El decálogo de Vivienda para aplicar el 155 a Madrid: Ayuso incumple la Constitución

La dinámica de precios de la vivienda y la inacción de las administraciones públicas es la combinación perfecta para que los especuladores sigan engrosando sus cuentas extrayendo las rentas de la clase trabajadora. La política, más allá de lo discursivo, va tarde, pero el Ministerio de Vivienda se ha lanzado a la batalla con las autonomías, a quienes corresponde la mayoría de competencias en la materia. La ministra Isabel Rodríguez quiere sacudirse las críticas y señala a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como ejemplo de una inoperancia que justificaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

“A mí me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado (Cámara que puede impulsar este artículo)”, fantaseaba Rodríguez el pasado jueves. Unas declaraciones que generaron polémica, pero que el Ministerio se ha propuesto fundamentar conforme al derecho y los acontecimiento acecidos en la región comandada por Ayuso. “Es lícito debatir sobre si Madrid merece un 155 en materia de vivienda”, aseveran en un documento interno al que ha tenido acceso ElPlural.com.

Desatiende a quienes precisan de medidas para acceder a la vivienda y se jacta de proteger los intereses de una élite

El análisis se fundamenta directamente en la Carta Magna y en su mandato. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”, recoge la literalidad del artículo 47 de la Constitución Española.

Un total de 60 palabras que parece que se han borrado de gran parte de la clase política y que, desde luego, no se implementan de forma real en casi ninguna parte del territorio. Si bien en Madrid el desprecio es obsceno. Y si una Comunidad Autónoma “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, el Gobierno debe requerir al líder regional su cumplimiento, algo que ya ha sucedido en más de una ocasión con Ayuso.

“En el caso de no ser atendido podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Así lo mandata el artículo 155 de la Constitución, aunque para su activación se requiere “la aprobación por mayoría absoluta del Senado”, Cámara donde el PP cuenta con más de la mitad de los asientos. Una realidad que impide de facto activar este mecanismo, que bien podría ser considerado atendiendo al flagrante y concienzudo incumplimiento del artículo 47.  

Los motivos para aplicar el 155 en Madrid

El Departamento dirigido por Rodríguez contempla internamente varios puntos que justificarían la intervención en materia de vivienda en Madrid. “No está promoviendo las condiciones necesarias ni estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho a la vivienda”, apuntan desde Vivienda, presentando ejemplos. Entre ellos, destaca el “no desarrollo de un parque de vivienda público permanente”, pues la normativa autonómica sigue basando en la concesión de la construcción a empresas privadas y la desprotección de los inmuebles años después, lo que simplemente propicia el despeje del problema a futuro.

“Ofrece unos precios de Vivienda Protegida Oficial (VPO) inaccesibles, y la prueba es que el 20% de las viviendas del Plan Vive siguen vacías”, ahonda el Ministerio, haciéndose eco de la apuesta de Ayuso, que ha terminado siendo una chapuza más cara que la presente en el propio mercado. “Obvia los programas del Plan Estatal de Vivienda previsto para las personas con más dificultades de acceso a la vivienda, como por ejemplo cuando no destina ni un euro a los programas de realojo para mujeres víctimas de violencia de género”, expone la crueldad del PP de Madrid.

Por su puesto, la actuación contra los especuladores es inexistente. “Se niega a aplicar las medidas contempladas en la Ley de Vivienda estatal para controlar los precios de los alquileres” y “carece de un cuerpo de inspectores que velen por el cumplimento de la normativa en materia de vivienda”, lamentan desde Vivienda. Además, también critica el mantenimiento de una normativa que permite la proliferación de pisos turísticos “que están expulsando a miles de familias de sus barrios”. Los trabajadores, condenados al ostracismo, y los ricos, agasajados con más ventajas.

“Da ventajas fiscales a los extranjeros ricos que fijen su residencia en Madrid, mientras en paralelo se va a Miami a invitar a las grandes fortunas a comprarse 3 o 4 viviendas en Madrid”, expone la cartera de Rodríguez. Además, por si fuera poco, Ayuso “asegura de forma pública que no adoptará ninguna medida que pueda poner en jaque el negocio de los fondos buitre”. “Sus políticas, así como sus declaraciones públicas, cuestionan que vele por el interés general en su actuación como gobernante”, resumen su análisis sobre la justificación de aplicar el 155.