Alberto Ruiz-Gallardón volverá este martes a primera línea de la actualidad judicial. El que fuera presidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003 y ministro de Justicia durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy declarará como testigo en el primer juicio derivado del ‘caso Lezo’, una macrocausa que comenzó a investigarse hace una década.
La vista se centra en la operación mediante la que el Canal de Isabel II adquirió en 2001 el 75% de la sociedad colombiana Inassa, dentro de la estrategia de expansión internacional de la empresa pública madrileña. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la adquisición pudo realizarse con un sobreprecio y en perjuicio de las arcas públicas.
El instructor de la causa, el ya jubilado juez Manuel García Castellón, envió a juicio a 22 personas, entre ellas los antiguos consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, que habían trabajado junto a Gallardón. Sin embargo, el propio expresidente madrileño quedó fuera del procedimiento durante la instrucción.
García Castellón archivó las actuaciones contra Gallardón y también descartó la responsabilidad del expresidente Ignacio González en esta pieza concreta. En el caso de González, la decisión estuvo relacionada con el hecho de que todavía no ocupaba la Presidencia del Canal de Isabel II cuando se cerró la compra de Inassa.
Una operación de 73 millones de dólares
Según la Fiscalía Anticorrupción, el Canal pagó 73 millones de dólares por Inassa mediante una sociedad radicada en Panamá denominada Aguas de América (SAA). La operación formaba parte del desembarco internacional que la empresa pública madrileña inició en Colombia en 2001.
La acusación sostiene que el procedimiento utilizado para ejecutar la adquisición no se ajustó a lo que había sido autorizado. Para ello se creó Canal Extensia, una sociedad participada en un 75% por el Canal de Isabel II y en un 25% por la empresa valenciana Técnicas Valencianas del Agua.
La compra necesitaba, además, dos autorizaciones: primero la del consejo de administración del Canal de Isabel II y posteriormente la del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El Ministerio Público considera que la operación estuvo «plagada de ilicitudes» y que, en realidad, la adquisición se realizó de manera indirecta a través de Aguas de América. En esta sociedad se encontraban, entre otros activos, el 75% de Inassa y el 51% de la dominicana Watco.
La Fiscalía reclama penas de hasta siete años
El primer juicio del ‘caso Lezo’ busca determinar si se produjo un sobreprecio en la compra de Inassa que habría perjudicado a las arcas públicas.
Para Pedro Calvo y Juan Bravo, Anticorrupción solicita siete años de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por delitos de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación.
Para los otros 20 procesados, entre los que figuran técnicos, antiguos consejeros del Canal, gestores e intermediarios, la Fiscalía reclama penas de entre seis y siete años de cárcel y de 12 a 15 años de inhabilitación absoluta por los mismos delitos.
Además, el Ministerio Público solicita que los 22 acusados respondan conjuntamente y de forma solidaria de la responsabilidad civil derivada de la operación. En concreto, reclama que indemnicen al Canal de Isabel II por algo más de 19 millones de euros, cantidad que correspondería al supuesto sobreprecio abonado, sin descartar que pueda elevarse durante las conclusiones definitivas.
El origen de la operación en Colombia
Inassa había sido creada en 1996 y pertenecía a Aguas de Barcelona (Agbar) y a varios socios locales colombianos. Entre sus principales activos se encontraba Triple A, la sociedad encargada del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, cuyos ingresos procedían de la concesión municipal otorgada por el Ayuntamiento de la ciudad.
Para Anticorrupción, el problema estuvo precisamente en la forma en la que se estructuró la operación. La Fiscalía sostiene que se pagaron fondos públicos por activos que no habían sido autorizados ni valorados y que no aportaron ningún beneficio a la Comunidad de Madrid.
El Ministerio Público considera que el supuesto sobreprecio y la inclusión de esos activos provocaron un «desvío de los fondos públicos destinados a su pago».
En este contexto, la declaración de Gallardón como testigo permitirá conocer su versión sobre una operación que se gestó durante su etapa al frente de la Comunidad de Madrid, aunque la investigación contra el expresidente madrileño fue archivada durante la fase de instrucción y no figura entre los procesados de este primer juicio.
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