El Sindicato de Inquilinas exige al Gobierno recuperar las 1.860 viviendas vendidas por Ana Botella a Blackstone

El verano de 2013 jamás se olvidará en el movimiento de vivienda madrileño. Por aquel entonces, Ana Botella dirigía el Ayuntamiento de Madrid, en la que sería su primera y última legislatura, y la crisis económica golpeaba fuertemente al país. Sin embargo, esto no frenó a la lideresa del Partido Popular (PP) que, dos meses antes de pronunciar su ridículo “relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor”, decidió vender a Blackstone, uno de los mayores fondos buitre del mundo, 1.860 viviendas públicas en las que residía gente a precio de saldo (68.000 euros cada una).

Casi 13 años después, miles de madrileños siguen viviendo en su interior, pese a que el mantenimiento ha sido abandonado por la propiedad y los alquileres no han parado de subir, y el fondo especulador pretende ahora acometer una venta masiva. El Sindicato de Inquilinas, que representa a gran parte de las familias afectadas y en lucha, ha llamado a actuar al Gobierno central, reclamando que recupere estos inmuebles y los sume a la nueva empresa estatal de vivienda, Casa47, que ya ha absorbido parte de los activos de Sareb y activado convocatorias de alquiler asequible.

“Tras adquirir estas casas a precio de saldo y sin realizar mantenimiento alguno durante estos años, los fondos han impuesto subidas abusivas de alquiler, cláusulas ilegales y una gestión que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de las inquilinas”, acusan desde el sindicato a Fidere y Testa, ambas propiedad de Blackstone. “Ahora pretenden culminar el negocio con una nueva venta masiva”, lamentan. Si bien estas 1860 viviendas, que reclaman que el Ejecutivo asuma, no son las únicas de todo el parque que pueden correr la misma suerte.

Las vecinas en lucha “exigen al Gobierno”, concretamente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de Isabel Rodríguez, “que recupere estos hogares para el parque público a través de Casa47”. El problema afecta a 17.000 viviendas, propiedad de fondos como Blackstone o Nestar-Azora, que se enmarcan en la campaña “Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre”, lanzada por el Sindicato de Inquilinas para evitar su venta masiva. Pisos que, además, tuvieron en su mayoría una naturaleza pública previa.

“Durante más de una década, los fondos buitre han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas que, en muchos casos, fueron públicas o protegidas antes de ser malvendidas”, exponen desde el movimiento de vivienda. “Muchas de ellas fueron vivienda pública y ahora los fondos buitre quieren sacarlas al mercado”, señalan lo vergonzoso de la situación. No obstante, las afectadas no esperarán sentadas mientras sus casas cambian de manos, sus alquileres y condiciones empeoran y ninguna administración se preocupa por su futuro.

“Las vecinas de estos bloques en lucha, convencidas de que la organización colectiva es la única vía para recuperar sus viviendas, han anunciado que van a impedir esta nueva operación especulativa y que lucharán para que sus casas pasen a formar parte del parque de vivienda pública de Casa47. El objetivo es garantizar alquileres estables y asequibles, seguridad residencial a largo plazo y la protección del derecho a la vivienda frente a los intereses especulativos y la gestión de fondos que solo buscan hacer negocio con la vida de la gente”

Necesaria actuación con precedentes

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Así reza la literalidad del artículo 47 de la Constitución y, atendiendo al día a día de la población, es de recibo afirmar que no se cumple el mandato de ninguna de las tres oraciones que lo componen.

Sin embargo, en otras ocasiones se ha actuado de otra manera, más allá de no enfadar a empresarios y caseros. El último de los ejemplos se dio en Cataluña, donde se acaban de recuperar 1.700 viviendas, después de una campaña de presión y nueve meses de huelga de alquileres capitaneada por el Sindicat de Llogateres de Catalunya, eso sí. La Generalitat ha comprado y blindado estas viviendas con protección oficial (VPO) antes de que fuesen lanzadas al mercado. En Madrid, por supuesto, la administración de Isabel Díaz Ayuso no va a seguir este proceder, razón por la que el Sindicato de Inquilinas insta al Gobierno central a dar el paso.