La Comunidad de Madrid siguió dando dinero a Madrid Network cuando sabía que la fundación creada por Esperanza Aguirre había dejado un agujero de 70 millones de euros. Concretamente, entre 2020 y 2024, la Consejería de Sanidad cerró al menos tres contratos con el calificado por la oposición como ‘chiringuito’ durante esos años.
La región, señala elDiario.es, defiende que “no existe ninguna relación con préstamos o financiaciones de la entidad”, sino que la relación “se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. Sostienen desde la administración Sol que las adjudicaciones “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector pública mediante la figura del contrato menor”, una herramienta que, mantienen, se utilizó “por un importe dentro de la legalidad” y “al tratarse de necesidades específicas”. Así responden al medio mencionado.
La cuestión se centra en el seno de los proyectos financiados por la Unión Europeo, habida cuenta de que el Gobierno de Ignacio González puso en marcha el reparto de 10,5 millones de euros en subvenciones cofinanciadas por la Unión Europea (UE) a pesar de que la Comunidad ya sabía que los préstamos concedidos en 2011 estaban cayendo. Durante el mandato de Cristina Cifuentes, la Comunidad firmó la extinción anticipada de los dos convenios; y lo anuló de forma prematura para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de los fondos.
35.000 euros en contratos menores
Los tres contratos, por valor de casi 35.000 euros, tienen por objeto social el asesoramiento a las fundaciones de los hospitales públicos 12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste en gestión económico-financiera. La asociación que presta el apoyo es la que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo una veintena han cumplido, o están en ello, los plazos de amortización.
Coincide que todos los contratos son menores y que llegaron cuando los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario se habían convertido en una máxima de la fundación. Para la recurrencia de estos impagos, continúa el periódico que ha tenido acceso a los datos, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos escogieron a Madrid Network, según la Consejería “por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”.
Este ‘chiringuito’ nunca ha hecho públicas sus cuentas y el ocultismo sobre ella por parte de la administración pública siempre ha obedecido a la tónica habitual. Sin embargo, parte de su documentación ha empezado a ver la luz en las últimas semanas después de que el Tribunal Supremo dictara un auto en el que obligaba a Madrid a ello. Antes, el equipo de Ayuso había interpuesto un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ya le forzaba a entregar las memorias anuales.
En esta primera ‘desclasificación’ aparecen 110 millones de euros, conexiones con el Partido Popular, con la nobleza a incluso con pseudoperiodistas que se habrían beneficiado durante años de una entidad que desde su nacimiento ha ido de la mano de la polémica.
De la mano de la polémica
Madrid Network, que nació con Aguirre, ha dejado varios puntos concretos especialmente polémicos. Uno de los más palpables se encuentra en los 80 millones de euros que la agencia recibió del Estado, entonces con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, para impulsar la I+D+I en la región. No obstante, la entidad dejó una deuda superior a los 50 millones de euros después no cumplimentar las devoluciones anuales acordadas.
Pese a ello, la administración Sol siguió manteniendo el espacio con dinero público. Por ejemplo, en 2023 obtuvo 106.974 euros para el mismo motivo procedentes de la UE, y un año después el montante ascendió hasta los 229.877 euros. Es decir, más de 300.000 euros en apenas dos años.
Además, destacaría la vinculación de Madrid Network con Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que recibió 1,8 millones de euros de la firma.
La región había echado el candado a las cuentas públicas y cualquier dato que pudiera comprometerla -a ella o a alguien de sus antecesores o de la formación- porque, a su juicio, hacerlo implicaría un daño real, claro y directo sobre los intereses económicos de numerosas empresas citadas” en los documentos.
El TS echó por tierra esta defensa al considerar que se trataba de una excusa genérica y que, al hablar de fondos públicos, la publicación “no puede impedirse sin una motivación específica y acreditada del perjuicio concreto” para las empresas implicadas.
