El Gobierno estudia prohibir el acceso de los menores a las redes sociales como una de las principales respuestas al creciente impacto que el entorno digital tiene sobre la infancia y la adolescencia. La medida, presentada como una herramienta de protección frente a los riesgos asociados al uso intensivo de las plataformas, abre un debate de fondo sobre su eficacia real, los límites de la tecnología y la capacidad del Estado para regular un espacio diseñado, precisamente, para esquivar controles.
La iniciativa se enmarca en una creciente preocupación social y política por el deterioro de la salud mental juvenil, el aumento de la exposición a contenidos nocivos y la adicción temprana a los entornos digitales. El Ejecutivo defiende que establecer una barrera de edad clara permitiría reducir estos riesgos y reforzar la protección de los menores, trasladando además una mayor responsabilidad a las grandes plataformas tecnológicas, hasta ahora autorreguladas en gran medida.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de interrogantes. El primero tiene que ver con su aplicación práctica. Prohibir el acceso a redes sociales implica obligar a empresas como Meta, TikTok o Google a implantar sistemas de verificación de edad mucho más estrictos que los actuales. Ya no bastaría con que el usuario declare su fecha de nacimiento, sino que debería demostrarse de forma efectiva que supera el umbral legal establecido. Y ahí surge uno de los principales escollos: no existe un método infalible para verificar la edad en internet sin generar problemas de privacidad o errores de exclusión.
Australia como banco de pruebas
La experiencia internacional aporta algunos elementos para el análisis. En Australia, donde desde diciembre está en vigor una prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, las plataformas han eliminado más de 4,7 millones de cuentas vinculadas a adolescentes. El Gobierno australiano, encabezado por Anthony Albanese, ha defendido públicamente la medida como un éxito inicial, subrayando el respaldo recibido por parte de muchas familias y el cumplimiento formal de la normativa por parte de las tecnológicas.
No obstante, las propias autoridades australianas reconocen que los datos disponibles son aún insuficientes para evaluar si la prohibición está cumpliendo sus objetivos de fondo. La comisionada de seguridad electrónica del país ha advertido de que los efectos reales de la medida solo podrán medirse a medio y largo plazo, en ámbitos como la salud mental, el rendimiento académico o el bienestar emocional de los jóvenes. Por ahora, la eliminación masiva de cuentas sirve como indicador de cumplimiento, pero no como prueba de éxito social.
Además, el caso australiano ha puesto de manifiesto otra de las grandes debilidades del veto digital: la facilidad con la que muchos menores consiguen esquivar los controles. El simple cambio de la fecha de nacimiento, el uso de herramientas de verificación facial poco precisas o el recurso a redes privadas virtuales (VPN) han permitido que numerosos adolescentes sigan accediendo a las plataformas pese a la prohibición. Organizaciones de salud mental del país han constatado que uno de cada tres jóvenes intentaría eludir el sistema, lo que evidencia las limitaciones técnicas del modelo.
Este escenario es observado con atención en España, donde expertos y colectivos educativos advierten de que una prohibición sin acompañamiento puede generar efectos no deseados. Algunos padres valoran positivamente la existencia de un marco legal claro que les ayude a poner límites, pero otros temen que el veto empuje a los menores hacia espacios digitales menos regulados o dificulte una educación progresiva en el uso responsable de la tecnología.
Un problema sin soluciones simples
Desde el ámbito académico y psicológico se insiste en que la relación entre redes sociales y salud mental es compleja y no admite soluciones simples. Si bien existe consenso en que la exposición temprana puede agravar problemas de ansiedad, dependencia o trastornos del sueño, también se señala que el uso de estas plataformas no es el único factor determinante. El contexto familiar, el entorno educativo y las dinámicas sociales offline siguen siendo elementos clave que una prohibición, por sí sola, no aborda.
A ello se suma el debate sobre la privacidad. Los sistemas de verificación de edad más avanzados suelen implicar el uso de datos biométricos o documentos oficiales, lo que abre la puerta a nuevos riesgos en materia de protección de datos. Determinar quién gestiona esa información, cómo se almacena y con qué garantías es una de las cuestiones que el Gobierno deberá resolver si quiere evitar un rechazo social o legal a la medida.
Pese a todas estas dudas, el Ejecutivo mantiene que la prohibición debe entenderse como parte de una estrategia más amplia. Junto al veto, se plantea reforzar la educación digital en las aulas, promover campañas de concienciación dirigidas a familias y exigir a las plataformas una mayor transparencia sobre el funcionamiento de sus algoritmos. La clave, sostienen desde el Gobierno, no es solo impedir el acceso, sino reducir los daños asociados a un uso temprano y descontrolado.
En cualquier caso, el proceso será largo. La prohibición deberá tramitarse en el Parlamento, negociarse con otros grupos políticos y adaptarse a la normativa europea. Mientras tanto, la experiencia australiana funciona como un aviso: la voluntad política y la eliminación de cuentas no garantizan, por sí solas, el cumplimiento efectivo ni el éxito de la medida.
