El departamento del Gobierno encabezado por Sira Rego busca la vía para prohibir el acceso de menores de edad a corridas taurinas y otros espectáculos relacionados con la caza. El Ministerio de Juventud e Infancia pretende impulsar esta medida contra aquellos espectáculos que “ejerzan violencia contra los animales” por medio de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
Un marco de actuación que viene amparado por Naciones Unidas (ONU), después de que instara a España a impedir la participación y visita de menores en eventos taurinos y de caza tras el análisis realizado en Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en Ginebra.
La ministra Rego, a través de la red social Bluesky, ha afirmado que “niñas, niños y adolescentes no podrán participar ni asistir a eventos donde se ejerza la violencia contra los animales, como las corridas de toros. Así lo contempla la ampliación de la LOPIVI que proponemos desde el Ministerio de Juventud e Infancia”: "Con ello, cumplimos con lo que la ONU viene demandando a España desde el año 2018. La pasada semana tuve ocasión de exponer ante el Comité de Derechos del Niño que esta reforma es imprescindible para avanzar en la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia", ha defendido.
Niñas, niños y adolescentes no podrán participar ni asistir a eventos donde se ejerza violencia contra los animales, como las corridas de toros. Así lo contempla la ampliación de la LOPIVI que proponemos desde el Ministerio de Juventud e Infancia.
— Sira Rego (@sirarego.bsky.social) 27 de enero de 2026, 8:37
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Juventud e Infancia ha destacado que, recientemente, en el VII Examen del CDN a España, varios miembros de este organismo preguntaron a la delegación española, encabeza por Rego, sobre esta reclamación y la ministra informó al Comité sobre la incorporación de esta prohibición en la propuesta para ampliar la LOPIVI.
Además, ha explicado que, según contempla la exposición de motivos de la norma, "las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad".
En este sentido, ha reiterado que, "en cuanto a los riesgos psicológicos, la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a las personas menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional".
Juventud e Infancia ha ahondado, de la misma manera, en que presentó este texto completo hace ya varias semanas a los ministerios que implica la reforma. En varias ocasiones, Rego ha asegurado que la reforma "está lista, a falta únicamente de las últimas aportaciones del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes", para su aprobación en Consejo de Ministros.
Otras claves vertebradoras de la LOPIVI
Sin quedarse en este punto, Juventud e Infancia ha apuntado que el texto propuesto "pretende reforzar la prevención de las violencias contra la infancia y el acompañamiento y la reparación de los niños, niñas y adolescentes que la sufren".
Entre los puntos más destacados de la ampliación, se concentran la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos judiciales que les afecten, independientemente de su edad, establecida, en la actualidad, a partir de los 12 años.
Asimismo, se prevé la ampliación en diez años la prescripción de los delitos sexuales contra la infancia, de modo que el plazo de prescripción, que actualmente empieza a contar cuando la víctima cumple 35 años, no lo hará hasta que se cumpla 45.
Juventud e Infancia también ha situado el foco que se recoge la incorporación de la violencia de género al listado de delitos que impiden el ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad.
Finalmente, otro aspecto relevante de la norma estatal es el reconocimiento de la violencia institucional, que sería recogida por primera vez en una ley de ámbito estatal. Según Rego, esto supone que "toda omisión, retraso o práctica que comprometa la protección de las personas menores de edad sea identificada, investigada y reparada".
