“Ha llegado el momento de decir basta”. Alquiler Seguro enfrenta un juicio por honorarios encubiertos y retención de forma irregular de fianzas de los alquileres por la demanda presentada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid allá por 2024. En la jornada de este miércoles ha tenido lugar la audiencia previa en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, dando así respuesta a las demandas del sindicato y a la postura esgrimida por el Ministerio de Consumo. No obstante, uno de los factores de peso que ha trascendido es que la defensa de la empresa inmobiliaria corre a cargo de Eugenio Ribón, abogado y decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), hombre muy cercano a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Cabe recordar que estas conductas fueron denunciadas a su vez por el sindicato ante la Dirección General de Consumo, la cual salió adelante a finales de 2025, cuando la cartera ministerial de Pablo Bustinduy abrió un expediente sancionador contra la entidad inmobiliaria por vulnerar los derechos de los inquilinos y que aún queda a la espera de resolución en el horizonte próximo.
El Sindicato de Inquilinas ha recordado en un comunicado emitido este miércoles que el abogado de Alquiler Seguro, Eugenio Ribón, decano del (ICAM), es una persona “muy vinculada” a la presidenta del Partido Popular madrileño, reiterando que, en su trayectoria, “ha pasado de defender los derechos de los consumidores, actuando en nombre de los preferentistas contra grandes bancos como Bankia, a defender los abusos de empresas como Alquiler Seguro”.
En este sentido, han incidido en que, tras la aplicación de la Ley de Vivienda estatal desde mayo de 2023 en adelante, muchas entidades como Alquiler Seguro han buscado “artimañas” para continuar cobrando a los inquilinos “hasta un mes de alquiler más IVA”; una práctica que, en el caso concreto de esta empresa, camufla con “Servicio de Atención al Inquilino”, una atención que han denunciado como “inventada” porque los inquilinos “no reciben, no firman y del que no pueden desistir”, obligando así a pagar a los consumidores “una cantidad ilegal”.
En estos dos primeros años de proceso, el sindicato ha logrado “recuperar cientos de honorarios cobrados ilegalmente por las inmobiliarias” gracias al impulso de Consumo. En este sentido, han reiterado que estas prácticas no son casos aislados, sino que están en pleno apogeo en el mercado de la vivienda, ya tensionado y complejo de por sí.
“La organización colectiva de las inquilinas a través del Sindicato es la mejor forma de pararle los pies a estos estafadores. Hacemos un llamamiento a todas las inquilinas que se hayan visto obligadas a pagar honorarios en el último año a que se organicen y denuncien esta situación con el Sindicato de Inquilinas para acabar con todos los abusos que sufrimos frente a las inmobiliarias”, claman al término del comunicado.
Alquiler Seguro, al banquillo
Con este primer paso en los tribunales, en los que Alquiler Seguro se sienta en el banquillo a la espera de que arranque el juicio, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha logrado dar cabida a una realidad abusiva que ha de frenarse. “Cobraba de manera encubierta los honorarios prohibidos por ley, porque la ley de arrendamientos urbanos no permite cobrar los honorarios al inquilino”, asegura en declaraciones a ElPlural.com el abogado del sindicato Azael Babiano, reiterando que, pese a que ya se ha realizado la audiencia previa, el juicio no tendrá lugar hasta el 9 de febrero de 2028.
“La sentencia se va a hacer de esperar todavía unos años. La parte positiva es que la magistrada ha hecho un resumen de los hechos controvertidos y análisis de la demanda y creemos que se ha quedado bastante bien con lo que estamos denunciando y dará lugar a una sentencia positiva”, ha desgranado el letrado.
Por su parte, y después de dos años desde que se interpuso la demanda en 2024, desde el Sindicato de Inquilinas celebran este paso hacia delante: “No lo decimos únicamente nosotras: tras la presión que hemos realizado, el Ministerio de Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador que ha derivado en una multa de 3.600.000 euros por esas mismas prácticas abusivas”, ha agregado Rufina Parra, afectada y portavoz del sindicato.
“Ha llegado el momento de decir basta para quienes se hacen ricos a costa de abusar de las inquilinas, toda empresa que cometa prácticas abusivas debería cerrarse”, ha ahondado en declaraciones a este periódico, reiterando al paso que, desde su organización, harán “todo lo que esté en su mano para acabar con los abusos de las inmobiliarias”, vengan desde Alquiler Seguro u otras entidades.
