¿Eran solo “dos o tres casos”? ¿Era una incidencia menor?, como se afirmó desde la Junta de Andalucía hace seis meses. No, no lo era. No dijeron la verdad. Aunque algunos estén empeñados en taparlo todo, en que todo se olvide, en no aclarar nada. La realidad es que cuánto más se conoce sobre este escándalo, mayor parece su alcance. Y la pregunta sigue en el aire: ¿por qué el Gobierno de Moreno Bonilla no informó con transparencia desde el principio?
Las informaciones publicadas por El País han puesto cifras a una situación que difícilmente puede considerarse puntual. Un documento interno reflejaba 6.400 mamografías sin realizar por falta de personal. Un Excel. Frío, técnico, aparentemente neutro. Pero detrás de cada dato hay una mujer que no accedió a tiempo a una prueba fundamental dentro de los programas de cribado de cáncer de mama.
Ese documento no surge de la nada. Según lo publicado, en abril de 2025, hace un año, ya existía una advertencia formal trasladando el impacto de las bajas sin cubrir y la falta de recursos. El problema estaba identificado. No era invisible. No era imprevisible. Y ahí aparece la primera gran pregunta: si se sabía, ¿por qué no se evitó que la situación alcanzara estas dimensiones?
Pero hay más. Porque las informaciones conocidas no sitúan el origen del problema en 2025. Según se ha publicado, ya desde 2023 existían avisos sobre el colapso de las mamografías que no fueron atendidos, e incluso se habría rechazado un plan diseñado para evitar la crisis. A esto se suma otra información reciente que apunta a que se habrían desoído hasta en tres ocasiones alertas para actuar antes de que el sistema se tensionara al límite.
Ante ese conjunto de datos, la pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que, con advertencias reiteradas en el tiempo, el problema no se corrigiera? ¿Se valoró adecuadamente el riesgo que suponía dejar avanzar esa situación en un ámbito tan sensible como el cáncer de mama?
Porque aquí no estamos hablando de cualquier demora. Estamos hablando de cribados. De prevención. De pruebas diseñadas para detectar de forma precoz una enfermedad donde el tiempo es determinante. ¿Puede considerarse asumible que estos programas acumulen miles de retrasos sin que se adopten medidas eficaces a tiempo?
El llamado “Excel de los cribados de cáncer de mama” se ha convertido en el símbolo de esta crisis. No por su formato, sino por lo que revela. Cada cifra es una prueba que no se hizo cuando correspondía. Cada número es una espera que añade incertidumbre. ¿Puede un sistema público normalizar este tipo de acumulaciones en un ámbito tan crítico?
A esto se suma otro elemento que resulta especialmente delicado. También se ha publicado que desde la Junta se ha señalado a los profesionales como parte del problema, mientras que muchas de las mujeres afectadas apuntan en otra dirección. Ante ese contraste, surge otra pregunta: ¿es razonable centrar el foco en quienes sostienen el sistema día a día o debería analizarse con más profundidad la gestión de los recursos y la toma de decisiones?
Los profesionales sanitarios llevan tiempo advirtiendo de las dificultades para mantener la actividad con plantillas ajustadas. No es una denuncia nueva. Es una realidad conocida dentro del sistema. Por eso, cabe preguntarse si las alertas internas fueron atendidas con la urgencia necesaria o si se infravaloró su alcance.
El contexto general de la sanidad andaluza tampoco puede ignorarse. Plantillas tensionadas, dificultades para cubrir sustituciones y una presión asistencial creciente forman parte del escenario. Pero precisamente en ese contexto, la gestión adquiere aún más importancia. ¿Se priorizó adecuadamente la prevención dentro de ese escenario de presión?
Porque cuando los recursos son limitados, la planificación es clave. Y cuando existen avisos reiterados, la anticipación es una obligación. ¿Hubo anticipación en este caso? ¿O se permitió que el problema creciera hasta hacerse visible públicamente? ¿Qué consecuencias reales tuvieron esos retrasos en la salud y en la vida de esas mujeres?
El Gobierno de Moreno Bonilla debe explicar de forma inmediata, detallada y transparente todo lo ocurrido. ¿Cuándo se tuvo conocimiento de los primeros avisos? ¿Qué decisiones se adoptaron en 2023, en 2024 y en 2025? ¿Y por qué, a pesar de esas advertencias, se llegó a una situación con miles de pruebas pendientes? No es una cuestión política menor. Es una exigencia básica cuando hablamos de salud pública.
También es importante insistir en algo fundamental: este debate no puede desviarse hacia los profesionales. Son ellos quienes han mantenido el sistema en funcionamiento en condiciones exigentes. Por eso, la pregunta no es qué han hecho ellos, sino si han tenido los medios suficientes para hacer su trabajo en condiciones adecuadas.
La responsabilidad de garantizar que los programas de cribado funcionen corresponde a la administración. A su capacidad de organizar, de prever y de responder. Y es ahí donde se sitúa hoy el foco. ¿Funcionaron esos mecanismos como deberían?
Las críticas desde distintos ámbitos no han tardado en llegar. Pero más allá del debate político, hay una realidad que permanece: el sistema de cribados de cáncer de mama ha mostrado fallos que no pueden repetirse. ¿Se van a adoptar medidas estructurales para corregirlos?
Porque lo que está en juego es la confianza de miles de mujeres en la sanidad pública. La tranquilidad de saber que una prueba esencial llegará a tiempo. ¿Puede mantenerse esa confianza si se percibe que los avisos no se atienden?
El impacto de esta situación va más allá de las cifras. Tiene que ver con la incertidumbre, con la preocupación y con la sensación de que la prevención puede fallar. Y esa es una sensación que ningún sistema sanitario debería permitir.
Cuando hablamos de cáncer de mama, no hablamos solo de datos. Hablamos de tiempo. De prevención. De vidas. Y la pregunta que queda en el aire es tan sencilla como decisiva: ¿se hizo todo lo necesario, cuando aún se estaba a tiempo, para evitar llegar hasta aquí? ¿Por esto no llora Moreno Bonilla?
