El debate sobre el uso de las redes sociales por parte de menores ha alcanzado un nuevo punto álgido en España tras el anuncio, este martes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Ejecutivo pretende prohibir el acceso a las principales plataformas digitales a quienes no hayan cumplido los 16 años. La medida, que forma parte de un paquete más amplio de propuestas para reforzar la protección digital, ha sido presentada en el marco del World Governments Summit en Dubái y se ha colocado inmediatamente en el centro del debate público.

Según explicó Sánchez, el objetivo principal de esta iniciativa es proteger a los menores de los riesgos asociados con la navegación en redes sociales, desde la exposición a contenido nocivo, como discursos de odio y material pornográfico, hasta la desinformación y la manipulación algorítmica que, a juicio del Gobierno, puede afectar negativamente al desarrollo emocional y social de niños y adolescentes. “Vamos a protegerles del salvaje Oeste digital”, afirmó el presidente, defendiendo una intervención decidida frente al “estado fallido” que —a su juicio— representan algunas de estas plataformas.

La propuesta contempla que las plataformas digitales implementen sistemas efectivos de verificación de la edad para garantizar que nadie menor de 16 años pueda registrarse o interactuar en servicios como Instagram, TikTok, X o Facebook sin un control robusto. Esta exigencia se inserta en el proyecto de ley de Protección de los Menores en Entornos Digitales, que está actualmente en tramitación parlamentaria.

España no está sola en esta dirección. Países como Australia ya han puesto en marcha medidas que prohíben a menores de 16 años acceder a redes sociales sin mecanismos de control de edad, y Francia ha aprobado recientemente una ley que limita el acceso a menores de 15 años, obligando también a las plataformas a verificar identidades. Incluso en otras naciones del entorno europeo, como Dinamarca o el Reino Unido, existen debates similares sobre cuál debería ser la edad mínima de acceso o los requisitos de consentimiento parental.

Además, ya en 2025 el Parlamento Europeo aprobó una resolución que sugería fijar en 16 años la edad mínima para acceder a redes sociales, aunque contemplando la posibilidad de que los padres pudieran conceder permiso desde edades inferiores.

El Gobierno español justifica su iniciativa en varios frentes. En primer lugar, en datos que muestran el uso masivo de redes entre edades cada vez más tempranas: informes internacionales recogen que una proporción significativa de niños de 8 a 12 años usa redes sociales regularmente, a menudo violando las propias políticas de edad de las plataformas y la legislación vigente.

Por otro lado, existen preocupaciones extendidas sobre la salud mental y el bienestar de los jóvenes vinculadas al uso excesivo de estas plataformas. Estudios y expertos han señalado que la exposición constante a estímulos digitales, la presión social en línea y los mecanismos de “refuerzo” basados en algoritmos pueden contribuir a ansiedad, adicción digital y otros problemas entre los adolescentes.

No obstante, la propuesta no ha sido recibida de forma unánime. Sus detractores plantean preguntas clave sobre si es técnicamente viable impedir de forma efectiva el acceso de menores a internet, dada la facilidad con la que se pueden falsear datos de identidad en línea o recurrir a dispositivos y cuentas de terceros. Otros expertos advierten sobre posibles vulneraciones de derechos, como la libertad de expresión o la autonomía de los propios adolescentes, si se imponen barreras demasiado rígidas sin un enfoque educativo complementario.

Asimismo, existe un debate sobre el papel que deben jugar la familia y los agentes educativos frente a medidas de corte legal: ¿deben ser los padres quienes regulen el uso de redes sociales en casa? ¿O es necesaria una intervención más estructural del Estado? Estas preguntas se han convertido en eje del diálogo público en medios y redes sociales en las últimas semanas.

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