Nuevo choque entre el Gobierno de España y la Justicia, esta vez como consecuencia de la paralización de manera cautelar por parte del Tribunal Supremo del voto para la personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada ‘ley de nietos’.
La decisión ha provocado malestar en el seno del Ejecutivo central, sobre todo después de conocerse -o recordarse, pues El País ya publicó información relacionada con ello hace unos años- que el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Narváez, ponente a su vez encargado de redactar la resolución, animó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro que mantuvieron el responsable del principal partido de la oposición y fiscales en 2023.
En aquel encuentro, una cena, el también exmagistrado del Tribunal Constitucional habría aireado el bulo de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría servirse de la empresa Indra para llevar a cabo un pucherazo, o habría advertido de los pactos que el PSOE de Euskadi (PSE) estaría perfilando con los “filoetarras”, en relación a Bildu.
Óscar Puente, el más contundente
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha sido seguramente quien ha verbalizado de forma más contundente ese malestar. Lo ha hecho a través de X, centrándose, precisamente, en los hechos relatados. “Solo nos queda el voto para pararles”, deslizaba en una de sus publicaciones de los últimos días, pero no la única, al respecto.
Solo nos queda el voto para pararles. https://t.co/r8p5FrSGqZ
— Óscar Puente (@oscar_puente_) September 10, 2026
El exalcalde de Valladolid hacía hincapié en aquella reunión de la que participó Narváez con otros comentarios en la misma red social, como el siguiente: “¿Os acordáis de aquella reunión de fiscales con Feijóo antes de las últimas elecciones? Pues el ponente del auto que suspende el derecho al voto de los nacionalizados era el señor que se expresaba así en aquella reunión. Luego quieren que creamos que analizan y juzgan los asuntos desde la más absoluta imparcialidad y sin sesgo alguno”.
Manteniendo su discurso, Puente aprovechó la apertura del nuevo año judicial para recordar las palabras de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, quien ve de “extraordinaria gravedad” las acusaciones de ‘lawfare’: “Convendría que hubiese tenido presente en su discurso la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostiene que el juez no solo debe ser imparcial, sino que debe parecerlo”.
“La apariencia de imparcialidad forma parte esencial de la imparcialidad objetiva y protege la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Esa apariencia de imparcialidad en ciertos casos brilla por su ausencia. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo recogen reiteradamente la doctrina del TEDH: “La justicia no solo tiene que aplicarse, sino que también debe ser aparente que se administra”, añadía.
Así, Puente considera que “lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en una sociedad democrática”, por lo que “cualquier juez respecto del cual exista un motivo legítimo para temer falta de imparcialidad debe abstenerse”. “El juez ha de ser, y ha de aparecer, como alguien ajeno a la cuestión y a las personas interesadas en ella”, refrendaba.
Al hilo de lo que ha dicho hoy la Presidenta de CGPJ convendría que hubiese tenido presente en su discurso la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sostiene que el juez no solo debe… https://t.co/0b5LzKuMNg
— Óscar Puente (@oscar_puente_) September 10, 2026
El Gobierno critica la decisión del Supremo
Son varios los ministros que han reaccionado esta semana a la decisión del Alto Tribunal. El propio presidente del Gobierno acusó al PP y Vox de “cercenar el derecho al voto” de miles de españoles al impulsar que el órgano jurídico deje en suspenso las altas incorporadas al CERA como consecuencia de la mencionada ley.
Las críticas hacia la decisión se han repartido en los últimos días entre diferentes miembros del Ejecutivo. Dentro del PSOE, además de Puente, por ejemplo, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, se desmarcaba de la resolución: “No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central. Confiamos en la imparcialidad de la justicia en el Estado de Derecho. Es imprescindible”.
También lo hacía el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, quien consideraba la medida un “auténtico despropósito”. López afeaba asimismo a Feijóo que se alegre de esta novedad cuando “hace dos años se iba a Buenos Aires a decir que no solo los exiliados por motivos políticos, sino también los económicos, tenían que tener derecho a la nacionalidad y, por lo tanto, derecho al voto”.
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, del espacio Sumar, consideró que “decidir quién puede votar y quién no” es algo “ajeno a la democracia”, mientras que la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba que iban a utilizar “todas las herramientas constitucionales” si se confirma la decisión del Supremo, a la vez que Más Madrid, formación que lidera, pediría al Defensor del Pueblo un informe en contra.
Uno de los más críticos fue el responsable de Cultura, Ernest Urtasun, quien señaló que la decisión del Supremo “no tiene encaje constitucional”. “Lo digo con toda esta contundencia. No entiendo cómo se pueden hurtar los derechos electorales de personas que ya tienen nacionalidad española”, transmisión.
Decisión del Alto Tribunal
Esta semana el Tribunal Supremo dejaba en suspenso las altas incorporadas al CERA gracias a la ‘ley de nietos’ hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
Se trata de una decisión que se produce después de estimarse parcialmente la medida cautelar solicitada por Vox y Iustita Europa en los recursos presentados contra un acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC), que señaló que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía de sus competencias.
El Supremo defiende la decisión como medida para preservar la “transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados”, ante la “magnitud” del aumento del censo.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
