El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona catastrófica para los territorios dañados por los incendios que en los últimos días están afectando a la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo.
El presidente del Gobierno lo anunciaba así el pasado lunes en su visita al Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila), en una intervención junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Consejo de Ministros creará también un Panel Científico de Acción frente a la Emergencia Climática. Se corresponderá con un órgano asesor del Ejecutivo compuesto, en palabras del responsable de la Moncloa, por los “mejores investigadores” de la materia con el objetivo de “ayudar a anticipar riesgos” y ser capaces de “desarrollar políticas públicas” frente al cambio climático”.
Prioridad a la emergencia climática
“Los datos son claros: la emergencia climática mata”, señalaba en las últimas horas Sánchez después de anunciar que su gobierno había aprobado “nuevas ayudas de diez millones de euros para financiar nuevos refugios, incluyendo centros educativos”.
Además, presentaba ayudas adicionales por valor de nueve millones de euros dirigidas al desarrollo y la consolidación de infraestructuras verdes para “avanzar en la renaturalización urbana y reforzar la preparación de nuestras ciudades en materia de transición ecológica”. Está previsto que el propio Sánchez hable después del Consejo de Ministros, según señalan fuentes a ElPlural.com.
El Gobierno intensifica los esfuerzos en materia climática con los datos encima de la mesa. El secretario general de los socialistas alertaba de que “en manos de 24 horas”, las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios en este año habían pasado de “130.000 a 150.000”, lo que implica multiplicar por seis la cifra del año pasado por estas mismas fechas. La situación, por lo tanto, poco menos que límite si se considera que el 2025 “ya fue un año particularmente grave en cuanto a las zonas afectadas como consecuencia de granes incendios”.
El sistema nacional de cobertura ante situaciones catastróficas recoge la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para aprobar el conjunto de acciones y medidas de ayudas a las entidades tanto públicas como privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad en la zona siniestrada.
El acuerdo para declarar una zona como catastrófica corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior o de Hacienda, pero también a otras administraciones públicas como pueden ser comunidades autónomas o ayuntamientos.
La vivienda, asunto pendiente
Con la vista puesta en los incendios, el Consejo de Ministros pospone el ‘macrodecreto’ de vivienda, su gran baza parlamentaria, por falta de apoyos. Entre las medidas que el Ejecutivo quer incluía el texto se encontraban una prórroga de los alquileres, que tanto PSOE como Sumar pactaron que se ampliara para aquellos contratos que expiran antes del 1 de julio de 2028.
Los socios se pusieron de acuerdo después de que el decreto lo tumbara el Congreso de los Diputados, pero finalmente el texto resultado fue retirado este lunes del orden del día de Consejo de Ministros ante la falta de una mayoría parlamentaria que garantice su posterior convalidación en la Cámara Baja.
Los incendios forestales registrados durante los últimos días han dejado uno de los balances más graves de los últimos años en España. De hecho, la presidenta de la región madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó el de la autonomía como el peor de la historia de Madrid, mientras que el de Ávila es el peor del país desde que se tienen registros.
Según los datos provisionales, el fuego ha arrasado cerca de 77.000 hectáreas en distintos puntos del país. El foco más devastador ha sido el de Burgohondo (Ávila), donde las llamas han calcinado alrededor de 50.000 hectáreas. Su magnitud ha obligado al despliegue de un amplio dispositivo de extinción y ha provocado importantes daños ambientales y materiales.
La emergencia ha afectado a unas 90.000 personas entre evacuaciones y confinamientos preventivos. Solo en la provincia de Toledo más de 5.000 vecinos tuvieron que abandonar sus hogares ante el avance de las llamas, mientras los servicios de emergencia continúan trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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