El nuevo movimiento del Senado de Estados Unidos para reforzar la cooperación con Marruecos vuelve a situar al reino alauí en el centro del tablero geopolítico del Magreb. Bajo el lenguaje de la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la contención de la influencia iraní, Washington avanza en una línea que favorece claramente a Rabat y que deja cada vez menos espacio a las reivindicaciones históricas del pueblo saharaui.

La iniciativa impulsada por senadores republicanos como Ted Cruz, Tom Cotton y Rick Scott plantea examinar los supuestos vínculos del Frente Polisario con organizaciones vinculadas a Irán y abrir la puerta a sanciones o incluso a una eventual designación terrorista si esos contactos quedaran acreditados. No se trata todavía de una condena automática ni de una resolución definitiva, pero sí de un paso político muy significativo: el conflicto del Sáhara Occidental, tradicionalmente abordado en clave de descolonización y autodeterminación, pasa a enmarcarse cada vez más en la lógica de la seguridad regional.

Ese cambio de marco no es inocente. Para Marruecos, constituye una victoria diplomática. Para el Polisario y para quienes defienden el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, supone un nuevo estrechamiento del margen político. Y para España, antigua potencia administradora del territorio, vuelve a abrir una pregunta incómoda: hasta qué punto Occidente está dispuesto a sacrificar principios jurídicos en nombre de la estabilidad, la migración, la energía y las alianzas estratégicas.

Marruecos, el socio que todos quieren cuidar

Marruecos lleva años consolidándose como socio preferente de Occidente en el norte de África. Lo es para Estados Unidos, pero también para buena parte de la Unión Europea. Rabat ofrece estabilidad política, cooperación en materia migratoria, interlocución en el Sahel, posición geográfica estratégica y una creciente proyección económica hacia África Occidental.

En un contexto internacional marcado por la rivalidad con China, la presión rusa en África y el temor a la expansión de redes yihadistas en el Sahel, Washington ve en Marruecos un aliado fiable. Esa lectura explica buena parte del acercamiento. La cooperación militar, la inteligencia, la vigilancia de fronteras, las inversiones en infraestructuras y la transición energética forman parte de una relación que va mucho más allá de la diplomacia tradicional.

Pero el precio político de esa alianza es evidente. Cada paso que da Estados Unidos hacia Rabat fortalece indirectamente la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. Desde que Donald Trump reconoció en 2020 la soberanía de Marruecos sobre el territorio, Washington no ha revertido esa decisión. Al contrario, la ha ido consolidando con nuevos gestos, declaraciones y movimientos diplomáticos.

La novedad ahora es que el Polisario queda cada vez más asociado, en determinados discursos políticos estadounidenses, a amenazas externas como Irán, Hezbolá o el eje ruso-chino. Ese relato favorece a Marruecos porque desplaza el centro del debate. Ya no se habla tanto de un territorio pendiente de descolonización, ni de una población refugiada, ni de un referéndum prometido durante décadas. Se habla de seguridad, terrorismo, drones, sanciones y geopolítica.

El Sáhara desaparece bajo la alfombra de la realpolitik

El gran trasfondo sigue siendo el Sáhara Occidental. Aunque muchos comunicados oficiales prefieren hablar de estabilidad regional, cooperación estratégica o lucha contra el extremismo, la cuestión saharaui está en el centro de la disputa.

Marruecos defiende desde hace años un plan de autonomía bajo su soberanía como única salida “realista” al conflicto. El Polisario, respaldado por Argelia, reclama el derecho a un referéndum de autodeterminación que incluya la opción de la independencia. Durante mucho tiempo, esa fue la base reconocida por Naciones Unidas. Sin embargo, la correlación diplomática ha cambiado.

Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España han ido acercándose a la tesis marroquí, con distintos matices. La autonomía aparece cada vez más como la solución preferida por las principales potencias occidentales. El lenguaje de la autodeterminación no desaparece por completo, pero pierde centralidad. Queda como una referencia formal, mientras la política real se mueve en otra dirección.

Ese desplazamiento plantea un problema democrático de fondo. Si el derecho internacional solo se invoca cuando no molesta a los intereses estratégicos, su fuerza se debilita. Y si la estabilidad se convierte en excusa para ignorar a los pueblos sin Estado, la política exterior occidental vuelve a caer en una vieja contradicción: defender principios en los discursos y practicar la conveniencia en los acuerdos.

Para una mirada progresista, el caso saharaui es especialmente incómodo porque muestra los límites de la realpolitik. Marruecos es un socio relevante, pero eso no debería borrar los derechos de la población saharaui ni las responsabilidades históricas de España y de la comunidad internacional.

Seguridad, migración y energía: las claves del giro

La alianza con Marruecos no se explica solo por el Sáhara. Rabat se ha convertido en una pieza clave en tres asuntos decisivos para Occidente: seguridad, migración y energía.

En seguridad, Marruecos ofrece cooperación antiterrorista y capacidad de influencia en una región donde el Sahel se ha convertido en uno de los grandes focos de inestabilidad mundial. En migración, actúa como socio imprescindible para contener o modular los flujos hacia Europa, especialmente hacia España. Y en energía, el territorio marroquí y el Sáhara Occidental han adquirido un interés creciente por los proyectos de renovables, infraestructuras portuarias, minerales estratégicos y conexión con mercados africanos.

Todo eso convierte a Marruecos en un aliado difícil de contrariar. Rabat lo sabe y utiliza esa posición con habilidad. No necesita imponer su agenda de forma abrupta; le basta con presentarse como socio indispensable. Cada acuerdo migratorio, cada ejercicio militar, cada inversión energética y cada gesto diplomático refuerzan su posición.

El problema es que esta arquitectura de intereses tiende a dejar fuera a quienes tienen menos poder. Los refugiados saharauis en Tinduf, las voces críticas dentro del territorio, las organizaciones de derechos humanos y los defensores del referéndum quedan arrinconados por una conversación dominada por gobiernos, empresas y cálculos estratégicos.

España, entre la incomodidad y el silencio

España observa este movimiento desde una posición delicada. La decisión de Pedro Sánchez en 2022 de respaldar el plan marroquí de autonomía como la base más seria y realista para resolver el conflicto ya supuso un giro histórico respecto a la tradicional posición española. Desde entonces, Madrid ha intentado recomponer su relación con Rabat, marcada por crisis migratorias, tensiones diplomáticas y el peso permanente de Ceuta, Melilla y Canarias.

El refuerzo de la alianza entre Washington y Marruecos deja a España con menos margen. Si Estados Unidos y buena parte de Europa siguen apuntalando la tesis marroquí, la posibilidad de una vía alternativa se reduce. Pero eso no elimina la responsabilidad política española. El Sáhara Occidental fue colonia española y su descolonización inconclusa sigue siendo una herida abierta.

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