Las víctimas de las residencias de la Comunidad de Madrid han sufrido innumerables desprecios por parte de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Uno de los más recordados coincidió con el programa de Jordi Évole sobre uno de los episodios más oscuros de la Autonomía: los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de 7.291 personas a hospitales, privándoles así de recibir atención sanitaria.
Algunas padecieron el caos de la administración Sol más allá de los protocolos mencionados. Es el caso de Esther, que tuvo que afrontar medio año de pagos por unos servicios que su padre no estaba percibiendo, ya que había cambiado de Programa Individual de Atención (PIA) para abandonar los geriátricos por el centro de día y la atención a domicilio, tal y como contaba esta semana a ElPlural.com. En febrero de 2021, la Comunidad contactó con ella para exigirle una supuesta deuda de su progenitor que, según la información de la que disponían, había fallecido. Nada más lejos de la realidad.
Esther lamenta, tal y como ha reflejado este medio en diferentes artículos, que nadie del equipo de la presidenta se pusiera en contacto con ella salvo el asesor técnico responsable de estos espacios, Edmundo Ahijón, con quien sí hablaba “casi semanalmente”, aunque nunca llegaron a un acuerdo, ya que él siempre decía que la salida de su padre de la residencia había sido “voluntaria” -de ahí que mantuvieran los cobros-, mientras que ella aseveraba “incumplimiento de contrato”, dado que su padre no estaba recibiendo el tratamiento que debería. Ahijón también justificó esta ausencia por "causa de fuerza mayor”.
Pero su caso -o el de María, que ganaba un pulso similar a la Comunidad de Madrid, obligada a devolverle los cobros que emitía la región por su padre fallecido- no es aislado, sino que sirve para dar voz a los cientos o miles de familias que pasaron por algo similar. Y este es el único objetivo de estas voces, según nos explica Esther: no quieren protagonismo de ningún tipo, solo servir de altavoz a otros que no han tenido voz, que el sufrimiento de todos ellos se vea reflejado. Que lo que piden -en su caso la reparación de alguna manera del daño o, al menos, una escucha activa- no está teniendo respuesta.
"Dolor debido a unos protocolos que salieron de sus despachos"
Mencionando el “dolor” de las personas que perdieron a un familiar “debido a unos protocolos que salieron de sus despachos”, las víctimas se refirieron tanto a Ayuso como a Miguel Ángel Rodríguez en ese tiempo recordándole a este segundo de manera formal que la responsable de Madrid “está para proteger y mejorar la vida de toda la ciudadanía; no para entrar en debates sobre programas y muchísimo menos para mentir”.
“No acepto sus excusas. Está donde está para comprobar que lo que va a decir es verdad antes de abrir la boca, especialmente en temas como este, que ponen en juego, no solo la dignidad y credibilidad de las personas mencionadas, sino una herida inmensa de la que ustedes tienen una responsabilidad directa y sobre la que deberían cuidarse muy mucho de ahondar”, emitió una damnificada coincidiendo con el programa de Jordi Évole. “Solo alguien que capaz de hacer algo así puede pensar que una persona puede mentir sobre un tema como este”.
En varias páginas, lamenta la gestión en materia de residencias, centrándose en los triajes, y le explica al jefe de gabinete de Ayuso su caso personal (que podría ser el de cualquiera), además de pedirle una reunión para poder relatárselo en persona. Rodríguez respondió a ello, vía misiva, con otra al poco tiempo; un documento plagado de bulos y responsabilizando de lo que ocurrió en la Autonomía al Gobierno central.
En él, MAR -como se conoce al jefe de prensa de Ayuso-contempla que el Ejecutivo regional “ha explicado en numerosas ocasiones cuál fue su actuación”. “No quiero extenderme con su pormenorizada relación, aunque sí me gustaría subrayar que, ante la pasividad del Gobierno de España, Madrid fue la primera comunidad autónoma en tomar decisiones y aprobar medidas para proteger a la población y, muy especialmente, a los más vulnerables, incluidos nuestros mayores”, apunta, centrándose en la creación de una Red de Geriatras Referentes antes del Estado de Alarma.
En la respuesta se refiere directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien adjudica la “máxima responsabilidad” de la gestión de la pandemia. “Eran suyas las competencias para minimizar la entrada del coronavirus. Algo que hizo tarde y mal. Por no hablar de las supuestas decisiones del comité de expertos que nunca existió o de la trama corrupta de material sanitario que ya está en los juzgados y en la que tantos altos cargos y afines a Sánchez están involucrados”, llega a decir, obviando las comisiones que se llevó el hermano de la presidenta, precisamente, por la compra de material sanitario en pandemia y que terminó con la carrera política de Pablo Casado, el único que se atrevió a denunciarle.
"Es una irresponsabilidad hacer pensar que sus seres queridos podrían seguir entre nosotros"
En lo que respecta a los bautizados como protocolos de la vergüenza, bajo el nombre de Protocolo Clínico de Derivación, MAR mantiene que “se elaboró bajo el consenso de los 26 geriatras referentes para establecer las medidas de recomendación para la derivación hospitalaria”. “Y es importante recalcar que este documento no discriminaba por ningún motivo ajeno a la situación clínica del paciente”, apostilla. Esto es rotundamente falso, pues las personas que disfrutaban de seguro privado sí que recibieron esa atención.
También arroja datos que supuestamente maneja, como que se trasladaron a hospitales a 11.200 personas mayores de 70 años provenientes de residencias, que se medicalizaron 232 geriátricos o que se distribuyó miles de unidades de material sanitario y de profesionales a estos lugares.
En última instancia, el responsable de prensa de Ayuso sostiene que “no se pueden tolerar, por inmorales, las continuas mentiras de quienes pretenden sacar rédito político de esta terrible tragedia”. “Es una irresponsabilidad hacer creer a los familiares de las personas que, lamentablemente, fallecieron durante la primera ola de la pandemia que sus seres queridos podrían seguir entre nosotros. O que el personal sanitario de nuestra región, a quien tanto le debemos, negó consciente y deliberadamente ayuda a quien se la pedía. Omitiendo, además, en esta campaña de desprestigio, que la Justicia ha respaldado la gestión de las residencias madrileñas en más de 60 ocasiones”.
La persona que recibe estas contestaciones desmonta en su contrarréplica uno a uno los bulos de MAR en un último escrito coincidiendo con el estreno en televisión del documental de Juanjo Castro, 7.291, sobre el que la derecha también buscó la censura.
