La presidenta venezolana interina, Delcy Rodríguez, anunciaba este viernes una amnistía general para todos los presos políticos encarcelados en Venezuela, además de adelantar una ley en relación al tema que se discutirá, presumiblemente, la semana que viene. "Pido a todos que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto", añadió tras señalar que esta era también una decisión ya hablada con Nicolás Maduro. Una medida de gracia que podría afectar a cientos de prisioneros que aún permanecen en cárceles venezolanas por razones políticas, y un anuncio que llega casi un mes después del inicio de las liberaciones, que se han producido con cuentagotas desde que las fuerzas de asalto estadounidenses capturasen al expresidente venezolano en la madrugada del pasado 3 de enero. En este tiempo se han liberado más de 600 presos, según el oficialismo, y 302 según la defensa de los encarcelados.
La amnistía pretende, valga la redundancia, amnistiar y borrar las causas de los presos, siendo un perdón mucho más amplio de los que se están ejecutando estos días, ya que los liberados han salido de la cárcel pero siguen bajo medidas cautelares como la prohibición de salir del país, hacer declaraciones o incluso acceder a determinados empleos. La futura ley, según adivirtió la presidenta encargada, no se le aplicará a condenados por delitos de homicidio, drogas y delitos comunes.
Moneda de cambio
Los presos políticos en Venezuela se han convertido, con los años, en una suerte de moneda de cambio. En otros procesos de negociación se han logrado liberaciones parciales de presos e intercambios de prisioneros, pero, en paralelo, se han seguido produciendo detenciones utilizando a estas personas como elemento negociador. El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ha participado en un buen número de los citados procesos negociadores, el último a principios de este año con la detención de Maduro. Muchas personas han acudido a él y a su mediación, igual que a la del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y del reino de Qatar.
La amnistía general es una petición en la que ha repicado la oposición durante las últimas semanas con especial énfasis. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciaba la liberación de "un número significativo" de detenidos apenas cinco días después de la captura de Maduro, pero tanto la sociedad civil como la oposición tomaron como insuficiente el anuncio porque las excarcelaciones anunciadas por el régimen se presentaron como masivas, pero están siendo lentas y, en muchos casos, sin implicar libertades plenas. Tanto es así que la mayoría de los presos venezolanos liberados permanecen sometidos a medidas cautelares, con prohibición de salir del país o de hablar con la prensa. Solo los detenidos extranjeros han recuperado plenamente su libertad al regresar a sus países de origen.
No se conoce quiénes son los beneficiados
Por otra parte, la opacidad del proceso ha provocado que no exista información oficial que permita saber quiénes serán los beneficiados de la amnistía. Los familiares han exigido que se publiquen las listas, pero el oficialismo ha decidido no hacerlo hasta el momento y en algunos casos, las concesiones ni siquiera han supuesto la excarcelación, sino únicamente el acceso a visitas para detenidos que llevaban meses incomunicados.
La salida forzada de Maduro del poder abrió una ventana para que los familiares redoblaran la presión para que esta vez se realizaran esfuerzos más significativos de liberación. Desde hace semanas organizan vigilias y campamentos a las puertas de las cárceles y se han llegado a reactivar unas protestas que permanecían apagadas en los últimos meses, tras la intensificación de la persecución política. De hecho, hace unos días, dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela se encararon con la presidenta encargada por el tema. La presión interna para el Gobierno ha crecido en paralelo a la tutela efectiva de Washington sobre Caracas: las ONG implicadas en el asunto han confirmado que algo más de 300 personas han sido excarceladas en el último mes, pero aún quedarían entre 600 y 700 presos políticos, según distintas fuentes. Una cifra a la que habría que sumar cerca de 9.000 sometidas a medidas judiciales y un número indeterminado de exiliados por persecución política.
Por todo ello, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que reúne a familiares de detenidos en las protestas tras las elecciones de 2024, proceso en el que se estiman más de 2.000 arrestos, presentaron hace semana una propuesta de ley de amnistía para la que están recogiendo firmas. Las afectadas insistieron en la necesidad de buscar "salidas para permitir un procesamiento democrático de las diferencias". En concreto, este proceso podría ponerse en marcha dejando atrás los hechos que han derivado en los encarcelamientos por motivos políticos y permitiría incluir a todos, también a quienes se han visto forzados al exilio o a la clandestinidad, a diferencia de los indultos, que solo contemplan medidas individuales. La organización propone pasar página a 12 años de represión y fija como punto de partida de la amnistía el 1 de febrero de 2014, días antes de la primera gran manifestación contra el Gobierno de Maduro, recién estrenado entonces con apenas un año de antigüedad. La iniciativa se extiende, además, a activistas sociales, periodistas, integrantes de comités de víctimas, militares perseguidos y dirigentes políticos.
