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Tribunales

El “no nos amordazarán” del Gobierno se extiende entre los jueces progresistas: “El sistema judicial trabaja demasiado poco en la imparcialidad”

Expertos cuestionan en declaraciones a ElPlural.com decisiones judiciales últimas en consonancia con compañeros que habían mostrado su "honda preocupación" por la resolución sobre la 'ley de nietos'

Imagen de jueces. EP/Archivo.

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Jueces y fiscales expresaban poco después de la decisión cautelar del Tribunal Supremo que impide votar a parte de los españoles nacionalizados mediante la llamada ‘ley de nietos' su "honda preocupación" por la resolución.

Este ha sido seguramente el mayor punto de fricción del Gobierno de España con el Poder Judicial en las últimas semanas, un choque que se produce en medio de la crisis migratoria que acontece en Ceuta como consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

Sin embargo, si se alude a los últimos días, además de estas dos cuestiones cabría tener en cuenta las críticas del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que recurría en el marco de sus quejas contra el juez Juan Carlos Peinado que el organismo archivó. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, o el propio Bolaños, pero también otros miembros del Gobierno como el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, o la portavoz socialista Montse Mínguez, han criticado actuaciones judiciales que han protagonizado parte de la actualidad de Tribunales de la última semana. Pero, ¿qué dicen los expertos?

Hablan dos especialistas

Voces progresistas del lado jurídico con las que ha hablado este periódico muestran asimismo su descontento o, al menos, plantean dudas respecto del buen hacer de, a menos, parte de la Justicia con los sucesos que marcan la actualidad.

Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional, considera que “Vox, el PP y el Tribunal Supremo nos quieren intentar convencer de que detrás del exilio que se produjo durante la Guerra Civil o en los años inmediatamente posteriores… No se sabe. Que estas personas tienen que demostrar que se exiliaron por motivos políticos, y si no tienen pruebas, como sucede en la mayoría de los casos debido a la complejidad de lo mismo, no pueden recuperar la nacionalidad española”. Así, el igualmente catedrático de Derecho Constitucional considera que “el punto de partida de todo es una negación de la dictadura franquista como lo que fue”.

Ramiro García de Dios, quien fuera juez durante más de 30 años, considera que la decisión cautelar del Supremo es “arbitraria”. “La sentencia ignora legislación sobre la materia y supone un ataque frontal al significado y alcance del derecho fundamental al voto en virtud de la nacionalidad española”, proyecta.

Miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, llega a hablar de ejemplo de ‘lawfare’ contra el Gobierno. “Trata de desacreditarlo, deslizando el bulo de que los descendientes de exiliados o emigrantes españoles podrían alterar el resultado electoral y que todo está hecho para inflar el censo artificialmente para que voten”. “Es un disparate, un delirio”, define.

Urías aprecia que existe un fallo de base, en tanto en cuanto “no tiene claro que la instrucción sea un exceso en la ley”. “Se asume que la instrucción permite dar la nacionalidad, aunque no sea por motivos políticos. Yo creo que hay un error de concepto en el debate público porque no lo percibo así; sino como una instrucción interpretativa que establece una presunción, pero no absoluta”, desgrana.

“La instrucción dice que en España entre 1936 y 1955 prácticamente no hay exilio económico, con lo que se asume que todas las personas que se fueron lo hicieron por motivos políticos, pero el encargado del registro puede entender en cada caso que no fue así y, por tanto, no dar la nacionalidad”, detalla.

El punto de partida de todo -la polémica con la 'ley de nietos'- es una negación de la dictadura franquista

Preguntado por lo relativo a Ceuta y cómo percibe la situación de la Justicia en términos generales, Joaquín Urías apela a la utilización del concepto “lobo solitario” empleado por López también esta semana: “A lo mejor la expresión no fue la más acertada, pero la idea sí (…) Pienso que en España no hay un grupo de jueces que se ha unido para intentar tumbar al Gobierno, pero sí es verdad que el sistema judicial español trabaja demasiado poco en la parcialidad; fomenta que los jueces puedan tomar decisiones subjetivas e ideológicas. Y algunos jueces lo están aprovechando”.

En lo que se refiere a la ciudad autónoma, Urías opina sobre el pasado político (PP) de la magistrada que investiga la crisis del territorio, María Tardón. “Plantea un problema, ella y muchos otros, de puertas giratorias que está muy mal resuelto en nuestro país (…) Cuando alguien ha pasado por la política sus ideas están muy claras, y es razonable que la ciudadanía piense que en determinadas decisiones se ha dejado llevar por su ideología”.

“Creo que se está intentado buscar una responsabilidad jurídica del Gobierno que no existe”, aprecia. “No está claro que detrás esté Marruecos, ni la jueza tiene ningún indicio para investigarlo, y mucho menos para intentar involucrar al delegado de Gobierno o a ningún representante del Ejecutivo. Se los está inventando porque así se monta una causa judicial en la que parece que el Gobierno no respeta la soberanía española y que no defiende a Ceuta”, concluye.

"Lobos solitarios"

Las reacciones no se hicieron esperar tras la intervención de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, quien, coincidiendo con el inicio del año judicial, lamentaba las “descalificaciones” de “quienes ejercen responsabilidades institucionales” hacia los magistrados y exigía respeto a las decisiones judiciales que, aseguraba, se toman “sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo”.

Puente era uno de los miembros del equipo de Moncloa que se refería a estas declaraciones. El ministro de Transportes consideró, en una entrevista concedida a TVE, que estas “apelaciones genéricas” de Perelló supone pedir a los políticos que se pongan “una venda” y “una mordaza” para “no ver lo que está sucediendo” en sectores de la judicatura.

El asimismo ex alcalde de Valladolid mantuvo el choque con la Justicia a medida que avanzaba la semana. El pasado martes opinaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) actúa desde un “corporativismo” -mismo término empleado por Bolaños para criticar que el CGPJ no sancionara a Peinado- alejado de la “realidad” después de que la agrupación de la judicatura defendiese la decisión del Supremo de paralizar cautelarmente la instrucción de la ‘ley de nietos’.

La AJFV señalaba que las críticas del Gobierno hacia el Supremo suponen “descalificaciones que trascienden la legítima crítica a una resolución concreta", a lo que Puente respondía: "Lamentablemente, desde luego, no nos conduce a pensar que algunas decisiones que está tomando la justicia de este país son imparciales y no quieren inmiscuirse en la política".

También verbalizó sus críticas, por ejemplo, en ‘La Hora de la 1’, donde el ministro consideraba el jueves como “inexplicable” lo de “suspender el derecho a voto de un número de españoles cuya nacionalidad se niega”.  Asimismo, mostraba su “sorpresa”, aunque desde la prudencia, por la decisión en primera instancia de la Audiencia Nacional de paralizar la instalación del campamento para migrantes en el Puerto de Ceuta. Después, el organismo  permitió al Gobierno la apertura del campamento.

No nos conduce a pensar que algunas decisiones que está tomando la justicia de este país son imparciales

Por su parte, Bolaños afianzaba desde su escaño, durante la sesión de control al Gobierno, su desacuerdo con la decisión de Alto Tribunal sobre la 'ley de nietos', en su caso en respuesta a Pepa Millán (Vox): “Están encantados de que haya 400.000 personas en España que no puedan votar. A ustedes les gustaría que hubiera 50 millones de españoles que no pudieran votar”.

El ministro de Justicia sostenía que se le ha “quitado el voto” a personas que votaban al PP, porque “cuando se recontó el voto CERA, el PSOE perdió un escaño y lo ganó el PP”. “Han quitado el voto a personas que votaron en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura… porque quieren una España en la que haya españoles de primera y de segunda”.

En el transcurso de la semana, López tachaba de “salvajada” y “atropello” el auto del Supremo sobre la normativa y acusaba a algunos jueces de comportarse como “salvapatrias” cuyo objetivo pasa por derrocar al Gobierno, así como “lobos solitarios” que, de algún modo, siguen el “quien pueda hacer, que haga” de José María Aznar.

La portavoz socialista Montse Mínguez evitaba repetir literalmente estas expresiones, seguramente las que más revuelo han generado en los últimos días, pero mantenía la dirección. “Tenemos ojos en la cara y estamos viendo lo que estamos viendo”, señalaba. Cabe destacar que los ministros de Sumar también han reprochado la decisión del Alto Tribunal.

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