“El bulo del culo de la semana viene cuando en el Ramón y Cajal resulta que es un señor el que está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima entre otras muchas lindezas se le conoce por reventarle el coche al jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos”. De esta manera respondía desde su escaño en la Asamblea la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la oposición cuando ésta se refería a la polémica del hospital público en el que presumiblemente se habrían maquillado listas de espera entre febrero y marzo de 2025.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, fue la primera en arremeter contra Martos. “Este caso es muy sencillo: el mismo denunciante es el que manipuló las listas de espera. Es un trabajador del hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos. Los responsables del centro lo detectaron y esta irregularidad fue apercibida por escrito para que la corrigiera”, pronunció al poco de conocerse la noticia.
Momentos después, Ayuso publicaba un tuit respondiendo a una noticia de OkDiario en la que el medio contaba que el denunciante estaba “encausado por destrozar el coche de su superior, el jefe del servicio de Traumotología, Basilio de la Torre, a quien ahora acusa de manipulación” y que “pesaba sobre él una denuncia por la que se enfrenta a una sanción de dos hasta siete años de inhabilitación, suspensión de empleo y sueldo”.
El denunciante había avisado a El País sobre el conflicto previo con de la Torre y asegura también en declaraciones a ElPlural.com que ahora no se encuentra encausado y que había sido absuelto de la acusación, aludiendo a sentencias absolutorias.
El jefe de servicio -uno de los señalados, el otro es Rafael Martínez, director médico del enclave-, por su parte, respondía a las acusaciones vertidas sobre el centro diciendo que el envío de la carta se debió a que detectó “una irregularidad” que debía ser subsanada, Según su versión, el correo publicado por El País no buscaba maquillar las cifras, sino que alertaba a su equipo de que las operaciones graves debían ser intervenidas “en un plazo máximo de 90 días”, conforme a la normativa, exigiendo que no se pospusieran más tiempo.
Alcalde de Móstoles
La del Ramón y Cajal no es la primera vez que el PP señala al que denuncia. El caso más reciente es, seguramente, el que tiene que ver con la acusación de una excompañera del alcalde de Móstoles, Juan Bautista, por presunto acoso sexual y laboral.
Los ‘populares’ de Madrid y la propia Díaz Ayuso han respaldado públicamente al regidor con palabras y gestos como el abrazo que se dieron ambos en el inicio del curso político. “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierne como lo está haciendo”, decía la presidenta de la Comunidad de Madrid antes del verano, con lo que empezó septiembre como terminaba julio.
Hasta entonces, la presidenta siempre ha cerrado filas con Bautista, hasta el punto de llegar a señalar que el relato de la víctima era un “bulo fabricado”, mientras que la hoy exconcejala denunció sentirse desamparada por su propio partido ante la falta de respuesta cuando alertó de lo que presuntamente estaba ocurriendo. Aseguró que cargos importantes en el PP de Madrid como el secretario general, Alfonso Serrano, o la ‘número tres’ de Ayuso, Ana Millán, le habían dado la espalda e incluso presionado para que no denunciara.
En otro orden de cosas, las únicas dimisiones las protagonizaron quienes dieron amparo a la víctima: el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Móstoles, Raúl Gallego, y la coordinadora de Digitalización y Nuevas Tecnologías del Consistorio, Victoria Moyano.
Residencias
En el marco del ‘caso residencias’, el Ejecutivo madrileño señaló también a su antiguo consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien denunció los denominados protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado de residentes a hospitales en la primera ola del covid.
La Comunidad publicó un documento oficial que tachó de “invento” la cifra de 7.291 fallecidos y le atribuyó “la falsedad” a Reyero. “(Fue apartado) por ineficaz”, aseguraron. Era mentira. El dato procedía de una respuesta oficial de la región a una solicitud de transparencia solicitada por InfoLibre.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid y la responsable de Sol han cuestionado también reiteradamente a las víctimas. Díaz Ayuso llegó a llamar “plataforma de frustrados” a estas personas, organizadas para tratar de buscar una justicia que todavía persiguen más de seis años después.
En su entorno, han sido varios los nombres que han intentado dar carpetazo al asunto o arremetido directamente contra los familiares. Todavía resuena entre ellos las palabras de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la lideresa autonómica, cuando Jordi Évole habló con hijos de fallecidos: “Comprobaremos si es verdad y cuántas veces al año visitaban a sus familiares”. Tras esta afirmación, vertió un bulo por el que después pidió disculpas: que la primera mujer que aparecía en el programa no tenía a su madre en una residencia de Madrid.
Gürtel
En el contexto de la denominada trama Gürtel, Ana Garrido, quien trabajaba como personal eventual en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, puso pie en pared, reunió documentos, declaró como testigo y colaboró con la Fiscalía Anticorrupción.
En 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó la condena al Consistorio por acoso laboral y los daños morales causados a Garrido. El Tribunal Supremo inadmitió en 2017 el recurso municipal y convirtió la condena en firme, siendo el organismo municipal obligado a indemnizar a la mujer con 96.000 euros.
En 2015 el Ayuntamiento denunció asimismo a Garrido por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos, una iniciativa que respaldaron los concejales del PP. Un año después, el procedimiento quedó archivado al no encontrar justificada la comisión de delito ni que existieran pruebas de que la persona que denunció la situación hubiese ocultado documentos para perjudicar el funcionamiento del ayuntamiento.
Doctor Montes
En marzo de 2005, apareció una denuncia anónima sobre supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. El documento provocó que la Consejería de Sanidad del momento apartara a Montes como coordinador de urgencias y trasladara los hechos a la Fiscalía.
Lo que dirimieron los tribunales, tres años después, no asociaba los hechos a su persona, de forma que la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el archivo de la causa. Ese año, Miguel Ángel Rodríguez le llamó “nazi”, lo que le costó que en 2011 fuera condenado por un delito continuado de injurias graves con publicidad.
El exconsejero Juan José Güemes mantuvo que, si bien no se había podido probar judicialmente la relación, podían haber existido prácticas inadecuadas. Entretanto, la consejería mantuvo expedientes abiertos contra varios médicos.
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