Carlos Mur, exalto cargo de Isabel Díaz Ayuso firmante de los bautizados como 'protocolos de la vergüenza' que impidieron derivar pacientes de residencias a hospitales durante la pandemia en Madrid, dio en septiembre una entrevista en la televisión pública de Andorra, donde reside y trabaja como psiquiatra, que ha rescatado ahora El País con el propósito de conocer su postura ante su declaración judicial sobre un asunto que se saldó con 7.291 víctimas mortales. En la conversación con los medios andorranos, Mur no dio nombres concretos, pero se refirió al hospital de campaña de Ifema, el Isabel Zendal, que absorbió a los sanitarios que estaban inicialmente destinados a medicalizar las residencias, y reconoció que es "muy probable" que hubiera negligencias.
Mur está siendo investigado por múltiples juzgados madrileños como autor de un supuesto delito de discriminación en el acceso a un servicio público, por el que declaró este pasado 26 de enero. "Sí, muy probablemente, sí hubo negligencia", respondía Mur en catalán al periodista Gabriel Fernàndez. "Fue precisamente por la falta de profesionales. Hay que entender la situación. Durante aquellos días llegamos a tener, por parte de atención primaria, 1.076 médicos de baja por la Covid y 973 enfermeras. Si, además, añadimos que se van a cerrar 37 SUAP (urgencias de barrio) en Madrid, que son los que daban cobertura a las residencias, y que llevaron a los 800 enfermeros y enfermeras y los 623 médicos de dichos servicios de atención primaria para montar el hospital de Ifema, son todos estos profesionales que no pudieron acudir a las residencias a prestar atención directa", justificó el directivo.
Preguntada por su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Mur respondía: "Habría que preguntarle a ella, no sé si está enfadada, pero puede que sí. Llevo sin tener relación con ninguna autoridad política desde hace años".
El "hombre de los protocolos"
Mur fue el firmante último de los 'protocolos de la vergüenza', las directrices que impidieron el acceso al hospital a miles de personas que vivían en las residencias bajo la presunción de que las propias residencias serían medicalizadas, lo que no llegó a funcionar como se esperaba. También fue él, huelga decir, quien alertó de que la medicalización no estaba funcionando, como reveló el citado medio con la publicación de un correo suyo en los inicios de la crisis. "No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables", advertía.
Al estallar la pandemia, Mur se desempeñaba como director general de la Consejería de Sanidad, encargado de conectar la red sanitaria pública con las 475 residencias de mayores de la región. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le encomendó la tarea de reunir a un grupo de geriatras de hospital para establecer un filtro exigente a las llamadas desde las residencias que solicitaban derivaciones. Aquella reunión tuvo lugar el 13 de marzo de 2020 y se tomó la decisión de elaborar unos protocolos que recomendaban el descarte de las personas con dependencias físicas o cognitivas, a cambio de reforzar médicamente las residencias con personal de Atención Primaria. Sin embargo, esos sanitarios fueron destinados al recinto ferial de Ifema, reconvertido en hospital de campaña a partir del 20 de marzo. Más de 1.000 profesionales de Atención Primaria engrosaron aquella plantilla, y Mur ha revelado que le preguntó a Escudero si los mayores de residencias irían a Ifema, pero este le respondió que no porque no tenían camas articuladas ni gerocultores.
Este lunes, Mur declaró como imputado por videoconferencia desde su residencia en el paraíso fiscal al norte de España. La vista estuvo cerrada a la prensa, pero la abogada de la acusación, Alejandra Jacinto, reveló que el exalto cargo había contado ante la jueza que no se medicalizó la residencia donde murió un hombre enfermo rechazado por el Hospital Gregorio Marañón.
"Si tuviera un mínimo de ética tendría que haber tirado de la manta hace años"
Dos asociaciones de familiares de las víctimas de estos protocolos, Marea de Residencias y 7.291 Verdad y Justicia, han pedido a Mur que "tire de la manta". Ocho jueces le han imputad y se espera aún conocer la fecha de nuevas citaciones. Cabe recordar que fue destituido en mayo de 2020, y su salida fue atribuida a las "renovaciones" de la Consejería que ocupaba. o atribuyó su salida a que estaba renovando la Consejería. Tras su marcha de Madrid, trabajó en su especialidad, la psiquiatría, en una clínica de Barcelona, y en enero de 2022 fue contratado por la sanidad pública andorrana como jefe de psiquiatría, un puesto que desempeñó hasta febrero de este año. En la actualidad regenta una consulta privada en el país montañoso.
En conversaciones con este medio de comunicación, la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, reacciona a las palabras de Mur alegando que "es de esperar que tire de la manta". "Sinceramente, es de esperar que lo haga, que tire de la manta y señale a los responsables. Pero si tuviera un mínimo de ética debería haberlo hecho hace cinco años, cuando declaraba por primera vez como testigo en las querellas de Marea de Residencias", afea la portavoz ante ElPlural.com. "En fin, nuestra perseverancia es a prueba de bombas, pensamos que tarde o temprano a cada cerdo le llegará su San Martín. Por eso esperamos que aunque hayan pasado casi seis años, cuente toda la verdad y señale a los máximos responsables", sentencia López.
