El voto en contra de Junts al decreto con la prórroga de los alquileres, junto a la derecha y ultraderecha nacionales, reabrió este martes el debate sobre los partidos que legislan en contra de sus votantes. Los de Carles Puigdemont abrieron una última vía para cambiar de opinión, el lunes, poniendo sobre la mesa que PSOE y Sumar acepten su línea de propuestas en materia de vivienda. La izquierda ve con malos ojos las bonificaciones a los propietarios como forma de intentar paliar la crisis del alquiler.
Sin embargo, la derecha catalana es consecuente con su electorado, como revela una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió de 2025, que refleja los intereses de los votantes catalanes en esta cuestión. En esa región, Junts es el partido con menos inquilinos entre sus votantes, lo que explica por qué para ellos no es prioritario prorrogar los contratos de alquiler dos años y topar la subida del precio al 2%, como contemplaba el Real Decreto-ley al que votaron en contra.
Pero el sondeo revela también por qué sus contrapropuestas a la hora de negociar con el Gobierno se centran en quienes alquilan, y no en aquellos que viven de alquiler. Aunque la mayoría de los electores catalanes son propietarios, según los datos que recoge Eldiario.es, la confrontación legal entre inquilinos y caseros es más evidente entre los votantes de Junts que entre los de ninguna otra formación, pues son el partido con más propietarios de viviendas en su electorado.
Más propietarios y menos inquilinos que nadie
Uno de cada tres catalanes reconocía en la encuesta que acceder a una vivienda era un problema personal para ellos, además de que casi el 100% reconocían haber sufrido dificultades a la hora de acceder a ese mercado. El sondeo refleja, además de la situación en la que se encuentran, la opinión de los catalanes sobre la crisis de la vivienda, y qué medidas apoyarían. En general, el 69,3% de los encuestados eran propietarios, mientras que los inquilinos representan el 28,6%.
Cruzando los datos se dibuja el mapa de quiénes son y qué defienden los votantes de cada partido, que en el caso de Junts ayuda a entender por qué votan lo que votan en Madrid. Entre los encuestados que apoyan a los de Puigdemont, el 85,2% son propietarios de una o más viviendas, un poco por encima de sus rivales de Aliança Catalana -el partido de extrema derecha nacionalista-, formación en la que representan el 83,9%. Entre los votantes de todos los partidos, los tenedores son mayoría, representando el 79% de los de ERC, el 73,5% de los de Comuns, el 72,4% en el caso del PSC, y el 71,9% de los del PP.
Por debajo de la media están las opciones más alejadas ideológicamente, como los que votarían a la CUP, que son un 67,1% de propietarios; o a Vox, entre los que representan el 54,8%. Ocurre lo contrario si se mira a quienes viven de alquiler, que son mayoría -el 44%- entre los que votarían a la extrema derecha nacional. La otra cara de la moneda está en Junts, con solo un 13,8% de inquilinos entre su electorado, seguidos de Aliança (15,8%), ERC (19,2%), PSC (25,4%), Comuns (25,8%) y PP (27,1%).
Los datos los explica que la CUP y Vox son los partidos con los votantes más jóvenes, más dados a vivir de alquiler, mientras que otros como Junts, Aliança o el PSC representan más a la burguesía catalana de media edad, fundamentalmente propietaria. Esto también explica qué les preocupa a los votantes, ya que el 42,2% de los que apoyan a Junts tienen su vivienda pagada.
De los datos a las medidas
Analizar quién vota a Junts permite entender qué defienden, y por qué votan en contra de medidas de vivienda como la prórroga de los alquileres o la prohibición de desahuciar y cortar suministros a personas vulnerables, que tumbaron junto a PP y Vox porque, decían, fomenta la okupación. Los de Puigdemont solo responden ante sus propios votantes, lo que explica también las propuestas que mantienen como alternativa para apoyar el decreto que tumbaron este martes.
En Junts están dispuestos a apoyar un segundo decreto con la prórroga de los álquileres, según fuentes del partido catalán que cita El Mundo. Pero no sería gratis, como tampoco lo era el lunes, cuando se abrieron a hacerlo con el primero bajo unas condiciones que hasta Sumar consideraba viables, pero que no se aceptaron. Los de Puigdemont piden ahora que se excluya de la prórroga a los inquilinos morosos. Es decir, que aquellos alquilados que tengan mensualidades sin pagar a sus caseros no puedan acogerse a que se les congele durante dos años el precio de su contrato.
Junts exige también que el Gobierno tome en consideración en el Congreso una propuesta suya para que las hipotecas se puedan desgravar en el IRPF. En concreto, que los contribuyentes se puedan deducir hasta un 15% de su vivienda habitual, o un máximo de 11.630 euros cada año. Esta medida, que la derecha catalana considera "transversal", ya existía hasta 2013, y ahora quieren recuperarla y extenderla también a los alquileres.
Y además de estas dos medidas, Junts mantiene en pie la oferta que pudo salvar el decreto este martes. Los catalanes pusieron sobre la mesa de Sumar dos monedas de cambio. Por un lado, bonificaciones a los propietarios de pisos alquilados a personas que solicitaran la prórroga, así como que el Gobierno acepte aplicar su moción para eliminar el IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros.
