La Comunidad de Madrid mantiene cerca de 200 aulas escolares cerradas más que el año pasado, según los datos que maneja Comisiones Obreras (CCOO) y que el sindicato ha facilitado a ElPlural.com.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprovecha, como hace el de su homólogo en Andalucía Juanma Moreno Bonilla, el periodo de matriculación para actuar de esta manera, en su caso sobre 197 espacios: 88 de educación primaria y 109 de educación secundaria.
Aída San Millán, Secretaria General de la Federación de Enseñanza de CCOO, relata en declaraciones a este periódico lo que supone echar el candado a estos dos centenares de aulas antes del proceso de escolarización, lo que en la jerga educativa se conoce como “fase cero”. “Afecta de manera directa. Uno de los principales motivos que nosotros llevamos años denunciando es que una familia no va a solicitar un centro educativo si la oferta que tiene es de cero plazas”, traslada.
La responsable sindical asegura que las consecuencias no solo afectan al alumnado y las familias, sino también a los profesionales: “En el caso de educación infantil y primaria, cada aula que se cierra supone un docente menos; y en el caso de secundaria dos. Por lo tanto, si se cierran dos aulas en primaria, el año que viene tendrían tres docentes menos; y en el caso de secundaria, si se cierran dos aulas, se quitan cuatro docentes”. En el supuesto que concierne estas líneas, CCOO ubica en 350 profesores menos los que impartirán clase el próximo curso (132 en infantil y 218 en secundaria).
Los barrios obreros, de nuevo los más afectados
Como es habitual en términos educativos -y no solo- los barrios y las ciudades trabajadoras vuelven a ser las más afectadas por las decisiones de la Consejería de Educación.
La Dirección de Área Territorial (DAT) Sur se lleva nuevamente la peor parte, con 78 aulas menos del total de 197 a partir de septiembre, atendiendo a las cifras en las que ha trabajado CCOO para el informe que respalda estas líneas.
Los municipios más damnificados son Fuenlabrada y Alcorcón, en ese orden. Coincide, además, que estas localidades, como otras del sur, tienen cada vez una mayor oferta educativa mayor, ya que cada vez vive más gente fuera del centro de Madrid, aunque la vivienda y otros aspectos vitales sean poco menos que imposible también en la periferia. “La propia administración se contradice cuando habla de datos o ajustes poblacionales”, refrenda San Millán.
Los convenios también varían según el tipo de educación
El equipo de Ayuso usa ese término, el de “ajustes poblacionales” para justificar su gestión, pero CCOO desconoce en qué se basan, de dónde extraen los datos: “Ellos no pueden medir ni saber los movimientos geográficos porque en Madrid tenemos una cosa que se supone que es la libertad de centro”.
Con esto, recuerda la Secretaria General del sindicato, “yo puedo vivir en el Ensanche de Vallecas, pero decidir llevar a mis hijos a un colegio de Rivas”. Esto no pasaba durante la década de los 80, cuando se tenía en cuenta la cercanía de la residencia o que los hermanos estuviesen en el mismo centro. Ahora, por el contrario, puedo matricular a los estudiantes en un centro que esté, por no ir más lejos, cerca de mi centro de trabajo o de un domicilio al que me vaya a mudar.
Con todo, San Millán lamenta que no tiene sentido esta estrategia por parte de la Autonomía, salvo que priorice una “visión empresarial o de ganar dinero”. “Es evidente que en las zonas humildes las familias eligen mucho menos la educación privada o concertada”, proyecta.
En última instancia, arroja otro dato demoledor pero que a veces pasa desapercibido, y es que los trámites para cerrar aulas varían de un tipo de educación a otro. Concretamente, en la pública se puede hacer de un año para otro, ya que no existe ningún convenio que lo impida. “De hecho, si no hay diez niños matriculados en un aula de primaria, se cierra. Antes eran 12 porque las ratios eran distintas”, detalla la principal fuente de estas líneas.
Lo más llamativo en este sentido pasa por los convenios, ya no para las aulas privadas, sino para las concertadas, que en última instancia reciben dinero público. Seis años. “Y aunque se matricule un solo niño, tienen que permanecer abiertas”, secunda San Millán.
"En función de la demanda"
Preguntada por esta cuestión, desde la Consejería de Educación mantienen que "como cada año, se ha hecho una previsión en los centros educativos de la región que se ajustará a la demanda de plazas que se produzca durante el periodo de admisión". "Así, en función de esa demanda se pueden incrementar los grupos previstos inicialmente", apostillan.
