 2013 la controvertida compra de 1.860 viviendas correspondientes a la empresa pública EMVS, del Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Ana Botella, Blackstone volvió a copar titulares al hacerse con la empresa que salió vencedora de un proceso de licitación pública de la Comunidad de Madrid para comprar tests de cáncer de cérvix. Hologic, compañía que adquirió este fondo de inversión pocos días después de la resolución del proceso de convocatoria, consiguió este contrato público al priorizar el Ejecutivo autonómico el aspecto económico sobre la garantía de la buena asistencia de los pacientes, ya que, aunque sus productos obtuvieron la peor calidad técnica, si bien eran los más baratos.

Aquello ocurrió en verano, entretanto Blackstone ha seguido siendo protagonista, pues tras haber adquirido las 1.860 viviendas públicas a un precio irrisorio (60.000 euros cada una) y haber presionado de manera excesiva durante años a los inquilinos de estos hogares, ahora se encuentra negociando su venta a la gestora de fondos canadiense Brookfield, por un valor de más de 220.000 euros por piso.

No obstante, aunque Blackstone complete la venta de estos pisos, a los que se suman otros tantos de los que dispone en la ciudad, seguirá manteniendo su importante presencia, y hasta influencia, en la Comunidad de Madrid. Aliándose con el fondo inversor EQT, propietario de Idealista y accionista mayoritario de la Universidad Europea de Madrid, ha completado hace escasas horas la adquisición de Urbaser, una de las mayores empresas encargadas de la gestión de residuos en esta región.

La compra, completada por un valor de 5.800 millones de euros, convierte a Blackstone y EQT en propietarias de una de las principales compañías de la Comunidad de Madrid en este sector. A día de hoy, Urbaser es la empresa encargada de abordar la limpieza viaria de 7 distritos de Madrid, lo cual implica hacerse cargo de las calles de un tercio del total de la población del municipio al trabajar en Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Latina, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro. No solo sus labores diarias en la capital española quedan vinculadas a estos barrios, además, se encarga de la recogida de residuos de otro tercio de la población de Madrid, en los distritos de Arganzuela, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Usera, Villaverde y Carabanchel.

Fuera de la capital, Urbaser presta servicios de limpieza viaria y recogida de residuos en más de 20 municipios de la Comunidad de Madrid, a destacar entre las últimas adjudicaciones Villaviciosa de Odón, Arroyomolinos, Torrelodones, San Sebastián de los Reyes y Parla, donde la compañía ha renovado y ampliado contratos en los últimos años, incorporando mejoras operativas, refuerzos de servicio e inversiones orientadas a ofrecer una prestación más eficiente y cercana a los vecinos. La compañía presta además el Servicio de Limpieza Urgente de Madrid (SELUR), adjudicado hasta 2030, que actúa en situaciones excepcionales como manifestaciones, accidentes, episodios meteorológicos adversos o emergencias. 

Urbaser y un contrato de 1.000 millones de euros anulado por los tribunales

El pasado verano, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) anulaba el que iba a ser el mayor contrato de basuras de España. Valorado en más de 1.000 millones de euros, y estando adjudicado a Urbaser para la gestión de residuos en 42 municipios del noroeste de la región, se puso freno a esta adjudicación del Ejecutivo autonómico dada a conocer en el 2024.

El fallo, publicado en agosto de 2025 aunque aprobado en febrero, estima los recursos de empresas competidoras, como Valoriza y un consorcio de FCC y Acciona, al detectar una “falta de motivación” en la adjudicación, ya que, tal y como indicaba el TACP, la administración no justificó adecuadamente cómo valoró una mejora introducida por Urbaser en su oferta. El tribunal concluyó que existía una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones, superando los límites de discrecionalidad técnica exigidos en estos procesos.

Urbaser, en aquel momento controlada por el fondo estadounidense Platinum Equity, había obtenido la mayor puntuación frente a cuatro ofertas rivales y se vio en medio de este proceso clave para su plan de venta, al estar la concesión vinculada a fondos europeos Next Generation y con un periodo de explotación de 20 años. 

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