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Adamuz, el volcán de La Palma, la dana de Valencia, los incendios del pasado verano y, ahora, Urda. Estos son solo algunos de los ejemplos que pueden reunirse relacionados con catástrofes o situaciones de emergencia que se han vivido en España en los últimos años, momentos que han dejado episodios traumáticos e imágenes que han dejaban congelado a cualquiera. Son situaciones en las que se han visto los mejores valores humanos, evidenciados en las numerosas muestras de solidaridad que se han dado en esos duros momentos y los esfuerzos que tantos han hecho por prestar una mano amiga a quienes estaban viviendo algunos de sus días más difíciles y que, por seguro, no van a olvidar nunca.
No obstante, a pesar de esos gestos de generosidad, también se daban casos que no hacían sino cuestionar la moralidad de aquellos que, en situaciones tan complejas, buscaban aumentar los beneficios de sus negocios aprovechándose de las necesidades surgidas en torno a estas emergencias o tragedias.
El accidente ferroviario de Urda ha vuelto a escribir un nuevo episodio dramático que se suma a otros tantos, más de los que se quisieran, que se han presenciado en España en estos últimos años y que han supuesto la triste pérdida de numerosas vidas humanas. La colisión por alcance entre un tren AVE y un Iryo tenía lugar este miércoles, dejando nuevamente una pesada imagen al presenciar que, antes siquiera de la llegada del fin de semana, ya habían sido varias las compañías que habían subido los precios de sus servicios ante el aumento de la demanda que se iba a dar.
Urda también destapa la intención de hacer negocios aprovechando las tragedias: coches de alquiler y vuelos que multiplican sus precios
La tragedia ferroviaria de Urda no solo ha vuelto a dejar imágenes difíciles de olvidar, sino que también ha provocado un nuevo caos en los servicios de transportes ante los miles de personas se están viendo obligados a buscar alternativas para llegar a sus destinos en breves espacios de tiempo. La interrupción de las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha disparado la demanda de otros medios de transporte y, con ella, los precios de determinados servicios, en un escenario en el que las denuncias de los viajeros no han tardado en aparecer.
Uno de los ejemplos más llamativos se ha producido en el sector del alquiler de vehículos. Europa Press recogía el pasado miércoles el testimonio de dos pasajeros que acudieron a esta alternativa para desplazarse desde Madrid. Mientras uno de ellos había conseguido reservar un coche por 60 euros, otro se encontró con un precio de 160 euros cuando intentó realizar una operación similar poco después. Una diferencia de 100 euros que supone un incremento del 166,7%. Las denuncias no se quedaron ahí, ya que otros viajeros aseguraron haberse encontrado con presupuestos de hasta 900 euros por alquilar un vehículo durante dos días.
El transporte aéreo tampoco ha escapado a esta polémica. La reducción de las alternativas ferroviarias ha incrementado la presión sobre determinadas conexiones entre Madrid y Andalucía, con billetes que han llegado a alcanzar los 380 euros en clase turista en estos últimos días. Algunas comparaciones publicadas por los medios reflejan también diferencias considerables entre las tarifas habituales y las consultadas después del accidente. Ante esta situación, Iberia anunció que limitaría hasta el 8 de noviembre sus billetes con origen o destino en Andalucía a un máximo de 99 euros por trayecto en clase turista y 149 euros en business. La compañía también comunicó un refuerzo de su oferta de plazas.
Las polémicas han alcanzado incluso a los viajes compartidos por carretera. Algunos usuarios han denunciado que las plazas entre Madrid y Sevilla que habitualmente rondaban los 23 euros llegaron a ofrecerse por entre 45 y 50 euros. En otros casos, los pasajeros aseguraron haber encontrado trayectos que alcanzaban los 150 euros. BlaBlaCar, por su parte, negó haber registrado grandes variaciones en el precio medio de sus desplazamientos y recordó que son los conductores quienes fijan sus tarifas dentro de los límites establecidos por la plataforma.
Consumo busca recuperar la norma para topar precios en situaciones que PP, Vox y Junts tumbaron
Ante hechos como los mencionados, el accidente ferroviario de Urda ha vuelto a poner sobre la mesa el debate que ya se dio en torno a establecer o no mecanismos que impidan aprovecharse de una situación de emergencia para incrementar los beneficios empresariales a costa de quienes necesitan acceder a determinados servicios. Ante las subidas de precios detectadas desde el pasado miércoles en los transportes alternativos al tren, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, trabaja para recuperar una norma que permita al Gobierno limitar las tarifas en estas circunstancias excepcionales.
Sin embargo, el Gobierno ya había intentado establecer un mecanismo para impedir estas prácticas. El pasado 10 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley impulsado por Consumo que facultaba al Ejecutivo para fijar un precio máximo durante emergencias que alterasen excepcionalmente la oferta y la demanda. La norma establecía que ningún producto o servicio podría superar el precio máximo registrado durante los 30 días naturales anteriores al inicio de la emergencia.
Además, incorporaba una salvaguarda adicional, ya que si ese precio máximo superaba en más de un 50% la media del periodo, el límite pasaría a calcularse tomando como referencia el precio medio de esos 30 días más un 50%. De esta manera, se pretendía evitar que tarifas previamente elevadas sirvieran para justificar nuevos incrementos durante una catástrofe.
La iniciativa, no obstante, fue tumbada el 26 de febrero en el Congreso, donde PP, Vox y Junts votaron en contra de su convalidación. Tras la votación, Bustinduy criticó que estos partidos hubieran rechazado una medida destinada a proteger a los consumidores y advirtió del riesgo de que las empresas pudieran lucrarse en futuras emergencias.
Ahora, el Ministerio trabaja en un nuevo real decreto-ley que modifique la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y permita recuperar esa capacidad de intervención ante situaciones extraordinarias, siempre que las subidas no respondan a un incremento de los costes empresariales.
De la DANA a los incendios: cuando algunos ven las tragedias como oportunidades para hacer negocio
El accidente ferroviario de Urda no es, ni mucho menos, el primer episodio en el que una situación de emergencia ha venido acompañada de polémicas por el encarecimiento de determinados productos y servicios. En los últimos años, distintas catástrofes vividas en España han dejado ejemplos de empresas y particulares que han encontrado en las necesidades surgidas tras una tragedia una oportunidad para incrementar sus ingresos.
Uno de los precedentes más recientes se produjo con el accidente ferroviario de Adamuz, en enero de este año. La interrupción de las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía provocó un aumento extraordinario de la demanda de vuelos y coches de alquiler, con tarifas que llegaron a multiplicar por tres sus precios habituales. Algunos billetes de avión alcanzaron los 300 euros, mientras que viajeros denunciaron presupuestos de hasta 1.000 euros para alquilar un vehículo. La polémica llegó hasta el Ministerio de Consumo, que anunció nuevas medidas para combatir estos incrementos.
Algo similar ocurrió durante los incendios forestales del pasado verano, especialmente en Galicia, cuando la suspensión de las conexiones ferroviarias y los cortes de carreteras dejaron al avión como una de las pocas alternativas para desplazarse. En agosto, algunos vuelos entre Madrid y Galicia llegaron a superar los 400 y 500 euros, frente a unos precios habituales de entre 60 y 80 euros. Sumar terminó denunciando ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a Iberia, Ryanair, EasyJet y Vueling por estos incrementos.
La erupción del volcán de La Palma, en 2021, dejó otra situación especialmente delicada. La destrucción de centenares de viviendas obligó a numerosas familias a buscar un nuevo alojamiento en una isla con una oferta residencial muy limitada. En ese contexto, se denunciaron incrementos de hasta un 20% en los precios de los alquileres, mientras algunos propietarios optaban por destinar sus inmuebles al alojamiento turístico, buscando una mayor rentabilidad.
La DANA que arrasó numerosos municipios valencianos en octubre de 2024 también dejó episodios polémicos relacionados con el encarecimiento de servicios ante el aumento repentino de la demanda. La destrucción de infraestructuras, las dificultades para desplazarse y la necesidad de encontrar alojamiento para quienes habían perdido sus viviendas generaron una situación de especial vulnerabilidad. En este contexto, las plataformas de transporte y reserva de alojamientos que emplean sistemas de precios dinámicos quedaron bajo el foco por el riesgo de que sus algoritmos incrementasen automáticamente las tarifas ante la falta de disponibilidad. La polémica fue uno de los detonantes de la reforma legislativa aprobada por el Gobierno el 28 de noviembre de 2024, que prohibió elevar los precios personalizados mediante sistemas automatizados aprovechando un aumento de la demanda durante emergencias de protección civil.
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