La Gürtel en cifras: 18 años, 12 juicios, 94 condenados y tres condenas al PP

Se acaban de cumplir 18 años desde que se abrió la causa por el mayor caso de corrupción de la historia del Partido Popular. La trama Gürtel sigue abierta desde entonces, tras 12 juicios, 94 condenados, y un impacto político que provocó la primera moción de censura exitosa en España, la que hizo caer el Gobierno de Mariano Rajoy. Más allá de esa responsabilidad, el PP sigue disfrutando de algunos de los frutos de un caso que, 18 años después, aún espera sentencia de su duodécimo y último juicio, la pieza principal. 

Esta última pieza de la Gürtel quedó vista para sentencia el 12 de noviembre de 2025, hace nueve meses, después de que 20 de los 25 acusados en ella admitieran los hechos atribuidos por la Fiscalía. Entre ellos, están los protagonistas de la trama, entre los que se encuentra el epicentro, el empresario Francisco Correa, que acumula unos 115 años de prisión por nueve condenas. Su apellido, traducido al alemán, da nombre a una macro causa que cambió la política española para siempre, y por la que, además, acabó apartado de la carrera judicial el magistrado que la inició, Baltasar Garzón. 

La Gürtel, desde el principio: protagonistas y hechos probados

Fue él quien, el 6 de agosto de 2008, abrió las primeras diligencias por lo que había denunciado en Fiscalía una de las piezas clave en los inicios de Gürtel: José Luis Peñas. Este exconcejal del PP en el municipio madrileño de Majadahonda aportó unos dos años de conversaciones grabadas con Correa y otros miembros de la trama, por la que él había cobrado unos 260.000 euros en comisiones, según la investigación.

Estas grabaciones permitieron reconstruir una organización empresarial encabezada por Correa y sus hombres de confianza, de la que formaban parte además de un sinfín de empresarios y cargos públicos de distintas administraciones, la mayoría en Madrid y la Comunidad Valenciana. Los otros nombres principales son los de Pablo Crespo, exdirigente del PP gallego y que actuaba como número dos y nexo político de la trama; Álvaro Pérez, el Bigotes, encargado de los negocios de la organización en la Comunidad Valenciana; y José Luis Izquierdo, el contable.

En esencia, y según las sentencias judiciales ya firmes, la trama entablaba relaciones con responsables del PP a nivel local, autonómico y nacional, para obtener contratos de organización de eventos, publicidad, viajes y otros servicios. Estas adjudicaciones, muchas veces, se amañaban y se concedían con sobrecostes, por lo que los dirigentes recibían pagos ilegales y otras dádivas. Después, las empresas de Correa ocultaban esas ganancias ilícitas mediante facturas falsas, sociedades instrumentales y cuentas bancarias opacas.

Correa había tejido una estrecha relación con el aparato nacional del PP y con dirigentes del entorno de José María Aznar. Sus empresas organizaron actos para la formación y el empresario asistió incluso a la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar, celebrada en 2002. Esa proximidad facilitó la expansión de sus negocios antes de que la red extendiera su actividad por administraciones madrileñas y valencianas. Durante sus años de actividad, la trama consiguió penetrar en ayuntamientos y Gobiernos autonómicos gobernados por el PP, empresas públicas estatales, y actos y campañas electorales de la formación a nivel nacional.

¿Qué se ha condenado y qué queda por juzgar?

La enorme extensión de las actividades de la trama obligó a dividir la causa en trece piezas separadas, de las que doce llegaron a juicio, lo que explica que dieciocho años después aún quede una de ellas por sentenciarse. La sentencia con mayor impacto llegó en 2018, y fue la que acreditó la dimensión nacional del caso que terminaría desembocando en la moción de censura a Rajoy.

En esta pieza, la Audiencia Nacional condenó a varios de los nombres principales por las actividades desarrolladas por la trama entre 1999 y 2005. Las más elevadas recayeron en Correa, condenado inicialmente a 51 años y 11 meses; el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, a 38 años y tres meses; a Crespo, a 37 años y seis meses; el extesorero popular Luis Bárcenas, a 33 años y cuatro meses; el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, a 31 años y nueve meses; y el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, a 14 años y cuatro meses. El Tribunal Supremo rebajó en 2020 varias de estas condenas.

Lo que sí mantuvo el Alto Tribunal en la sentencia es la declaración del PP como partícipe a título lucrativo por los actos de campaña que la trama organizó en Majadahonda y Pozuelo. Más tarde, se juzgó la pieza de Boadilla del Monte, en la que también se dio la misma consideración al partido por beneficiarse de que empresas de Correa sufragaron gastos electorales del entonces alcalde, Arturo González Panero, El Albondiguilla. El total por ambas sentencias asciende a 449.691 euros.

A día de hoy, queda por cerrar la última de las trece piezas separadas de la Gürtel, conocida como ‘pieza principal’, y que juzga la estructura societaria, fiscal y financiera utilizada para ocultar, blanquear y defraudar el dinero obtenido por la trama entre 1998 y 2009. Antes de quedar visto para sentencia, el pasado mes de noviembre, la Fiscalía anunció que 20 de los 25 acusados habían admitido los hechos de los que están acusados, para rebajar así sus posibles condenas y no estirar aún más su estancia en prisión.

Los papeles de Bárcenas

La otra pieza relevante que afectó al PP a nivel nacional es la llamada caja B, o contabilidad paralela, que surgió de las revelaciones de Gürtel. Abarcaba los ingresos y gastos que el partido mantenía al margen de su contabilidad oficial y que quedaron reflejados en los conocidos como papeles de Bárcenas. Las anotaciones del extesorero se presentaron como prueba, inicialmente, de supuestos sobresueldos repartidos a altos cargos del PP –como M.Rajoy, J. M., R. Rato o D. Cospedal, entre muchos otros-, procedentes de esa caja B.

Sin embargo, aunque la Audiencia Nacional consideró que los papeles acreditaban algunas de las operaciones que aparecían en ellos, los sobresueldos se quedaron fuera de la investigación principal que afectaba al PP, que se centró sobre todo en la reforma de su sede nacional, en la calle Génova de Madrid, con dinero negro. Los jueces sentenciaron que Bárcenas pagó más de un millón de euros de la caja B a Unifica, un estudio de arquitectura para pagar parte de las obras; y declararon al PP como responsable civil subsidiario de 123.669 euros del fraude fiscal de la sociedad. Aunque abonaron la cantidad, en la actualidad siguen disfrutando de la sede reformada con dinero negro en Génova 13, a pesar del anuncio del que entonces era su líder nacional, Pablo Casado, de que abandonarían el edificio.

Esta rama de la Gürtel tuvo varias consecuencias que cambiaron la historia del país. La primera fue la trama Kitchen, la supuesta operación policial y política creada en el seno del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para robarle a Bárcenas las pruebas de esa financiación irregular del PP. El juicio por esta derivada del caso Villarejo espera sentencia desde hace semanas, trece años después de ocurrir los hechos.

La trama que tumbó a Rajoy y Garzón

La otra gran consecuencia del caso llegó al conocerse la primera sentencia, en mayo 2018. Después de que la Audiencia Nacional acreditara un sistema de corrupción y el beneficio del PP de él a título lucrativo, el PSOE registró una moción de censura contra Mariano Rajoy, que lo había negado todo como testigo y no dimitió por su propia iniciativa. Su éxito supuso la primera vez que un presidente era expulsado de su cargo en democracia, el inicio del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y el impacto político más relevante de la corrupción del PP.

Para entender la otra gran consecuencia de la Gürtel hay que remontarse al principio. Baltasar Garzón abrió la investigación en 2008, con las primeras diligencias contra la red de Correa que originaron todo lo demás. Durante la instrucción, el juez autorizó grabar a varios investigados que ya se encontraban en prisión -las primeras detenciones llegaron en 2009- cuando hablaban con sus abogados. Según Garzón, los letrados podían ayudar a los encausados a continuar actividades delictivas como ocultar dinero. El Supremo terminó por apartarlo de la carrera judicial, en una condena a 11 años de inhabilitación especial por prevaricación, por haber vulnerado el derecho de defensa de los imputados.