El ático de Chamberí se construyó en 1956 "sin la licencia correspondiente"

El ático de Chamberí que la Comunidad de Madrid compró en abril, para que Isabel Díaz Ayuso lo utilizara como oficina temporal, se terminó de construir en 1956, a pesar de no contar con “la licencia correspondiente”. El inmueble es ahora el más famoso de Madrid por el escándalo que rodea a la presidenta, pero su historia es la de más de 70 años de obras irregulares y expedientes administrativos.

El edificio, situado ahora en el número 35 del paseo del General Martínez Campos, se terminó en 1955. Los planos que figuran en el Archivo del Ayuntamiento de Madrid, y a los que ha tenido acceso ElPlural.com, revelan cómo se suprimió “el segundo ático” en la construcción final. Entonces se trataba del número 31 de la calle en el barrio de Chamberí, en la esquina con el número 64 de la calle Zurbano.

Ya entonces hubo posibles irregularidades, pues la dirección del Museo Sorolla -situado justo al lado en la calle Zurbano, en la que fue la casa del mítico pintor valenciano- alertó al arquitecto de que las obras que estaban en marcha podían causar “deslizamientos de un terreno con poca garantía”. Sin embargo, el edificio se terminó a lo largo de ese año.

El Ayuntamiento sentenció el ático: “No cumple con las ordenanzas municipales”

Lo interesante ocurrió un año después, cuando se construyó ese segundo ático, con un presupuesto de 634.800 pesetas. Los planos permiten observar la planta en la que se proyecta la polémica terraza, en la que una década más tarde se construyó un invernadero ilegal. 70 años después, la Comunidad de Madrid pagó 6,3 millones de euros por el inmueble -sin licencia de oficina- para que albergara el despacho de Ayuso, y ofreció hasta tres versiones distintas de cuánto mide esa terraza.

De vuelta a 1956, entre los expedientes figura un oficio que la secretaría general de Fomento del Ayuntamiento de Madrid dirigió al arquitecto responsable de las obras del segundo ático. El diseñador, que era también director gerente de SAMARGA, la empresa encargada, había solicitado la “licencia de construcción” para esas obras. En nombre del alcalde, entonces el Conde de Mayalde, José Finat y Escrivá de Romaní, se le instó a paralizar las obras.

Entonces era tarde, pues según el propio documento, el ático estaba “terminado en obra gruesa, habiéndose efectuado esta sin la licencia correspondiente”. Es decir, no solo se solicitó el permiso cuando las obras ya habían comenzado, sino que la parte más importante de esta ya estaba terminada cuando se resolvió el expediente.

El oficio detalla el motivo por el que no se concedió la licencia: “No cumple con las Ordenanzas Municipales en cuanto a altura libre, que excede en 0,50 metros de lo permitido, no cumple los retranqueos laterales a medianería y no deja las luces rectas reglamentarias en los patios”. Según el portal ‘Urbanismo y Arquitectura’, el retranqueo es la distancia mínima obligatoria entre la edificación y los límites de la parcela, mientras que la medianería es el límite que comparten dos propiedades.

De la obra “sin licencia” al invernadero ilegal en la terraza: 70 años de irregularidades

“Por tanto, es preciso que se abstenga de realizarlas”, termina el oficio. Sin embargo, las obras terminaron y el segundo ático de General Martínez Campos 31 -cambiado en los años siguientes al 35- fue una realidad. A lo largo de los siguientes 70 años, el apartamento acumuló decenas de páginas de expedientes, que revelan una denuncia de 1964 al invernadero construido en la terraza.

Parte del exterior del ático se cubrió con una cristalera, “incumpliendo” de nuevo “ordenanzas municipales”. En enero del año siguiente, el Ayuntamiento ordenó a la propietaria “su demolición”, antes incluso de decidir qué sanciones le impondrían la Junta Municipal del Distrito de Chamberí y la Policía. Entonces, la titular del piso, según su propia alegación, pidió a un arquitecto que solicitara la legalización de esas obras.

El técnico solicitó la obra en un documento que describe la construcción. “Aprovechando la existencia de una amplia terraza, se han montado unos paneles metálicos acristalados, retranqueándose del peto de esta terraza 2,15 metros, exactamente igual que la altura a que se levanta este segundo ático, y cubriéndose con una cubierta ligera de uralita”, expone.

Las obras en el ático desde 1964 no cuentan con licencia

El Ayuntamiento denegó la legalización de la obra en mayo, y el arquitecto pidió reabrir el expediente alegando que “no se trata de una edificación definitiva, sino de una instalación provisional de invernadero”. Sin embargo, la sección de Edificaciones Privadas del consistorio ordenó en julio el derribo de “las obras realizadas sin licencia municipal”, y advirtió de que, si no se desmontaban en quince días, la propietaria, el arquitecto y el gerente de la decoradora se exponían a sanciones administrativas.

Sin embargo, en octubre el invernadero seguía ahí, según le notificó el arquitecto jefe de la zona de la sección de Edificaciones Privadas a la Dirección de Urbanismo y obras del Ayuntamiento. Fue entonces cuando los implicados alegaron que la cristalería se instaló “con el consentimiento unánime de la comunidad”. La propietaria recurrió bajo el pretexto de que el invernadero “no forma parte íntegramente de la vivienda”, y que “con motivo de la primera denuncia, que no fue por obra abusiva sino por obra sin licencia, encargó a un arquitecto la legalización de estas obras, conforme al consejo recibido de los técnicos municipales”.

Todo se resolvió en febrero de 1966, cuando el arquitecto jefe sentenció que “toda obra hecha sin licencia es abusiva” e impuso a la propietaria una sanción de 5.000 pesetas, volvió a ordenar el derribo del invernadero, y exoneró al gerente y el arquitecto.

Las polémicas en torno al ático del 35 de General Martínez Campos quedaron enterradas durante 41 años, hasta que en 2007 se hicieron unas obras para cerrar de nuevo la terraza que no se declararon al Ayuntamiento, según publicó laSexta. En 2015, el consistorio ordenó a la propietaria que se lo vendió a la Comunidad de Madrid, la escritora Astrid Gil-Casares, que se abstuviera de “realizar la actuación consistente en Obras de acondicionamiento puntual en vivienda”. La Junta de Distrito, como hiciera en los años 60, explicó a la escritora que “no existe licencia que ampare parte del cuerpo de edificación”.