Sareb se sienta en el banquillo por cláusulas abusivas

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del barrio madrileño de Vallecas (PAH Vallekas) ha conseguido sentar en el banquillo a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), después de muchos años de lucha. El conocido como banco malo, participado en un 51% por el Estado a través del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), deberá comparecer en sede judicial para dar explicaciones sobre las cláusulas abusivas que múltiples inquilinos denuncian y que ha propiciado la apertura de juicio.

La demanda pionera fue interpuesta por Giselli, una inquilina del barrio sureño de Madrid que ha acumulado 10.000 euros de deuda en tan solo un año, pese a no haber dejado de pagar su alquiler social ni un solo mes. Esto responde, según consta en la denuncia, a las subidas encubiertas que se incluyen en los contratos de arrendamiento. Por este motivo, el director de Relaciones institucionales y de Vivienda Asequible de Sareb, Pau Pérez de Acha, y otros tres altos cargos de la entidad y de una de sus mediadoras, Servihabitat, deberán declarar.

Así lo estimaba en febrero el juzgado número 88 de Madrid y este lunes, 21 de febrero, a las 9:00 horas tendrá lugar la cita. La llamada cláusula de bonificación es la piedra angular de la demanda, pero PAH Vallekas también reclama la nulidad de las cláusulas de penalización, obligación de visitas por parte de la propiedad e imposición de gastos y costas judiciales y extrajudiciales, presentes, como detalla la organización por el derecho a la vivienda, en la totalidad de los contratos de alquiler social que Sareb ha ido firmando todos estos años.

El principal señalado por la organización es Pérez de Acha, a quien acusan de ser el impulsor de la optimización de los procesos de desalojo y puesta en el mercado de decenas de miles de viviendas de la Sareb a través del entramado de empresas mediadoras y procuradores judiciales por los que el banco malo ha ejecutado miles de procesos de desahucio. “La guinda era la firma, en algunos casos, de alquileres sociales repletos de cláusulas abusivas que permiten la puesta en el mercado de esas mismas viviendas, bien mediante su venta o bien mediante la subida del alquiler a precios de mercado”, denuncian.

Además de Pérez de Acha, declararán la responsable de gestión de alquiler social y asequible de Sareb, Sonia Fernández Castro; la responsable de riesgo reputacional de Servihabitat, Milagros Gutiérrez Moraleda; y Victoria Nieto Martínez, directora de gestión de vivienda asequible de Servihabitat. Como testigos propuestos por PAH Vallekas, prestarán declaración uno de los interlocutores con Sareb para la firma del alquiler de Giselli, así como otra inquilina de Sareb con iguales cláusulas abusivas y reclamaciones ilegítimas de deuda por parte de la entidad. 

En qué consisten las cláusulas abusivas

Los contratos, supuestamente asequibles, que Sareb impone a sus inquilinos incluyen una serie de cláusulas abusivas que han sido denunciadas por multitud de organizaciones del movimiento de vivienda. La conocida como cláusula de bonificación tiene una estructura compleja que termina por suponer el incremento desmedido de los alquileres. Esta funciona incluyendo dos precios distintos en el contrato, uno de mercado y otro bonificado, que se traduce en el coste del arrendamiento social.

Esta cláusula permite, tal y como denuncia PAH Vallekas, que en cualquier momento de la duración del alquiler se eleve la cuota hasta alcanzar el precio de mercado. Esto se produce anualmente, supuestamente tras la evaluación de las mediadoras privadas, y contraviene la normativa que tipifica que las subidas del alquiler no pueden ir más allá del valor del IPC durante su vigencia, 7 años en el caso de que el arrendador sea una empresa (son 5 años cuando es un particular).

Asimismo, la organización asegura que se produce subidas añadidas más allá de los procesos de revisión. “Si nadie pone la diferencia, no hay bonificación alguna, es una manera de burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos para condicionar el alquiler social y justificar la existencia de las empresas mediadoras”, apunta Mercedes López, portavoz de PAH Vallekas. Más allá de esta cláusula de bonificación, la organización expone otros procederes de Sareb.

Uno de ellos está relacionado con el impuesto “acompañamiento social”. Los contratos obligan, durante los tres primeros años, a que los inquilinos participen en un supuesto programa de acompañamiento social cuyo objetivo es literalmente subir los ingresos del hogar para, en consecuencia, subirle el alquiler dentro del contrato. El anexo incluido en los contratos fija claramente la obligación de participar en este programa, y vincula la permanencia del propio alquiler social a atender los requerimientos derivados de este anexo.

Además, como ocurre con inmobiliarias y empresas especuladoras, Sareb asegura que estas cláusulas y otras incluidas en los contratos se negocian libremente, pero, como en el resto de casos, es falso, dado que o se firman o no se accede a los inmuebles, tal y como denuncian los inquilinos. Asimismo, todos los procesos están vinculados al desalojo por incumplimiento. A todo esto se suma, según PAH Vallekas, visitas sin previo aviso, llamadas desde teléfonos particulares y subidas encubiertas del alquiler sin nexo con ninguna intervención concreta del acompañamiento social acometidas por el banco malo y sus mediadoras.

“Queremos dejar claro que los inquilinos de Sareb no deseamos un mejor funcionamiento del acompañamiento social, sino su desaparición. Su objetivo no es beneficiarnos a nosotros, sino subirnos el alquiler y, sobre todo, dar trabajo a la creciente industria que vive de la mediación en el mercado del alquiler”, expone la portavoz de la organización. Asimismo, denuncia que la estrategia de Pérez de Acha, que temen que se exporte a Casa47 cuando absorba los pisos, es “la optimización de los alquileres sociales y su puesta en el mercado en un entorno en el que políticamente era complicado efectuar miles de desahucios y a la vez Sareb tenía que poner en valor todas sus viviendas en cartera”.