El Gobierno responde a las decisiones judiciales con las que no están de acuerdo que han tenido lugar en las últimas semanas. En el escenario actual, marcado por la crisis migratoria de Ceuta, el Ejecutivo ha contestado en tromba a otras resoluciones como la emitida por el Tribunal Supremo sobre la conocida como ‘ley de nietos’.
No es ningún secreto que la tensión entre Moncloa y Poder Judicial lleva tiempo siendo elevada, pero algunas cuestiones como los autos del Alto Tribunal sobre la mencionada normativa no han hecho sino aumentarla o, al menos, mantenerla.
El malestar con la altas instancias judiciales se ha verbalizado por medio de ministros como el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien señaló que hay jueces que “se empeñan en tumbar al Gobierno” y que “son salvapatrias”. El máximo responsable de los socialistas madrileños llegó a asegurar que “hay lobos solitarios que atienden a la llamada de Aznar”.
La portavoz del partido, Montse Mínguez, es otra de las personas que se ha pronunciado en unos términos de algún modo similares. “Tenemos ojos en la cara y estamos viendo lo que estamos viendo”, dictó, mientras pedía “independencia” a la Justicia; una “independencia” que, dice, “no significa inmunidad”. “La Justicia debería aparentar al menos ser independiente”, emplazaba.
Otros miembros socialistas como el ministro de Transportes, Óscar Puente, se han dirigido en términos contundentes a organismos o personas del gremio. El que fuera alcalde de Valladolid se mostraba especialmente directo con el hecho de que el magistrado del Supremo, Antonio Narváez, ponente a su vez encargado de redactar la resolución sobre la norma, animara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro que mantuvieron el gallego y fiscales en 2023.
Félix Bolaños y Juan Carlos Peinado
De los casos que afectan a una persona concreta cabría destacar la decisión que en las últimas horas ha adoptado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, de recurrir la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar las quejas que presentó ante el mismo organismo contra el juez Juan Carlos Peinado, magistrado que ha investigado a Begoña Gómez.
Bolaños cargó duramente contra el organismo por su “corporativismo”, su “conservadurismo” o su “falta de agilidad, rigor y defensa del interés general” al considerar que su actuación frente a las presuntas “irregularidades” cometidas por el togado y denunciadas por el ministro de Justicia “no han recibido la respuesta jurídica que cabía esperar del órgano al que constitucional y legalmente se encomienda el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre jueces y magistrados”.
Los hechos tienen que ver con el momento en el que Juan Carlos Peinado tomó declaración a Bolaños como testigo y pidió al Alto Tribunal que le investigara por malversación y falso testimonio. Esa petición se desestimó, pero el ministro de Justicia denunció también presuntas filtraciones de escritos a la prensa antes de que se notificaran a las partes.
Ceuta y la ‘ley de nietos’
En cuanto a Ceuta, las novedades judiciales tienen que ver con la intención de la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón para centralizar toda causa judicial relacionada con la entrada masiva de personas migrantes de finales de julio.
Así las cosas, el pasado lunes requirió formalmente al Juzgado de Instrucción número 6 que valore inhibirse a favor del Alto Tribunal en la causa iniciada contra el delegado del Gobierno en la ciudad ceutí, Miguel Ángel Pérez Triano.
La jueza designó a la formación extraparlamentaria como líder de las acusaciones populares, mientras que entre las populares se encuentran desde principios de esta semana el Estado y el Gobierno de Ceuta.
En la causa, que todavía dirige el juzgado ceutí, la asociación ultra Hazte Oír pidió un careo entre Pérez Triano y su jefe de gabinete, quien habría mantenido conversaciones con un cargo del CNI en el que el servicio de inteligencia le avisaba de una convocatoria en redes sociales. Pérez Triano aseguró no saber de esas conversaciones, descartó dimitir y redujo el aviso a “un simple intercambio de información”, siempre amparándose en que él “no sabía nada”.
En lo que respecta a la denominada ‘ley de nietos’, supuso un nuevo choque entre el Gobierno de España y la Justicia después de que el Tribunal Supremo paralizara de forma cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la mencionada ley.
La decisión se producía después de estimarse parciamente la medida cautelar solicitada por Vox y por Iustita Europa en los recursos presentados contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), que señaló que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía sus competencias.
El Supremo defendía la medida adoptada en favor de preservar la “transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados” ante la “magnitud” del aumento del censo. La decisión provocó una oleada de reacciones de los ministros tanto del PSOE como de Sumar, mientras que fue aplaudida por el PP y la ultraderecha.
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