María Luz Lozano Gago, la magistrada que tenía sobre su mesa la denuncia presentada por el pseudo sindicato Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez, por la crisis migratoria ha decidido inhibirse a la Audiencia Nacional, donde se investiga lo sucedido en Ceuta. La decisión se ha tomado 24 horas después de que María Tardón, la magistrada de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva de inmigrantes sucedida en Ceuta el pasado 30 de julio, emitiera una providencia en la que le decía a la juez que valorara si enviaba o no el procedimiento a la Audiencia Nacional para acumularla con su investigación.
En su auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, la magistrada de Ceuta afirma: "El artículo 17 LECrim establece que los delitos conexos deben investigarse en una misma causa cuando la investigación conjunta resulte conveniente para su esclarecimiento y para la determinación de responsabilidades. De la denuncia y de las diligencias practicadas resulta que los hechos investigados en Ceuta se insertan en la misma secuencia fáctica y operativa que constituye el objeto de las DP 64/2026 de la Audiencia Nacional, relativas a la organización, movilización y efectos de la entrada masiva de personas desde Marruecos".
La juez prosigue diciendo que, la resolución de la Audiencia Nacional de 7 de septiembre de 2026 "ha declarado expresamente que la investigación debe abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español relacionadas con dicha entrada masiva, incluyendo las relativas a fallecimientos producidos durante la travesía a nado, y ha acordado requerir inhibición a los órganos judiciales de Ceuta respecto de tales hechos".
Los denunciantes: la extrema derecha
En cuanto a Manos Limpias, expone el auto que, al no encontrarse personada en la causa, "carece de legitimación procesal para instar diligencias, por lo que no procede resolver sobre las mismas".
Y con respecto de las diligencias solicitadas por Hazte Oír, así como sobre la ampliación de querella presentada por la organización de extrema derecha, la juez les dice que su Juzgado, "una vez apreciada su falta de competencia objetiva, no debe pronunciarse sobre su procedencia, debiendo quedar diferida su resolución al órgano judicial competente, a fin de evitar decisiones que pudieran interferir en la investigación principal".
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