A la quinta fue la vencida. El firmante de los conocidos como protocolos de la vergüenza, que evitaron la derivación de personas mayores de residencias a hospitales durante la pandemia, ha comparecido este lunes tras declinar hacerlo cuatro veces.
Carlos Mur ha hablado durante aproximadamente 40 minutos por videoconferencia desde Andorra, tiempo en el que ha reconocido al menos un caso en el que el paciente no estuvo medicalizado y ha apuntado directamente a Javier Martínez Peromingo, ideólogo del triaje que derivó en la muerte de 7.291 personas.
En la que ha sido su primera declaración como imputado -anteriormente lo había hecho como testigo-, ha revelado ante la jueza el caso de un hombre mayor enfermo que falleció en un centro sin disponer de los recursos adecuados. Se trata de una afirmación relevante, dado que vendría a confirmar que hubo personas que sufrieron la discriminación que sus familiares vienen denunciando desde hace años.
En declaraciones a los periodistas -no han tenido acceso a la testifical-, la abogada Alejandra Jacinto, defensa del entorno de las víctimas, ha relatado que Mur ha asegurado que los protocolos tenían sentido por la medicalización de residencias, algo que nunca llegó a ocurrir, y ha reconocido que, al menos en ese caso concreto, no se produjo. Ha sostenido asimismo que la plantilla médica de este espacio “no era suficiente”.
La causa no fue agrupada bajo una misma como pedían los familiares, por lo que los jueces analizan caso por caso. En esas, la jueza Sonia AgudoTorrijos indaga sobre la muerte de Ángel Armingol, que falleció sin que se le derivase al Hospital Gregorio Marañón.
Vivía en la residencia Amavir Valdebernardo, situada en el sureste de la capital y que dispone de 180 plazas. Entre marzo y junio de 2020, primer año de la pandemia del Covid, murieron aquí 87 personas, según los datos que facilita el Ejecutivo de Ayuso, mientras que el espacio no disponía de médico durante los fines de semana.
Culpabiliza a Peromingo
Como hiciera en su declaración Peromingo pero a la inversa, ahora ha sido Mur quien ha apuntado directamente el ideólogo de los mencionados protocolos. Así las cosas, ha emitido que, si bien él firmó los protocolos, fueron los geriatras liderados por Peromingo quienes redactaron las diferentes versiones, hasta cuatro, de los triajes.
El pasado 26 de mayo de 2025 ambos estaban citados para comparecer como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones terminaron por suspenderse después de que los investigados alegasen que no se les había trasladado las actuaciones.
Semanas más tarde, el 17 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés suspendió las declaraciones de los que fueran altos cargos del Gobierno de Ayuso al decidir inhibirse en favor del Juzgado 3 de la capital regional, entendiendo que el mismo "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos". Ya el 10 de diciembre Mur debería haber hablado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, pero también alegó que no había recibido la notificación del Juzgado y, en consecuencia, no fue al organismo jurídico.
Peromingo se mostró en desacuerdo con los mencionados documentos a pesar de ser uno de los que tuvo la idea, y señaló directamente a Mur, predecesor a su vez en el cargo. Concretamente, indicó que la orden de no derivar a los pacientes obedeció a una decisión discriminatoria a la que él se opuso. En sendas causas se estudia también si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que se encontraban en residencias durante la primera ola de la pandemia al actuar con los mencionados protocolos.
A estos dos nombres hay que añadir el de Pablo Busca Ostalaza como tercero en discordia, que era, en última instancia, máximo responsable del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) en el momento de la pandemia. También se encuentran imputados los geriatras de enlace.
