El descontrol en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, pero también posteriormente, fue en muchos casos abrumador. Así lo dejan al descubierto algunos ejemplos como el que centra estas líneas y que tiene que ver con el cobro que la región hizo a centenares de familias a pesar de que su familiar no estaba recibiendo la atención necesaria o, directamente, había fallecido.
María era noticia en los últimos días por doblar el brazo al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que le reclamaba 674,28 euros por los últimos días que su padre pasó en la residencia Ensanche de Vallecas sin recibir atención en un hospital por los conocidos como protocolos de la vergüenza, que dejaron en última instancia la cifra de 7.291 muertes.
ElPlural.com ha podido conocer esta semana de primera mano el caso de Esther, que tuvo que hacer frente durante medio año a las facturas de un centro de mayores, en su caso de Alcobendas, pese a que había solicitado un cambio de PIA (Plan Individualizado de Atención). Esto es, cambiar su plaza de residencias por otros servicios. Aquí le exigieron pagar seis meses más, cuando ya había abonado otros seis que, explica, no le correspondían.
La Autonomía madrileña obvió esto y mantuvo los cobros justificando que “la salida” del residente “fue voluntaria”. Este fue el primer desbarajuste, pero no el único ni el más grave. “Un día me llaman y me dicen que ya no tengo que seguir pagando porque mi padre ha fallecido, cuando le tenía al lado”, relata Esther.
En ese momento, señala, le pidieron disculpas, pero ella “ya estaba cansada de perdonar”. “No se habían puesto en contacto conmigo para nada salvo para esta miseria, que era falsa y no se habían molestado ni en mirar”, asevera, más allá de algunas comunicaciones que mantuvo con el asesor técnico Edmundo Ahijón.
Ahí se detienen los pagos, pero después de aquello la protagonista de estas líneas no ha conseguido reparación alguna, ni monetaria ni de ningún tipo. Asimismo, nadie ha aceptado a reunirse con ella. “Solo quiero contar a la presidenta o a alguien de su equipo personalmente todo lo que hemos sufrido y que me den explicaciones”, sostiene.
Desconocían el cambio de PIA
Tal y como ha tenido constancia este periódico, Esther pidió esas explicaciones en reiteradas ocasiones a la Autonomía, pero sin éxito, emitiendo que había realizado un cambio de PIA en octubre de 2020 y extrañada de que la región no supiera nada.
“Creen que mi padre sigue en la residencia, cuando está fuera de la misma desde abril por desatención y riesgo para su vida e incumplimiento de contrato -su padre tenía parkinson y no estaba recibiendo los cuidados- por parte de la residencia (todo ello denunciado). Mi padre solicitó su cambio de PIA ante el abuso de poder que ustedes han infringido a estos mayores ante la imposibilidad de pagar la plaza, al mismo tiempo que tenía que costear cuidados y terapias en su domicilio (…) Es decir, mi padre está completamente fuera del sistema de residencias”, reflejó.
La persona damnificada reconoce que le “cuesta entender que lo mal que lo pueden llegar a hacer no es con ánimo de crear más dolor y más sufrimiento a las personas vulnerables que deberían proteger y por cuyos intereses deberían proteger y por cuyos intereses deberían velar”, pero que “no le dejan mucha más opción”.
Alude a las “tropecientas reclamaciones” que ha hecho sobre el centro en sí, el “cobro abusivo de la plaza cuando mi padre estaba fuera” y la “devolución de dicho dinero” una vez que ya no ocupa la plaza.
"No va a volver nunca a la residencia"
En esos mensajes dejaba claro que su padre “no iba a volver nunca a la residencia” por “maltrato” y la “desatención” que habían sufrido tanto sus padres -especialmente su padre, que tenía que seguir unos tratamientos que se le negaron- en los centros de mayores. “Han dicho que mentíamos, estando todo denunciado ante la fiscalía y permitido con la connivencia de la Comunidad de Madrid”, hicieron llegar al equipo de la presidenta.
La Comunidad de Madrid llegó a enviar cartas a 200 personas reclamándoles pagos, 150 de ellas llegaron en 2024, mismo año en el que también Esther empezó por fin a obtener respuestas. En su caso concreto, asegura que recibía misivas cada 15 días.
Carmen López, portavoz de la plataforma Marea de Residencias expone que el Ejecutivo de Ayuso “amenazó con el embargo” a algunas víctimas si no pagaban. Ante la situación y lo complicado de revertirla por la vía judicial, la plataforma contactó con Óscar Álvarez, máximo responsable de las residencias y que tras su dimisión en 2020
