El magistrado del Tribunal Supremo Antonio Narváez, ponente a su vez encargado de redactar la resolución sobre la ‘ley de nietos’, animó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro que mantuvieron el presidente de la formación conservadora y fiscales en 2023.
Según publicaba El País, Narváez mostró su deseo de que el Partido Popular alcanzara el Gobierno en las próximas elecciones generales, alertó sobre los pactos del PSOE de Euskadi con los que denominaba “filoetarras” y aireó el bulo de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría servirse de la empresa Indra para llevar a cabo un pucherazo. El también exmagistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP se creyó esa mentira difundida en internet y se la transmitió al político gallego.
En el encuentro al que aluden estas líneas, los fiscales animaron, según la información publicada por el medio mencionado, al presidente de los ‘populares’ a desmontar las leyes del Gobierno de Sánchez cuando llegase a La Moncloa.
Narváez intervino en aquella cena con Feijóo y advirtió sobre las elecciones al Parlamento vasco, que tuvieron lugar un año después, para asegurar que “se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos”.
En la misma cita se refirió, apunta el periódico señalado, a la “cohesión territorial” y “fundamentalmente” de Cataluña, todo a la vez que Narváez se había retirado en 2021 de la causa del ‘procés’ antes de que el Constitucional decidiera sobre su recusación.
Sobre esto, hay que destacar que el magistrado decidió inhibirse durante la tramitación de los recursos de dirigentes independentistas condenados después de que el tribunal discutiera, de manera informal, si debía formar parte del pleno. Tras haber trascendido ese debate interno, que generó una enorme división entre los magistrados, fue él quien tomó la iniciativa y presentó su renuncia, que fue aceptada por unanimidad. El origen de aquello se sitúa en una conferencia en Granada en la que Narváez equiparó lo ocurrido en Cataluña con un golpe de Estado, motivo por el que la defensa de los altos cargos catalanes lo recusó.
El Tribunal Supremo paraliza la ‘ley de nietos’
El Tribunal Supremo ha paralizado esta semana cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada ‘ley de nietos’ y las nueva inscripciones, para preservar, dicta el auto, la “transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados”, ante la “magnitud” del aumento del censo.
La decisión ha sido tomada a petición de los ultras de Vox y Iustita Europa y obviando a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y un Letrado de las Cortes, mientras que ha sido apoyada, además de por Narváez, por otros cuatro magistrados conservadores: Luis Díez-Pacheco, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, José Luis Requiero y Manuel Delgado-Iribarren. Por el contrario, ha encontrado la oposición de la progresistas María Alicia Millán, quien formuló un voto particular discrepante advirtiendo de que las medidas acordadas privan a los afectados “de uno de los efectos más relevantes inherentes al reconocimiento de la nacionalidad española, la participación en los procesos electorales”.
El Alto Tribunal transmitió el pasado jueves su decisión en dos autos argumentando que el voto de estas personas implica un “incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA”, que además se encuentra “en constante aumento”, lo que puede “afectar a la transparencia del proceso electoral y de la confianza de la ciudadanía en sus resultados”.
El Supremo cifra que el censo tiene 408.262 inscritos más, a 1 de julio de 2026, que el censo correspondiente con los últimos comicios de 2023 y emplaza que “tal crecimiento genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible”.
En definitiva, el órgano jurídico estima que a fin de evitar “una circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral”, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado la petición de medidas cautelares, que tendrá un carácter temporal y supeditada a la sentencia del tribunal.
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