La izquierda estudia recurrir a los tribunales la decisión de la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, de excluir a personas estudiantes y migrantes que no estén empadronadas del bono transporte mensual.
En un primer momento, la baronesa anunció que la medida afectaría tanto a los españoles que vinieran a Madrid a estudiar desde otra región como a las personas extranjeras que no tuvieran padrón en la capital de España. Quedaban fuera de este castigo residentes de algunas zonas de Castilla-La Mancha o Castilla y León.
El pasado lunes, Ayuso daba marcha atrás a medias, prometiendo que buscaría acuerdos con las comunidades autónomas para que el alumnado que acudiese a la que ella gobierna no tuviera que estar empadronado aquí. Esto, de cumplirse, dejaría fuera de esta exclusión a los estudiantes y se centraría únicamente en la población migrante, así como a los trabajadores residentes en otros territorios que vienen a trabajar a suelo madrileño.
Respuesta en los tribunales
En cualquier caso, la izquierda ya prepararía una respuesta en los tribunales, tanto el Gobierno de España como formaciones autonómicas. De hecho, Izquierda Unida (IU) ha anunciado que registrará próximamente un recurso contencioso-administrativo en el que pedirá la suspensión cautelar de la medida. Mientras tanto, PSOE y Más Madrid estudian tambien qué pasos legales pueden llevar a cabo.
En última instancia, también el Ejecutivo español a través del Ministerio de Transportes, se encuentra estudiando la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid, según habrían adelantado desde el departamento de dirige Óscar Puente a El País.
El sistema de empadronamiento en Madrid no escapa al colapso, lo que convierte en poco menos que una batalla para muchas personas empadronarse. A sabiendas de esto, el Ayuntamiento de Madrid ha habilitado la vía telemática.
Las tres opciones que podrían tumbar principalmente la medida de la presidenta de la Comunidad de Madrid pasan por impugnar la norma en el seno del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), en el que está representado el Ministerio de Transportes; recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo o acudir al Tribunal Constitucional.
Por el momento, IU, que no tiene siquiera representación en la Asamblea de Madrid, ya ha movido ficha. De los partidos de Madrid que sí tienen representación, tanto PSOE como Más Madrid estarían analizando qué opción es la mejor, lo mismo que el Gobierno de España.
Qué dicen los partidos
Mar Espinar, portavoz socialista en la Cámara madrileña aseguró que “desde el Gobierno central se hará lo que se ha hecho siempre, tratar de subsanar las políticas discriminatorias de Ayuso”, tachando no solo de “discriminatoria” este punto, sino también “racista”.
A la vez que el Ministerio de Transportes estaría analizando la media para ver qué cabida legal tiene, Renfe emitió un comunicado el lunes en el que calificó de “injustificables” las restricciones de la región con mayoría ‘popular’, que “van en contra del objetivo de reducir el uso del coche”. Además, la decisión no había sido “comunicada ni consensuada” con ellos, tal y como subrayó la compañía, cuyo servicio de Cercanías está incluido en el abono. Por esta razón, pidió una reunión con la comisión de seguimiento.
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, adelantó que el equipo jurídico de su partido “analiza medidas legales” que darían a conocer en los próximos días. Sober la exclusión del bono transporte, dejó clara la opinión de su formación: “Van a hacer la vida más difícil a miles de personas y se ceban especialmente con los migrantes, que tienen cada vez más difícil empadronarse en Madrid por la falta de citas y el endurecimiento de los requisitos”.
Vox va más allá de esta medida. “Es insuficiente. Apostamos por el principio de prioridad nacional. No solo hay que establecer el empadronamiento. Hay que incidir en la prioridad nacional”, decía su portavoz madrileña, Isabel Pérez Moñino.
Con ese concepto, el de la “prioridad nacional” por delante, Vox podría exigir al PP en caso de que la gobernanza dependa de sus votos tras las próximas elecciones autonómicas impulsar un equipo dedicado a revisar el padrón y detectar fraudes.
Ayuso defiende que la medida busca defender “los recursos públicos de los madrileños”. Asimismo, ha destacado que la norma del Consorcio establece, desde 2011 “que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños". "Esto no afecta a los usuarios de provincias limítrofes con las que tenemos convenio (Castilla-La Mancha y Castilla y Leó). Y responde a otra realidad, el contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice, añadía.
“Teniendo ya un nuevo sistema tarifario plenamente consolidado, la Comunidad de Madrid va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes que desde 2011 nos dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños”, sentenciaba en las últimas horas la baronesa.
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