Estados Unidos ha pasado del respaldo diplomático a Marruecos sobre el Sáhara Occidental a la financiación directa de un proyecto empresarial en el territorio. La Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos, conocida por sus siglas USTDA, ha acordado aportar 5,7 millones de dólares para cubrir los estudios iniciales de una planta de amoniaco proyectada en El Aaiún, la principal ciudad saharaui bajo control marroquí.
Se trata de la primera financiación del Gobierno estadounidense para un proyecto privado en el Sáhara Occidental, según informó Reuters. El acuerdo fue firmado con la empresa promotora ORNX y servirá para sufragar trabajos preliminares de ingeniería. La instalación pretende producir aproximadamente 560.000 toneladas métricas de amoniaco al año mediante hidrógeno obtenido a partir de energías renovables.
Aunque la ayuda inicial se limita a los estudios técnicos, su importancia es fundamentalmente política. Washington está utilizando fondos públicos en un territorio cuya soberanía continúa sin resolverse internacionalmente. La decisión convierte en una actuación económica concreta el reconocimiento de las reivindicaciones de Rabat que Donald Trump aprobó en diciembre de 2020.
La firma también se produjo pocos días después de que Marruecos bautizara con el nombre de Donald Trump una carretera de aproximadamente 1.000 millones de dólares construida en el Sáhara Occidental. Durante el acto celebrado en El Aaiún, el embajador estadounidense en Rabat, Duke Buchan, proclamó que Estados Unidos estaba presente en lo que denominó el “Sáhara marroquí”.
Una inversión con más peso político que económico
La nueva ayuda no aparece de forma aislada. En septiembre de 2025, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, ya había anunciado que su Gobierno apoyaría a las empresas de Estados Unidos interesadas en operar en todo el territorio administrado por Marruecos, incluyendo expresamente el Sáhara Occidental.
Ese anuncio preparó el terreno para el acuerdo firmado ahora. Hasta este momento, el respaldo estadounidense se había concentrado principalmente en las declaraciones diplomáticas y en el reconocimiento de la soberanía marroquí. Con los 5,7 millones de dólares concedidos a ORNX, la Administración norteamericana introduce por primera vez recursos públicos en un proyecto privado situado físicamente en el territorio disputado.
La diferencia es relevante. Una declaración política puede ser revisada por una administración posterior. La creación de infraestructuras y de intereses empresariales consolida relaciones económicas más difíciles de revertir. También puede funcionar como una señal para otras compañías estadounidenses y europeas que todavía dudan sobre la seguridad jurídica de invertir en la zona.
El proyecto impulsado por ORNX busca aprovechar el potencial solar y eólico del territorio para producir hidrógeno renovable y transformarlo posteriormente en amoniaco. Este compuesto puede utilizarse como fertilizante, materia prima industrial o vector para transportar energía. La compañía sitúa la producción prevista en 560.000 toneladas anuales, una cantidad que convertiría la instalación en un proyecto industrial de gran escala.
La financiación actual no implica que la planta vaya a construirse automáticamente. Los fondos se destinan a estudios preliminares de ingeniería y viabilidad. Sin embargo, el respaldo de una agencia federal estadounidense reduce parte del riesgo político del proyecto y puede facilitar la posterior búsqueda de inversores, préstamos y compradores.
Un territorio que la ONU sigue considerando pendiente de descolonización
El avance económico de Estados Unidos no modifica formalmente el estatus internacional del Sáhara Occidental. Las Naciones Unidas mantienen el territorio en su lista de territorios no autónomos desde la década de 1960. Su proceso de descolonización continúa pendiente y la soberanía marroquí no cuenta con reconocimiento de la ONU.
Marruecos controla la mayor parte del territorio desde la retirada de España en 1975. El Frente Polisario, respaldado por Argelia, reclama la independencia y defiende la celebración de un referéndum que contemple esa posibilidad. Rabat, por su parte, solo acepta una autonomía limitada bajo soberanía marroquí.
Estados Unidos reconoció la posición de Marruecos durante el primer mandato de Donald Trump, como parte del acuerdo mediante el cual Rabat normalizó sus relaciones con Israel. La Administración estadounidense ha mantenido desde entonces esa decisión y considera el plan de autonomía marroquí como la única salida viable al conflicto.
Otros aliados occidentales han ido aproximándose a esa postura. Francia reconoce la soberanía marroquí y ha autorizado inversiones vinculadas al territorio. El Reino Unido respalda la autonomía bajo soberanía de Marruecos como base para resolver el conflicto, aunque no ha reproducido exactamente el reconocimiento estadounidense.
Estas decisiones han debilitado la capacidad diplomática del Frente Polisario, pero no han resuelto la cuestión jurídica. Tampoco eliminan la obligación de determinar si la explotación de los recursos naturales beneficia a la población saharaui y cuenta con su consentimiento.
Ese debate ha afectado durante años a acuerdos comerciales, agrícolas y pesqueros promovidos por Marruecos. El problema central es que una administración de facto no equivale automáticamente a disponer de soberanía sobre el territorio o sobre sus recursos.
La planta de amoniaco añade una nueva dimensión. No se trata únicamente de vender productos extraídos en el Sáhara, sino de levantar una instalación industrial de gran tamaño, utilizar recursos renovables locales y vincular su producción a mercados internacionales. La iniciativa puede crear empleo e infraestructuras, pero también contribuir a integrar económicamente el territorio en Marruecos antes de que se resuelva su estatus político.
Infraestructuras para afianzar la ocupación
Para el Gobierno de Mohamed VI, la financiación estadounidense representa una victoria que supera los 5,7 millones de dólares concedidos. La operación respalda la estrategia marroquí de convertir el control territorial en una realidad económica cada vez más difícil de cuestionar.
Rabat ha multiplicado durante los últimos años las inversiones en carreteras, puertos, energías renovables y explotación de fosfatos. Entre sus principales proyectos figura un puerto valorado en cerca de 1.000 millones de dólares, además de nuevas conexiones viarias y energéticas.
El objetivo es presentar el Sáhara como un espacio estable, atractivo para las empresas y plenamente incorporado a la economía marroquí. Cada nueva compañía extranjera crea un interés económico favorable a mantener el actual control del territorio. Cuando una potencia como Estados Unidos financia directamente una iniciativa, el mensaje para el mercado es todavía más claro.
La elección de El Aaiún para firmar el acuerdo tampoco es neutral. Celebrar allí el acto, en lugar de hacerlo en Rabat o Washington, supone asumir públicamente la administración marroquí del territorio. El lenguaje utilizado por el embajador Duke Buchan, que se refirió expresamente al “Sáhara marroquí”, reforzó el contenido político de la ceremonia.
Marruecos puede presentar además el proyecto como parte de la transición energética. Esta dimensión facilita que empresas y gobiernos extranjeros defiendan su participación por motivos climáticos o industriales, mientras dejan en segundo plano la situación jurídica del territorio.
Sin embargo, el carácter renovable de una inversión no resuelve el problema político. Una instalación puede producir energía limpia y, al mismo tiempo, contribuir a consolidar una ocupación territorial cuestionada internacionalmente. El debate no se limita a cómo se genera el hidrógeno, sino a quién controla el suelo, quién autoriza el proyecto y quién recibe sus beneficios.
España vuelve a quedar atrapada en su giro hacia Marruecos
La operación afecta directamente a España, tanto por su responsabilidad histórica como por su actual relación con Rabat. El Sáhara Occidental fue una colonia española hasta 1975, y el proceso de descolonización quedó sin completar tras la salida de España y la posterior ocupación del territorio por Marruecos y Mauritania.
El Gobierno de Pedro Sánchez modificó en 2022 la posición tradicional española al considerar la propuesta marroquí de autonomía como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. El giro permitió recomponer las relaciones con Rabat, pero provocó el rechazo del Frente Polisario, de Argelia y de buena parte de los socios parlamentarios del Ejecutivo.
La financiación estadounidense obliga ahora a Madrid a decidir cómo responde ante una política que va más allá de apoyar diplomáticamente el plan de autonomía. Washington está contribuyendo materialmente a una inversión situada en un territorio pendiente de descolonización.
España puede mantener silencio, respaldar la iniciativa por su componente renovable o defender que cualquier proyecto debe respetar el derecho internacional y los intereses del pueblo saharaui. Cualquiera de estas posiciones tendrá consecuencias.
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