El periodista Javier Negre, fundador del pseudomedio Estado de Alarma (EDA TV), rechazó personarse ante la jueza en el marco de la causa que investiga al agitador ultra, Vito Quiles, por presuntos delitos de injurias y calumnias a razón de sus amenazas a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. Dicho panfleto digital ha incumplido la orden de la magistrada que instruye la causa y se ha negado a entregar la documentación que demostraría la relación contractual que mantiene EDA TV con Quiles, entre otros. Por tanto, Negre ha decidido desproteger a su “reportero de éxito” y se ha desmarcado de sus declaraciones y de su actividad “profesional”.
Durante el interrogatorio al que estaba citado Negre y al que finalmente acudió Javier García Isac, director general del Grupo de comunicación EDA TV, la magistrada le dio un plazo de 5 días para enviar al juzgado los contratos laborales de Quiles. García afirmó a la titular del juzgado de instrucción número 18 de Sevilla que el pseudoinfluencer Quiles lleva años siendo empleado del negocio de Negre y que ya mantenía un contrato laboral cuando se produjeron los hechos que han motivado la querella de Rubén Sánchez, en 2022.
Sin embargo, cumplido ese plazo, y según ha podido conocer ElPlural.com de fuentes cercanas al caso, los contratos no han sido entregados a la magistrada. La petición de la jueza se produjo en aras de conocer la “relación contractual” que existe entre el grupo de comunicación y el agitador ultra. Además, el pasado mes de octubre EDA TV se hico eco a través de redes de la renovación del contrato al agitador. “El presidente del grupo EDA TV, Javier Negre, renueva contrato al periodista Vito Quiles por su trabajo contra la izquierda”, rezaba aquel mensaje.
Sin embargo, Quiles ha defendido ser “un trabajador autónomo”, así como no tener ningún contrato “en ningún canal”. Fue a raíz de una información que señalaba que “el PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles”, cuando el agitador negó esta relación contractual. “Yo nunca he recibido un euro público, no estoy contratado en ningún canal y el PP no ha “pagado nada a nadie”, expuso en aquel momento Quiles.
El testimonio del directivo de Estado de Alarma, que está en la causa como posible responsable civil de las presentes injurias y calumnias vertidas por Quiles, tuvo lugar el pasado 12 de enero. Quiles lleva años construyendo un personaje: el del periodista valiente, aguerrido, censurado, el azote del poder. Un relato diseñado para convertir el bulo en prestigio y el odio en capital político. Un activista político regado con dinero público por decenas de ayuntamientos, administraciones y gobiernos, que incomoda, insulta y desprecia a rostros de la política del espectro progresista.
La querella de Rubén Sánchez
A razón de ello, Ruben Sánchez (FACUA) se hizo eco a través de redes, tras querellarse contra el agitador, después de que este se inventara, entre otras cosas, que mandó sicarios a domicilios. “Javier Negre no se ha atrevido a declarar ante la jueza que instruye mi causa por injurias y calumnias contra Vito Quiles. Ha enviado a Javier García Isac, que ha calificado de graves las afirmaciones de su reportero, pero ha asegurado que Quiles nunca ha hablado de mí en EDA TV”, comentaba Sánchez en un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales. Y es que, en su querella, el secretario general de FACUA señala que el empleado de Negre esparció una amplia lista de bulos, llegando a inventar que Sánchez tiene yates que "pone a nombre de terceros para ocultar sus bienes", que lidera una "organización criminal" dedicada a la extorsión y que "envía sicarios a las puertas de las casas de personas".
La denuncia de Sarah Santaolalla
No obstante, el futuro judicial de Quiles se asemeja a un campo de minas. Recientemente, la analista política y colaboradora de televisión Sarah Santaolalla, ha denunciado al agitador por un presunto delito de acoso. “Ya está bien de impunidad con estos fascistas”, ha asegurado Santaolalla.
En el plató de Malas Lenguas, programa de RTVE, la analista explicó que la demanda la ha interpuesto también “por el acoso al que he estado sometida por parte de Vito Quiles desde hace mucho tiempo, incluso incitando a chavales a llamarme chupapollas, a insultarme con vídeos lamentables en las puertas de las universidades intentando incitar y alimentar campañas de odio contra mi persona”.
“Creo que ya está bien de impunidad con estos fascistas. Hay que plantarse, no sólo mediáticamente y en las calles, sino también en los juzgados. Que les cueste pasta, y que les cueste condenas, acosar a mujeres y hombres en este país por pensar diferente y por señalar sus prácticas mafiosas”, agregó Santaolalla, incidiendo en que “estoy deseando que avance judicialmente el procedimiento para que, en este país, un juez condene a Vito Quiles y a toda esta panda de fascistas por acosadores”.
Y el Congreso imputa infracciones graves a Vito Quiles
Además, el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria del Congreso ha concluido que Quiles y Bertrand Ndongo han incurrido en infracciones graves en varios incidentes ocurridos en los últimos meses en la Cámara tras analizar las pruebas presentadas por los denunciantes. Así, ha remitido varios informes a la Mesa del Congreso para que estudie si procede sancionarlos con la suspensión de su acreditación como periodistas.
El asunto entra en la reunión que el órgano de gobierno del Congreso celebra este jueves, donde lo previsible es que se decida el nombramiento de un letrado como instructor del caso y que los acusados puedan presentar alegaciones.
En el caso de Quiles, los informes a los que ha tenido acceso el diario El Mundo describen dos episodios considerados graves por grabar en zona no autorizada del Congreso y difundir las imágenes por redes sociales
El primero de ellos, denunciado por la APP, se produjo el 11 de diciembre a la salida de un acto organizado por el Congreso. Quiles persiguió contra su voluntad al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y, más tarde, difundió en sus redes sociales dichas imágenes grabadas en una zona sin autorización para tomarlas.
El Consejo Consultivo considera que dichas acciones podrían constituir la comisión de dos infracciones graves, de acuerdo con los apartados b dos y b seis del artículo 98.6 del Reglamento de la Cámara.
El 20 de noviembre hubo otro episodio similar. "A pesar de ser advertido por funcionarios de la Cámara y por periodistas acreditados de que no estaba en un área autorizada para grabación, captó imágenes del presidente del Gobierno, contradiciendo además de manera flagrante su voluntad de ser entrevistado". Esas imágenes fueron después difundidas. El Consejo detecta tres posibles infracciones graves.
El reglamento del Congreso establece que más de dos infracciones graves en el plazo de un año las convierten en muy graves y la sanción puede acarrear la retirada de la credencial de entre tres meses a tres años o la suspensión total.
