El Gobierno ha pasado una semana dura en lo parlamentario. La estabilidad aritmética en el Congreso, que desde que arrancó la legislatura es un dolor de cabeza para Pedro Sánchez, ha quedado más rota que nunca por la vivienda, que el presidente enarbola como bandera del Ejecutivo, pero que le ha valido esta semana uno de los momentos más críticos desde que llegó a La Moncloa. La caída del decreto con la prórroga de los alquileres el martes y la sesión de control el miércoles lo ejemplificaron en el Congreso, donde Sánchez, aún así, prometió resistir.
A sus tiranteces habituales con Junts, que volvió a bloquear una medida clave uniendo sus siete votos en contra a los de Partido Popular y Vox, se suma ahora una crisis inédita con el PNV. Los cinco escaños de los jeltzale eran una pieza del puzle parlamentario con la que el Gobierno siempre ha contado. Sin embargo, los nacionalistas han perdido la paciencia con la forma en la que se hacen las leyes, y ahora señalan directamente a Sánchez por ello.
Todo terminó de saltar por los aires el martes, unas horas después de su abstención al decreto de los alquileres, con el montaje del PSOE, que es socio de Gobierno del PNV en Euskadi, sobre el presidente de la formación, Aitor Esteban, con el que se rompieron unas relaciones que Sánchez tuvo que tratar de salvar en el Congreso al día siguiente.
Fue allí, en la sesión de control, donde el presidente aseguró que el Gobierno va a aguantar hasta 2027. Y más allá, porque el socialista llegó a decir que "lo que España necesita son otros ocho años de Gobierno progresista". Esto fue en su respuesta al diputado Alberto Catalán, de UPN, pero unos minutos antes se había producido el choque con la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, en el que Sánchez trató de reatar los lazos rotos el día anterior. El presidente contó con la "buena compañía" de los jeltzale para llegar al final de la legislatura, a la que, como volvió a insistir, le queda un año: "Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027", le dijo después a Catalán.
Junts pone más condiciones a su vuelta al ala del Gobierno
Pero hasta el momento de 2027 en el que está previsto que se celebren las próximas generales -a partir del mes de mayo- el problema seguirán siendo las matemáticas. La mayoría de investidura ya no es una realidad para Sánchez, un argumento en el que insiste cada vez más la oposición, y que refuerza Junts. La derecha catalana anunció en octubre la ruptura total de relaciones, y que votarían que 'no' a todo lo que saliera de La Moncloa.
Esto lo dijo su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, pero la historia tampoco cambió demasiado porque, en los meses siguientes, Junts votó a favor de algunas medidas -como la subida de las pensiones o las ayudas por la guerra de Irán- y tumbó otras, exactamente como venía ocurriendo desde 2023. Pero en lo discursivo, las tensiones sí que han ido a más. Nogueras le preguntó a Sánchez la semana anterior a la caída del decreto "qué argumento tiene para no convocar elecciones", y le acusó de legislar "de espaldas" al Congreso. Y los nacionalistas tuvieron también lo suyo con Sumar, después de que su líder, Yolanda Díaz, les acusara de ser un partido "clasista" y "racista".
La mayor brecha ideológica con los de Puigdemont está en materia de vivienda, en la que Junts se mantiene fiel a la burguesía catalana que conforma su electorado. Sin embargo, antes de votar en contra que se puedan prorrogar los contratos de alquiler, los nacionalistas llevaron la negociación con Sumar hasta el último momento, poniendo sobre la mesa unas medidas sobre las que el PSOE no se pronunció. Se trataba, entre otras cosas, de bonificaciones a los caseros de aquellas casas en alquiler a las que se aplicara la prórroga, una medida contraria al espíritu progresista del decreto, pero que los de Yolanda Díaz veían viable aceptar.
Esto fue el lunes, pero se llegó al martes sin el 'sí' del ala socialista del Ejecutivo y, por tanto, el 'no' de Junts en la votación. Es decir, el partido más de izquierdas del Gobierno le presentó a su socio mayoritario, supuestamente más centrado, unas condiciones que, ideológicamente, están más cerca del PSOE que de Sumar. Sin embargo, fueron los socialistas los que no les dieron luz verde, favoreciendo así la caída del decreto.
Cuando Sumar asegura que volverán a llevar el decreto al Consejo de Ministros "las veces que haga falta", como dijo el ministro Pablo Bustinduy nada más decaer el texto, se agarran precisamente a que, si se hubieran aceptado las condiciones de Junts, habría sido posible salvarlo. Y ahora, cuando se plantea cómo volver a hacerlo realidad, los de Puigdemont han aprovechado para pedir todavía más cesiones. A las bonificaciones a propietarios suman ahora que se excluya de la prórroga a los inquilinos morosos, una medida que va en la línea de su argumento de que las políticas de vivienda de la izquierda favorecen la okupación, y que las hipotecas se puedan volver a desgravar en el IRPF.
El PNV resta cinco a los cálculos de Sánchez
El choque con Junts ha sido habitual en los casi tres años que lleva esta legislatura, pero a lo que no acostumbra el Gobierno es a que el PNV sea más beligerante casi que el PP en una sesión de control, como ocurrió el miércoles. Aquello llegó apenas horas después de la abstención de los jeltzale al decreto, y de que el PSE-EE hubiera puesto en peligro las relaciones con el que es su socio de Gobierno en la región.
Los socialistas vascos negocian con el PNV un nuevo estatuto para Euskadi, una negociación que lleva tiempo encallada. El martes, el presidente de la Comisión Ejecutiva jeltzale (el Euzkadi Buru Batzar), Aitor Esteban, se mostró repentinamente optimista con un acuerdo, después de que el PSOE hubiera tendido la mano a EH Bildu para negociarlo. De esto se mofaron en X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde publicaron un montaje con inteligencia artificial con Esteban lanzándose a una piscina, con la frase "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto".
Esto cabreó enormemente a los nacionalistas, que ese mismo día ya había avanzado que se iban a abstener en la votación del decreto de los alquileres. Ni este pique, ni la cancelación de una reunión de Esteban con el Gobierno a raíz de él, aparecieron en el cara a cara entre Sánchez y Maribel Vaquero en el Congreso al día siguiente. La portavoz del PNV le preguntó al presidente "cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral", de lo que se infiere que no sitúa el final de la legislatura en un futuro inmediato.
"Usted sabrá", le dijo, "si quiere compañía o no". Aún así, Vaquero sí que fue muy dura con el Ejecutivo por abusar de la vía del Real Decreto-ley: "Además del fondo, hay que cuidar las formas", le advirtió. La potavoz aseguró que el Gobierno "va a encontrar" al PNV en "levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo", pero que este no será efectivo si no va acompañado de una legislación seria, y pasó a repasar "promesas incumplidas" con los vascos como la Ley de Secretos, y a señalar al presidente por la huelga de médicos.
El horizonte judicial acerca una moción de censura
El que también tiene la calculadora en la mano desde 2023 es Alberto Núñez Feijóo. Aunque Sánchez asegure que va a aguantar hasta el final, el líder del PP ve ahora cómo se le podrían abrir las puertas de La Moncloa antes de tiempo. La justificación para una moción de censura podría estar cerca. La primera sentencia del caso Koldo está a punto de salir del Tribunal Supremo, y si es condenatoria contra el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, podría ser la excusa perfecta para Feijóo. Fue precisamente la sentencia contra el PP por la Gürtel la que llevó a Sánchez a desalojar del Gobierno a Mariano Rajoy, cuya cúpula está señalada también ahora por el caso Kitchen.
Y Feijóo ya empieza a dar señas de que no soltará ese hueso si se lo lanzan desde el Supremo. "Si a esta hora Sánchez no se ha querellado, entonces de inventada nada", dijo el líder de la oposición este miércoles. La frase señala al presidente ante el testimonio del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en el Supremo unas horas antes. El empresario situó, sin pruebas, a Sánchez en el primer escalafón de la trama, algo que niegan desde Ferraz.
Y Feijóo no tardó en aprovecharlo con esa frase, con la que deja entrever que su discurso será el de que si el presidente no actúa frente a esas acusaciones, las está aceptando tácitamente. Este argumento le serviría de refuerzo en el supuesto de que Ábalos, exministro de Sánchez, sea condenado, que le abriría a Feijóo las puertas de una moción de censura para la que tiene, ahora más que nunca, posibilidad de reunir mayoría.
